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Indígenas en prisión, forzados a cambiar su cultura

El 80 % de esta población carcelaria se encuentra en calidad de condenada y el 20 % de sindicada; el 95 % es masculina y el 5 % femenina; y el 60 % de está entre los 26 y los 45 años, y se desconoce el término de la condena [1]; el mayor número de reclusos son de Cesar, Cauca, Boyacá y Meta.

Puedes leer: Cárceles, expansión de los umbrales de la muerte en Colombia.

Sin embargo la información estadística que permita caracterizar cualitativamente a la población indígena es escasa para saber, por ejemplo, a qué pueblo pertenecen o qué tan lejos está la cárcel de su territorio o sitio de arraigo, lo cual es un problema pues según la Corte Constitucional 39 pueblos indígenas están en riesgo de extinción física y cultural, es decir que cuentan con menos de 200 personas y su idioma y sus tradiciones ancestrales están a punto de desaparecer. La situación se agrava por el hacinamiento carcelario y los problemas estructurales de la cárcel, los cuales violan los derechos fundamentales y no respetan la Constitución.
 

El entendimiento intercultural significa la comprensión y el diálogo entre iguales, entre el Estado y los pueblos indígenas, antes que la imposición de una forma de ver el mundo o de resolver los problemas. En esa medida, el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, constituye el camino para alcanzar políticas públicas concertadas.
 

Tratamiento penitenciario con enfoque étnicamente diferenciado
 

Este tratamiento busca influir en la personalidad y la conducta de los reclusos, de manera que permita su resocialización; sin embargo ha resultado ineficaz, escaso o con poco seguimiento respecto a los reclusos de la sociedad mayoritaria, y tiene efectos más graves en relación con la población indígena.
 

Por un lado, la prisión aísla a los indígenas y los aleja de la posibilidad de retornar y reintegrarse a su comunidad, pues deben asumir reglas y costumbres de la sociedad mayoritaria. Por otro, puede impactar negativamente a la propia comunidad si se encuentra en riesgo de extinción o en la cohesión colectiva que podría generar la pérdida de uno de sus individuos.
 

Puedes escuchar: “El Inpec es una mafia y nadie se atreve a liquidarlo”.
 

La falta de contacto de los reclusos indígenas con sus familias, su territorio, sus ritos y costumbres o sus autoridades, puede generar graves conflictos individuales y comunitarios.


Es necesario escuchar las propuestas que sostienen la necesidad de fortalecer la jurisdicción especial indígena y el papel de las autoridades tradicionales para definir el tratamiento penitenciario según sus usos y costumbres. Estas, además de constituir una de las banderas organizativas del movimiento indígena expresadas en sus demandas de autonomía y gobierno propio, ya han sido abordadas por académicos y por el Gobierno al menos desde 2014.
 


[1] Esta información se basa en el derecho de petición que el Inpec resolvió al jurista Jacobo Díaz Blandón, de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), el 21 de octubre de 2019.

Centros de Armonización Indígena


Estos centros han sido iniciativas autónomas de los pueblos indígenas para ejercer su jurisdicción e imponer penas y medidas de seguridad según sus usos y costumbres. No se trata de cárceles, en la medida en que buscan reorientar verdaderamente la vida del individuo a través del ámbito espiritual y del contacto con su territorio y su familia. Por eso su estructura puede variar según la arquitectura de los sistemas de justicia propios.
 

Mientras en algunos pueblos de la Costa Atlántica la aplicación de justicia cuenta con un tribunal, en territorios como el Cauca es la Asamblea de Comuneros la que lo hace. Así mismo, aunque garantizan condiciones dignas para cumplir la pena, esto no significa la reclusión en cuatro paredes, sino vinculada a actividades comunitarias dentro del territorio.
 

Vistos desde afuera, podría decirse que estos centros tienen un enfoque de justicia restaurativa relacionada con el restablecimiento de los lazos sociales.


Tampoco se trata de una forma extraña sino arraigada en la tradición ancestral de los pueblos indígenas, y cuenta con reconocimiento constitucional.


En efecto, en varias de sus decisiones la Corte Constitucional ha establecido que los pueblos indígenas deben gozar de un máximo de autonomía jurisdiccional y de la preservación de la identidad cultural, como se plasma en la Sentencia T-218/15.
 

Además: Cadena perpetua, ¿una propuesta inconstitucional en Colombia?.


Esto significa que un indígena sometido a un proceso judicial ante la jurisdicción ordinaria o ante la jurisdicción especial indígena puede cumplir su pena en el territorio, no puede ser desterrado, tiene derecho a que su pena se pueda redimir o a que sea razonable y proporcionada, y a que sean las autoridades indígenas quienes la administren. Para todos estos efectos, y especialmente para que se abra la puerta a la resocialización étnicamente diferenciada (se preserve la integridad étnica y se logre la integración cultural), los Centros de Armonización Indígena constituyen herramientas útiles de entendimiento intercultural.
 

La pertinencia de las propuestas


Estas dos propuestas, que no agotan el universo de posibles soluciones pues los pueblos indígenas tienen otras más creativas para tomar en serio, son necesarias por cuanto contribuyen a materializar sus derechos al tiempo que aportan a mitigar la crisis carcelaria que afecta a la población mayoritaria.
 

Hace más de cinco años que el Estado ya lo había previsto, y mediante la Ley 1709/14 (art. 96) dotó al presidente de la República de facultades extraordinarias por seis meses para regular las condiciones de reclusión y resocialización de indígenas y afros privados de la libertad. Sin embargo, este plazo venció sin que se expidiera la normatividad respectiva y se lograra la concertación con los pueblos indígenas requerida.
 

Además, la Comisión de Seguimiento a la T-388 de 2013 en la respuesta a los informes que presenta el Gobierno nacional, ha remarcado la necesidad de incorporar estas propuestas en las políticas públicas como forma de asegurar los mínimos constitucionales previstos por la Corte Constitucional. Por ejemplo, la creación y financiación estatal de los Centros de Armonización Indígena permitiría mitigar el hacinamiento carcelario y ofrecer oportunidades dignas para el cumplimiento de la pena de los indígenas en prisión.
 

En 2020 se espera retomar el diálogo iniciado en 2014 entre el Estado y los pueblos indígenas para concertar las condiciones de reclusión y su resocialización. La apuesta consiste en caminar hacia un entendimiento intercultural que armonice los derechos individuales y colectivos.

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