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Incrementar las penas no es solución a la delincuencia juvenil

Según el docente Jonathan Simon, de la Universidad de Berkeley, “un manejo populista del derecho penal contribuye a que nos gobiernen a través del delito, ya que por obra del populismo punitivo la inseguridad se convierte en un arma de campaña electoral que promete soluciones expeditas y respuestas enérgicas contra los delincuentes”.

La sociología jurídica denomina el populismo punitivo como “creer (y hacer creer) que el incremento de las penas es la forma apropiada de enfrentar problemas sociales complejos, como la violencia contra los niños”.

En la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal “Luis Carlos Pérez” (Polcrymed) se abordan tres líneas de análisis que permiten identificar los discursos punitivistas, sus principales postulados y las circunstancias que se han ido configurando como planteamiento ideológico de seguridad pública, con desconocimiento de la realidad juvenil como un problema social de fondo que demanda políticas públicas más allá de la simple amenaza penal.

En un estudio reciente se muestra este fenómeno: de una parte, los medios se convierten en escenario de publicidad del delito y del miedo, y de otra, generan espacios de opinión desinformada

La primera línea de análisis está enfocada en el discurso mediático sobre el delito y la sanción pedagógica; en la segunda se analizan los planteamientos electorales sobre las conductas de los menores de edad; y en la tercera se contrastan con la realidad de los jóvenes en el sistema penal.

Desde el punto de vista de los discursos mediáticos, cíclicamente se observan en los medios de comunicación notas sobre la impunidad, la inseguridad y las medidas que se deben tomar frente a las conductas realizadas por los adolescentes. En un estudio reciente se muestra este fenómeno: de una parte, los medios se convierten en escenario de publicidad del delito y del miedo, y de otra, generan espacios de opinión desinformada.

Muestra de ello es la identificación de titulares e informes de prensa que evocan la sanción y el castigo para un sector que consideran inmune a la justicia penal o a la cárcel. A manera de ejemplo, justo antes de entrar en vigencia la ley que implementó la responsabilidad penal de los menores entre 14 y 18 años, reconocidos medios de comunicación titulaban: “Consumo de drogas directamente relacionado con delincuencia juvenil”, “Más de 500 pandillas azotan a las principales seis ciudades” o “Delincuencia juvenil es una bomba de tiempo”.

¿La única salida para los jóvenes es la cárcel?

En los últimos años los medios han hecho eco de las propuestas electorales relacionadas con la disminución de la minoría de edad penal; en estos casos se han reproducido de manera acrítica y textual los planteamientos políticos al respecto.

Dada la velocidad con la que se mueven los datos en los medios y las redes sociales, estos temas no han sido ajenos a la opinión pública, que termina apoyando la idea a partir de la opinión de “expertos” que reproducen opiniones falsas en las redes sociales en las que, por ejemplo, se dice que los adolescentes no son responsables penalmente.

Desde el punto de vista de las campañas electorales, el planteamiento sobre la sanción penal para los adolescentes no es un asunto nuevo, la demanda de punitivismo o de castigo ejemplar es un tema de antaño, que con los mismos postulados ha sido bandera proselitista para captar votantes.

En efecto, en el seguimiento de medios se ha observado una relación entre las noticias y los informes televisivos con las propuestas electorales. Para observar ese vínculo sirven dos ejemplos: la propuesta en 2010 de la fallecida senadora Gilma Jiménez, del Partido Verde, y la de Germán Vargas Lleras en dos oportunidades, una como ministro del Interior en 2011 y otra como candidato a la Presidencia para elecciones del presente año.

En las iniciativas, el debate se plantea a partir de políticas de seguridad y no de políticas sociales. Con imágenes, titulares emotivos y testimonios al calor de hechos sangrientos o de violencia aislados, se genera alarma pública y se promociona la cárcel como necesidad.

Al observar la exposición de motivos del proyecto de ley de 2010 y las propuestas actuales, se evidencian premisas en común, falacias argumentativas y confusión frente a las funciones de la pena para adultos y las sanciones de los adolescentes. Se busca equiparar la sanción pedagógica con las tradicionales funciones de la pena para los adultos, olvidando que el problema de fondo demanda mayor esfuerzo, y que los estándares internacionales de derechos humanos limitan dicha opción.

Con imágenes, titulares emotivos y testimonios al calor de hechos sangrientos o de violencia aislados, se genera alarma pública y se promociona la cárcel como necesidad

En estos proyectos se dice que los adolescentes cometen delitos graves como homicidios dolosos (intencionados), violencia sexual, hurtos agravados, extorsión y secuestros. También que la ley colombiana, por ser blanda, induce a que las bandas criminales usen adolescentes o sean caldo de cultivo para que estos organicen las propias. Según este punto de vista, los adolescentes no responden por sus delitos graves, quedan en la impunidad y las víctimas no tienen derecho a la justicia y la reparación; como consecuencia, se ha propuesto disminuir la edad penal a los 12 años.

Delito politizado

En el ámbito de los estudios criminológicos contemporáneos, los planteamientos expresados siguen la misma línea del punitivismo de los últimos años en América Latina, el mismo que tiene hacinadas las cárceles de adultos como depósitos de personas en condiciones inhumanas. Se trata de respuestas coyunturales e irracionales en las que se politizan el delito y la pena como una mercancía con fines electorales. Los políticos compiten por ser duros con el delito, instalan una agenda neoconservadora y ganan publicidad.

Al observar las estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), no es del todo claro que los índices de violencia provocada por los adolescentes sean más altos.

Lo que no se observa, por parte de quienes proponen estas formas de populismo penal, es que la solución alternativa a las dificultades que plantea la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal está en las diversas formas de resolver conflictos sociales.

Al observar las estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), no es del todo claro que los índices de violencia provocada por los adolescentes sean más altos; tampoco que estos cometan delitos más graves, y mucho menos que la sanción no sea dura o ejemplar, de hecho en algunos casos resulta tanto o más cruel que la de adultos por el uso de celdas de aislamiento, ejercicio físico, no redención de la sanción, retención y lectura de correspondencia, restricción total de la libertad sexual y el uso de antiguas prisiones de adultos, en otros.

El legislador, los jueces, los fiscales y quienes hacen política pública deben profundizar en alternativas como la justicia restaurativa y la solución de conflictos sin imponer la sanción como sinónimo de justicia. En los casos que están relacionados con consumo de estupefacientes, incorporar opciones que no contemplen la privación de la libertad, que ayuden al adolescente a superar los problemas de consumo más allá de la conducta punible ejecutada.

Finalmente, los caminos que es necesario recorrer para transformar la penalidad en el sistema penal juvenil está en las elecciones sociales, económicas y culturales y no en la pena como solución mágica a todos los problemas.

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