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Inclusión financiera va más allá del cuatro por mil

A comienzos de agosto, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) propuso modificar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como 4 x 1.000, que se recauda de dichos movimientos, para que se cobre solo a las personas que compren productos o paguen servicios en efectivo. El año pasado el Estado recaudó 7,3 billones de pesos del GMF.

Según el gremio de los banqueros del país, la medida ayudaría a disminuir el uso del efectivo e impulsaría la inclusión financiera, ya que sería menos costoso tener una cuenta débito en un banco que utilizar el dinero en efectivo.

Aunque seguramente la propuesta contribuiría a disminuir operaciones subrepticias (blanqueo de capitales, por ejemplo), a generar mayor seguridad en el manejo del dinero o a dinamizar un poco la economía, los bancos serán los más favorecidos. Esto por cuanto más personas podrán realizar un mayor volumen de operaciones sin los costos del 4 x 1.000, lo que les permitirá a estas entidades aumentar recursos muy baratos, los que colocarán a unas tasas muy rentables para ellos, generando mayores utilidades.

A cambio los bancos no proponen una contraprestación social, que en muy poco afectará sus gigantes ganancias, como por ejemplo disminuir en algo los intereses, eliminar los costos por manejo de cuentas u ofrecer líneas más cómodas para la pequeña y mediana empresa.

A finales de 2017 el mercado de los establecimientos de crédito estaba conformado por 25 entidades financieras, entre las cuales se destacan por su nivel de ingresos: Bancolombia, Itaú, bbva, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente y AV Villas, estas cuatro últimas del Grupo aval.

Con base en información de la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) se pudo observar (ver gráfico 1) que el año pasado el ingreso total de los establecimientos de crédito ascendió a 114,4 billones de pesos, del cual el 29 % fue producido por Bancolombia, seguido del Grupo aval con 26 %, Itaú con 14 % y Davivienda con 13 %, es decir que solo entre ellos tenían el 82 % de todos los ingresos del sector.

Sobre tales datos se calculó el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), el cual se utiliza para medir la concentración del mercado, ya que tiene en cuenta tanto el número de competidores como su participación relativa en este. Para los establecimientos de crédito el índice fue de 1.895, que corresponde a un nivel alto de concentración, que implica oligopolio.

De igual manera, al examinar la solvencia a largo plazo –cobertura del activo total por capitales propios (Patrimonio / Activo)– de las cuatro organizaciones bancarias mencionadas, se observa que Bancolombia tiene un indicador de solvencia del 14,6 %, el Grupo aval de 14,09 %, Davivienda del 12,1 % e Itaú del 11,7 %. Así, se demuestra que estos establecimientos bancarios se financian casi por completo con los depósitos de sus ahorradores, a un costo muy bajo.

A cambio los bancos no proponen una contraprestación social, que en muy poco afectará sus gigantes ganancias, como por ejemplo disminuir en algo los intereses, eliminar los costos por manejo de cuentas u ofrecer líneas más cómodas para la pequeña y mediana empresa.

Así mismo, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de estas firmas fue envidiable por cualquier negocio, pues se observa que Davivienda tuvo un 36,5 %, seguido de Bancolombia con el 22,6 % y el Grupo aval con el 19,3 %.

Ahora bien, al analizar la relación ingresos por intereses frente a los costos por intereses, dichas entidades bancarias muestran indicadores superiores al 100 %, es decir que el costo de recibir esos ingresos es muy bajo. Davivienda presenta una ratio del 300,5 %, Bancolombia del 296,6 %, el Grupo aval del 231,4 % e Itaú del 178,0 %, o sea que el costo de operación es recuperado hasta tres veces, lo que demuestra que las tasas de los créditos en Colombia son muy altas.

Barreras bancarias para el ciudadano común

Los bancos y sus gremios se refieren mucho a la inclusión financiera, los medios de comunicación hacen su parte y difunden todo lo que estos quieren mostrar en lo relacionado con la colocación de sus productos, sobre todo lo que compete a la captación de ahorros –muy barata para ellos–, pero lo verdaderamente importante, tanto que está plasmado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 335, es que el Estado promoverá la democratización del crédito.

No se refieren a este importante apartando de la Carta Política porque no cumplen su papel, tampoco lo cumple el Estado, pues este solo permite que los bancos –que representan el negocio más rentable del país– se dediquen a prestar servicios crediticios a aquellos con una solvencia importante, con bajo riesgo y excelente rentabilidad; son muy cómodos, no buscan alternativas para los menos favorecidos.

La alternativa que dan los bancos a los menos favorecidos es el microcrédito, pero ponen unas tasas muy altas que dificultan el acceso a este, tanto, que según la Superfinanciera en 2017 la participación de este tipo de créditos no supera el 2,8 % del total de créditos; la participación de los grandes bancos tradicionales en esa modalidad de crédito fue solo del 19 %.

Las barreras bancarias son la causa por la cual Colombia es uno de los países con menor democratización del crédito (Cartera Bancaria/PIB). Según cifras del Banco Mundial para 2016, este indicador en el país fue solo del 47,5 %, mientras que en Chile era del 110,8 %, en Bolivia del 64 %, el promedio del mundo 128,9 % y Estados Unidos 192,2 % (ver gráfico 2).

Tal situación no contribuye a dinamizar la economía, a resolver en parte los problemas de inequidad, ni a generar empleo; los bancos deben cumplir una misión más social, de hecho pueden seguir siendo muy rentables, pero también deben ser un poco más innovadores para cumplir en parte dicha función que deben contemplar todas las organizaciones.

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