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Incertidumbre electoral en una España volátil

Desde 1977 en España se han celebrado 13 elecciones generales legislativas, 10 municipales y 7 al Parlamento Europeo. Además, entre 9 y 12 autonómicas en sus 17 comunidades autónomas, con un autogobierno equiparable a Estados formalmente federales como Alemania, con amplias competencias fiscales, educativas y sanitarias. Según el Índice de democracia2018, de The Economist, España es una democracia plena, por delante de países como Francia o Bélgica.

Hasta 2015 el sistema español se caracterizó por la sucesión de gobiernos relativamente largos y estables de un solo partido, bien fuera del PSOE (centro-izquierda, 1982-1996; 2004-2011), o del PP (centro-derecha, 1996-2004; 2011-2015), frecuentemente necesitados del apoyo parlamentario –minoritario pero decisivo– de partidos nacionalistas vascos y catalanes, es decir partidarios de aumentar el autogobierno de tales comunidades autónomas.

A cambio de tal apoyo, los nacionalistas fueron obteniendo concesiones en sus respectivas comunidades autónomas, gobernadas por los partidos nacionalistas. En Cataluña, por ejemplo, gobernó el carismático líder nacionalista conservador Jordi Pujol desde 1980 hasta 2003.

Pujol combinó una pragmática habilidad negociadora con duras políticas locales de lucha cultural nacionalista (convirtiendo el nacionalismo en hegemónico en ámbitos como el educativo o el asociacionismo civil). Entre 2003 y 2010, gobiernos de coalición con socialistas y nacionalistas de izquierda impulsaron la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía que incrementaba el autogobierno de Cataluña hasta puntos muy cercanos al de un Estado independiente. El Tribunal Constitucional declaró nulos los artículos más nacionalistas del texto estatutario.

La volatilidad del comportamiento electoral español en los últimos cinco años hace que resulte muy difícil hacer una previsión de los resultados. Los medios de comunicación, frecuentemente con un sesgo partidista, publican encuestas preelectorales poco creíbles.

En paralelo, tanto el Gobierno nacional como los gobiernos autonómicos y locales, en el contexto de la crisis económica mundial, desplegaron políticas de recortes sociales que generaron un amplio descontento social. En el caso catalán, el sucesor de Pujol, Artur Mas, después de haber ganado las elecciones de 2010 y de poner en marcha también una política de recortes sociales, supo aunar el descontento tanto por el fracaso del nuevo estatuto como por los recortes (presentándolos como consecuencia de que Cataluña careciera de un Estado propio). Mas abanderó la causa independentista y convocó a un pseudo-referéndum de independencia en 2014, con más carga simbólica que legal, que se celebró a pesar de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional.

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El incremento de la presión nacionalista, junto a las tensiones sociales provocadas por los recortes y los casos de corrupción política, condujeron a un nuevo escenario político en España.

Desde las elecciones generales de diciembre de 2015 el bipartidismo tradicional está siendo aparentemente sustituido por un multipartidismo altamente volátil. Los dos partidos tradicionales han ido perdiendo votos y escaños, sin dejar de ser los vencedores.

Los dos nuevos actores principales son Podemos y Ciudadanos. El primero, un partido surgido de una combinación del movimiento social de los indignados y del liderazgo de Pablo Iglesias. El segundo nació en Barcelona en 2006 como instrumento de rechazo a la hegemonía nacionalista en la vida política e institucional catalana. Podemos se presenta como el partido que hace frente a la corrupción política del PSOE, y sobre todo del PP. Ciudadanos se presenta como el partido que denuncia las cesiones de los gobiernos del PP y del PSOE a las demandas nacionalistas.

El conflicto catalán

En septiembre de 2015, aunque los partidos independentistas no llegaron al 48 % de votos en las elecciones autonómicas catalanas, sí obtuvieron una mayoría parlamentaria, en la cual se apoyaron para convocar un referéndum de independencia, saltándose la legalidad constitucional y estatutaria vigente.

Los miembros del Gobierno autonómico afrontaron la situación con una ambigüedad calculada: previendo la posibilidad de ser procesados, declaraban oficialmente que harían lo posible por cumplir las órdenes judiciales que prohibían el referéndum, pero en la práctica filtraban instrucciones extraoficiales a través de organizaciones independentistas acerca de cómo debían proceder los activistas para conseguir que se celebrara el referéndum, por ejemplo sugiriendo que los lugares de votación –habitualmente colegios– se mantuvieran ocupados con niños y familias enteras desde el fin de las clases del viernes 29 de septiembre hasta el comienzo del referéndum el domingo 1 de octubre de 2017, para evitar la ejecución de las órdenes judiciales de precintar los lugares previstos para la votación.

El incremento de la presión nacionalista, junto a las tensiones sociales provocadas por los recortes y los casos de corrupción política, condujeron a un nuevo escenario político en España.

La Policía dependiente del Gobierno autonómico actuó más como supervisora del referéndum que con intención real de evitarlo. La Policía dependiente del Gobierno central, mal dirigida, hizo varios intentos para ejecutar las órdenes judiciales de impedir el referéndum. Los activistas organizaron acciones de bloqueo masivas destinadas a impedir el acceso de la Policía a los recintos de votación. En algunos lugares se produjeron desalojos forzados. Imágenes de estas acciones policiales convirtieron a Cataluña en la primera plana de todo el mundo.

Los nacionalistas consiguieron entonces una de sus grandes aspiraciones: la internacionalización del conflicto. Pocos días después el presidente del Gobierno autonómico declaró la República de Cataluña y suspendió tal declaración en el mismo discurso. El Gobierno central –cumpliendo con los requisitos constitucionales establecidos y con un consenso amplio del PP, del PSOE y de Ciudadanos– suspendió la autonomía durante unas semanas, hasta que se celebraron unas nuevas elecciones autonómicas, en diciembre del mismo 2017.

La debilidad parlamentaria de Mariano Rajoy (solo 137 diputados del PP sobre un total de 350), junto con la resonancia mediática de sentencias judiciales en las que se daba por demostrada la participación del PP en casos de corrupción, le permitieron a Pedro Sánchez obtener la Presidencia del Gobierno mediante una moción de censura en junio de 2018, a pesar de que el PSOE contaba con solo 85 diputados. Para ello Sánchez necesitó el apoyo de Podemos y de los partidos nacionalistas. Pero, sea por unas inaceptables exigencias negociadoras de los nacionalistas, o por las presiones de dirigentes del propio PSOE, Sánchez ha optado por convocar elecciones anticipadas para el próximo 28 de abril.

Vox, ¿nuevo actor electoral?

La volatilidad del comportamiento electoral español en los últimos cinco años hace que resulte muy difícil hacer una previsión de los resultados. Los medios de comunicación, frecuentemente con un sesgo partidista, publican encuestas preelectorales poco creíbles.

Las previsiones de organismos oficiales también han perdido gran parte de su tradicional credibilidad después de fallar estrepitosamente en las elecciones autonómicas andaluzas del pasado 2 de diciembre. La principal sorpresa de tales elecciones fue la irrupción de un partido hasta entonces marginal, Vox, con un 10 % de los votos y 12 escaños, decisivos al apoyar un gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en Andalucía, donde el PSOE había gobernado ininterrumpidamente desde 1980.

Vox es el único partido político que está ejerciendo la acusación particular en el actual proceso judicial contra varios dirigentes del independentismo catalán. Eso y su posición antiinmigración son, probablemente, las claves de su reciente éxito en Andalucía. Si será capaz de tener una presencia significativa en el Parlamento español, está por verse.

El 26 de mayo las elecciones locales, europeas y autonómicas en 13 de las 17 comunidades autónomas serán seguramente una especie de “segunda vuelta”, al menos desde la perspectiva de la psicología del votante corriente, por lo que todo lo que las encuestas actuales digan acerca de ellas es irrelevante comparado con la influencia que tendrá el resultado de las generales de abril.

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