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Implementación del Acuerdo de Paz, entre “fuego amigo” e incumplimientos

En el proceso de terminación de un conflicto armado se dan tres momentos diferenciados: el de los acercamientos iniciales o prenegociación, la negociación propiamente dicha y la implementación de lo acordado.

 

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El inicio del periodo del posacuerdo en Colombia ratifica lo que se ha evidenciado en otros procesos de terminación del conflicto armado: es mucho más complejo implementar el Acuerdo Final de Paz, una vez firmado, que el ejercicio de construir y desarrollar lo acordado.

 

Lo anterior, por cuanto implica para los excombatientes enfrentarse a la realidad de hacer el tránsito de su condición de miembros de un grupo alzado en armas a iniciar la construcción de sus proyectos de reincorporación en el ámbito político, social y económico. Por eso es frecuente, aunque por diversas razones, en casi todos los conflictos armados en el mundo, y así ha sido la experiencia nuestra anterior, el surgimiento de disidencias. Esto sucedió con la desmovilización de las guerrillas liberales de mediados del siglo XX, con el M-19, el EPL, y también lo ha sido con las farc. Por supuesto se trata de un hecho que incide negativamente en la implementación desde perspectivas políticas o de seguridad, entre otras.

 

En ese sentido, el anuncio de un grupo de disidentes de las antiguas FARC –liderado por Iván Márquez, Jesús Santrich y Hernán Darío Velásquez alias “el Paisa”– de retomar las armas, con el argumento de los incumplimientos por parte del Gobierno, es a todas luces una decisión equivocada; no solo no honraron el Acuerdo que ellos mismos ayudaron a construir, sino que se sitúan en una perspectiva histórica superada por las luchas sociales y políticas contemporáneas, que justamente no consideran de ninguna manera aceptable que se invoque el uso de la violencia para obtener reivindicaciones políticas o sociales.

 

Así mismo es bueno recordar que quien desencadenó esto fue el sobrino de Iván Márquez cuando apareció como testigo protegido de la agencia norteamericana dea, lo que lo llevó a dejar su rol en la legalidad y en la Dirección del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

 

Además, esta desafortunada decisión termina convirtiéndose en “fuego amigo” para el posacuerdo, en la medida en que contribuye a darles argumentos a los sectores adversos a la paz para que justifiquen, aún más, sus andanadas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y demás instituciones que se crearon como resultado del proceso de paz y que se selló con una histórica firma en el Teatro Colón. Con o sin intención, la conformación de dicho grupo disidente está contribuyendo a darle “munición” a los adversarios del proceso de paz.

 

No todo es negativo

 

Con la equivocada decisión de aquel grupo disidente de las FARC se está desconociendo que la mayoría de los excombatientes están justamente construyendo su futuro dentro de la legalidad, con dificultades, sí, pero con la convicción de resurgir como ciudadanos en democracia y al margen de las actividades violentas, y también están tratando de consolidar su partido político. Tanto los dirigentes como las bases del partido FARC deben contar con la solidaridad de todos los sectores nacionales que apoyan la terminación de la relación entre política y armas.

 

Por supuesto que hay incumplimientos por parte del Estado, pero se trata justamente de utilizar los mecanismos propios de la democracia, la lucha social y política, y las vías legales para hacer que se cumpla y no creer que esto se logrará mediante el chantaje con un fusil en la cabeza de la sociedad colombiana.

 

Los incumplimientos del Estado –algunos del Congreso de la República y otros de los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque– se deben denunciar sin perder la perspectiva de temporalidad a 15 años de la implementación del Acuerdo, tal y como se estableció en el Plan Marco de Implementación. Es decir, este periodo cubrirá tres gobiernos, adicionales al que firmó el Acuerdo, y apenas está transcurriendo el primero.

 

Además: “El gobierno estimuló la aparición de las disidencias”

 

En el periodo transcurrido no se pueden desconocer los aspectos positivos ya en marcha, entre los que se cuentan:
 

  • el Estatuto de la Oposición, vigente desde el 20 de julio de 2018;
  • la creación en 2017 del partido FARC con sus curules en Cámara de Representantes y Senado;
  • el inicio en julio del presente año del programa piloto de implementación del Catastro Multipropósito, a través del cual se busca que de aquí a 2025 el país actualice todo su directorio de tierras (en la actualidad solo lo está el 5,6 % del territorio), un tema sensible si se tiene en cuenta que ayudaría a resolver el problema de propiedad de la tierra en Colombia, que es el telón de fondo del conflicto;
  • la formulación de todos los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), contemplados en el primer punto del Acuerdo: el de la Reforma Rural Integral;
  • los programas de sustitución voluntaria de cultivos de coca y de desarrollo alternativo;
  • los múltiples proyectos productivos, de turismo y de transformación y comercialización que han puesto en marcha los excombatientes con apoyo de la cooperación internacional y del Gobierno;
  • la creación de las primeras emisoras comunitarias como parte del Acuerdo.

 

Por supuesto hay pendientes muy importantes:
 

  • las 16 curules en la Cámara de Representantes para las regiones pdet que fueron las más azotadas por el conflicto armado, negadas por el Congreso y que están en discusión en el Consejo de Estado. Es importante anotar que si no se tiene una respuesta positiva, se debe presentar de nuevo el acto legislativo en 2020;
  • la reforma política electoral que también fue negada en el Congreso y que había sido inicialmente producto de la Misión Electoral Especial; y
  • varios aspectos relacionados con el punto uno del Acuerdo, Reforma Rural Integral.

 

Sin embargo, aunque el panorama descrito parezca desalentador, lo cierto es que para ir apenas en el tercer año de implementación el balance no es totalmente negativo; más bien es “variopinto”, a pesar de contar con un sector de fuerzas políticas dedicadas a hacer proselitismo permanente contra lo acordado y que no parecen resignarse a vivir sin una situación de confrontación armada.
 

Afortunadamente hay un sector de las fuerzas políticas que sigue defendiendo el Acuerdo en el Congreso y un importante y amplio sector de la sociedad colombiana dispuesto a movilizarse a favor de consolidar la “paz imperfecta” que nos regaló el Acuerdo con las FARC.

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