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¿Igualdad o meritocracia en la educación superior en Colombia?

En los análisis políticos, sociales y económicos recientes la desigualdad se ha reconocido como una problemática central. En el marco de estas discusiones se ha vuelto común afirmar que en las sociedades contemporáneas la desigualdad aumenta y que no es evidente la efectividad de las herramientas de las que disponen los Gobiernos para contener dicho aumento y reducir las brechas existentes. Sin embargo ha persistido la idea según la cual existe una herramienta capaz de superar dichas situaciones de desigualdad: la educación, a la que se le ha conferido un atributo igualador capaz de neutralizar las diferencias de clase, pertenencia étnica, sexo y talentos que condicionan a las personas ¿Esta premisa resulta cierta en la educación superior en Colombia? ¿Las políticas gubernamentales basadas en la idea del mérito individual son la mejor alternativa para superar dichas desigualdades?

Los cinco rostros de la desigualdad en la educación superior[1]

En Colombia las personas más jóvenes y sin discapacidad permanente, que no pertenecen a ninguna minoría étnica, con un nivel socioeconómico superior, provenientes de entornos regionales más ricos y educadas según las coordenadas de la cultura y del conocimiento Occidental, poseen una mayor probabilidad de ingreso, permanencia y logro educativo en la educación superior. Las demás se ven excluidas del sistema o son sometidas a un proceso de inclusión segmentado y jerárquico, reproductor de brechas y privilegios sociales. Algunos datos:

  1. En Colombia el nivel educativo máximo y el tipo de educación recibida por parte de la población está fuertemente correlacionado con su estrato socioeconómico, pues mientras el 89 % de las personas de estrato 1 y 2 reportan un nivel educativo máximo de bachillerato, el 62 % de las personas de estratos 5 y 6 dicen tener un nivel educativo máximo universitario. Esto resulta aún más problemático si se tiene en cuenta el alto grado de inmovilidad social existente, pues la probabilidad de que los hijos reproduzcan el mismo nivel educativo de los padres se ubica entre el 70 y el 80%. De otra parte, los jóvenes pertenecientes al quintil 5 de la población (los más ricos) gozan de niveles de cobertura diez veces más altos que los pertenecientes al quintil 1 (los más pobres).
  2. Aunque en educación superior las mujeres reportan una tasa de cobertura similar a la de los hombres, y que las tasas de deserción que las afectan son menores, las relaciones de género desfavorables se siguen reproduciendo tanto en el sistema de educación superior (en términos de su ingreso a carreras “tradicionalmente femeninas”) como en los estudios posgraduales. En efecto, las mujeres representan el 45 % de los egresados de maestría y solo el 30 % de quienes culminan un doctorado.
  3. En cuanto a la pertenencia étnica, solo el 7,4 % de los adultos indígenas asiste a una institución de educación superior; en los afrocolombianos el porcentaje es del 20 %, mientras que en el caso de los jóvenes sin pertenencia étnica un 35 % asiste a un programa de educación superior.
  4. Esta situación es peor si se tiene en cuenta que el conjunto de jóvenes que no pueden continuar su formación académica en educación superior ni ingresar al mercado laboral (jóvenes “nini”, que ni estudian ni trabajan) es mucho mayor en las poblaciones afrodescendientes e indígenas. En efecto, un 30 % de los jóvenes afrocolombianos nacionales no se dedica a trabajar, a buscar trabajo o a estudiar, mientras la cifra para los pueblos indígenas se eleva a 42 %. En contraste, un 23 % de la población joven autodefinida como “sin pertenencia étnica” está en inactividad. En este punto también inciden las brechas espaciales que separan las zonas rurales de las urbanas, pues al observar solo la zona rural, el indicador “nini” se eleva a 46 % para los indígenas, 42 % para los afrocolombianos y 40 % para los restantes, aunque se debe resaltar que 75 % de la población joven indígena y 25 % de los afrocolombianos se encuentran en estas zonas, contra una quinta parte para el resto no étnico.
  5. De la población que reporta tener algún tipo de discapacidad permanente solo el 2,3 % tiene algún nivel en educación superior, ya sea técnica, tecnológica o profesional; solo el 1 % ha culminado sus estudios superiores y el 0,1 % ha cursado posgrados.

En Colombia el sistema de educación superior presenta cinco rostros de la desigualdad: es clasista, patriarcal, racista y además margina tanto a los sectores provenientes del sector rural como a aquellas personas que reportan algún tipo de discapacidad permanente ¿Qué hacer?

El engaño de la meritocracia y la necesidad de nuevos horizontes

En este contexto han surgido argumentos que consideran que el mérito individual resulta suficiente para vencer las desigualdades mencionadas. Los “pilos” pueden, con la ayuda de un crédito educativo focalizado, vencer dichas barreras. Así, se asume que el mérito individual es el que determina el acceso, la permanencia y la culminación de los estudios en la educación superior. La meritocracia (basada en los talentos, el esfuerzo y la responsabilidad individual) sustituye la idea de la educación como un bien que se debe garantizar a toda persona simplemente por el hecho de ser humano.

Ingenuamente se piensa que el mérito individual es suficiente para superar las relaciones de clase, género, pertenencia étnica, origen regional y discapacidad que estructuran la educación superior del país: ¿cómo podrían competir equitativamente las personas desaventajadas socioeconómicamente, las mujeres, las minorías étnicas, los estudiantes prevenientes de entornos rurales o las personas que reportan alguna discapacidad cuando reciben una educación básica y media de menor calidad, pueden no estar formadas según los modelos del conocimiento Occidental o poseen habilidades diferentes que se ven castigadas por pruebas estandarizadas y umbrales cada vez más exigentes? Si la naturaleza distribuye desigualmente los talentos (algunos individuos nacen “pilos” y otros no), ¿a las personas menos afortunadas en la lotería natural se les debería negar el acceso a la educación superior? Más aún: ¿constituiría un verdadero mérito nacer comparativamente “más pilo”?

La idea del mérito individual como mecanismo igualador resulta ser, por lo tanto, un engaño. Superar esta falsa idea implica, más bien, avanzar hacia sistemas educativos que garanticen la progresividad y sostenibilidad en el acceso universal (por el simple hecho de ser humano), incondicional (sin más condiciones que haber terminado la educación secundaria)e individual (para cada joven) a la educación superior.

Esto en un contexto en el que se asegure el poder adquisitivo de las inversiones y la posibilidad de fortalecer el sistema en situaciones de auge económico o incrementar el bienestar en situaciones de dificultades económicas. Sobre estas bases se podría edificar una alternativa de financiamiento capaz de contrarrestar las desigualdades de clase, género, pertenencia étnica, origen regional y discapacidad que se reproducen en el sistema de educación superior en Colombia. ¿Estos deberían ser los horizontes de una reforma a las premisas financieras de la Ley 30 de 1992 (Ley de Educación Superior)?

 

 

 


[1] Un análisis detallado de las desigualdades en la educación superior del país se presenta en: Mora, Andrés Felipe (2016). La seudorrevolución educativa. Desigualdades, capitalismo y control en la educación superior en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.


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