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Honduras: una radiografía de la crisis actual

De este país centroamericano se ha hablado mucho en los últimos años, porque además del golpe de Estado en 2009, está en los primeros lugares como un país violento, corrupto y propicio al narcotráfico; por dar paso en 2017 a una reelección presidencial prohibida por la Constitución de la República e institucionalizada mediante elecciones fraudulentas denunciadas y reconocidas nacional e internacionalmente.

Además por protagonizar masivas y constantes movilizaciones sociales plurales como muestra de resistencia e indignación a todo ello, y en los últimos meses por encabezar las caravanas masivas de migrantes hacia los Estados Unidos.

En las últimas semanas el país ha vuelto a ser objeto de atención internacional debido a las denuncias en medios de comunicación en las que se sugiere que el presidente de la República (2014-2018 y 2018-2022), Juan Orlando Hernández, habría financiado su campaña con dineros del narcotráfico. Esto se supo durante el juicio que se lleva a cabo en la Fiscalía de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de su hermano Antonio “Tony” Hernández.

En este proceso también se encuentran involucrados Porfirio Lobo (2010-2014) –expresidente de su mismo partido– y altos funcionarios de su Gobierno, en lo que ha sido definido como una “conspiración para aprovechar el tráfico de drogas para mantener y mejorar su poder político”, alegando que usaron 1,5 millones de dólares en ganancias de drogas para ayudar a elegirlo en 2013. El documento publicado se refiere al presidente hondureño como CC-4, es decir coconspirador 4, “elegido presidente de Honduras a fines de 2013”.

La contradicción internacional

El escándalo adquiere dimensión internacional porque Hernández ha sido considerado por Estados Unidos como un importante aliado para combatir las drogas, lo que sirvió para apoyarlo en la reelección a pesar de las denuncias por inconstitucionalidad y fraude.

Uno de los puntos es que Hernández se ha enfocado en mostrar el combate al narcotráfico como el eje central de su administración durante sus dos periodos presidenciales, y para ello involucró a los militares en tareas de seguridad, aumentó sustancialmente el presupuesto de seguridad y defensa, y creó una tasa de seguridad cuyo uso está protegido por la “Ley de Secretos”.

Además logró bajar la tasa de homicidios procedentes del narcotráfico, pero se desentendió de los asesinatos, la extorsión, el sicariato y otros delitos que han agravado la situación de inseguridad en el país y se han convertido en uno de los más fuertes factores de expulsión de migrantes hacia los Estados Unidos.

El señalamiento internacional por corrupción electoral hacia el presidente se suma a las denuncias nacionales de involucramiento por utilizar dinero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para los mismos fines, situación que fue aceptada públicamente por él, alegando ignorancia y ofreciendo devolverlo.

No todo es corrupción

Este escándalo y la gravedad de las acusaciones dieron lugar en 2015 al “movimiento de indignados” o “movimiento de las antorchas” que se tomó las calles una y otra vez y potenció el grito de ¡Fuera JOH! en alusión a las iniciales del nombre del presidente.

Pese a la fuerza de la protesta, el presidente no fue investigado ni procesado por corrupción, lo cual se explica por su control directo del Sistema de Justicia (Corte Suprema y Ministerio Público) a cuyos titulares contribuyó a elegir en el Congreso Nacional, asegurando de esa manera su incondicionalidad y el fortalecimiento de la impunidad en el país.

La crisis se produce en un contexto lleno de denuncias de corrupción en contra de muchos diputados del Congreso Nacional, funcionarios de algunas Secretarías de Estado, e incluso contra la esposa del anterior presidente de la república, Porfirio Lobo, quien también ha sido señalado en el documento de la Fiscalía en el Distrito Sur de Nueva York.

Estas denuncias y posterior procesamiento provienen de la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) que se organizó con el apoyo de la OEA para enfrentar el auge de la corrupción denunciado por el movimiento de indignados en 2015, cuya permanencia en Honduras peligra por el blindaje de los corruptos que se oponen a que siga investigándolos y denunciándolos.

Pero no todo es corrupción: ese contexto complejo y caótico también se caracteriza por la constitución de la Plataforma por la Salud y la Educación, instancia que aglutina a maestros de educación media, médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud que desde hace varias semanas se mantienen en movilización, paros, plantones y tomas de carreteras, quienes exigen un verdadero plan de abordaje de la salud y la educación, que adolecen del presupuesto necesario y la debida atención estatal por el desbalance presupuestario a favor de los rubros de seguridad y defensa.

Esta Plataforma, lejos de debilitarse, se ha fortalecido con el apoyo de los estudiantes y otros sectores sociales que han ampliado sus demandas hasta llegar a plantear la salida del gobernante: ¡Fuera JOH! se ha convertido en una petición que recorre estadios, conciertos, manifestaciones, graduaciones, plantones y que motiva a la gente a salir a las calles a pedir la salida del presidente.

Hernández, además de lo indicado, es acusado de promover la más sangrienta represión de la protesta social con el uso y abuso de bombas lacrimógenas elevando la violación de los derechos humanos y la inseguridad de sus defensores, la libertad de expresión y la inseguridad de los periodistas a un punto sumamente crítico.

Honduras ha experimentado una agitación política y social creciente desde el golpe de Estado de 2009, evidenciándose como una crisis no resuelta que ha puesto en el banquillo al Estado de derecho, la institucionalidad estatal, y los sistemas de partidos, electoral y político. A esto se suma el auge de la delincuencia menor y mayor, el narcotráfico, la desintegración del sistema de partidos por corrupción, narcotráfico y manipulación político-partidaria de las instituciones.

El señalamiento al presidente hondureño en las Cortes de Estados Unidos y la forma en que se extiende la exigencia interna de su salida plantea dos interrogantes centrales: ¿seguirá manteniendo Estados Unidos su apoyo a Hernández cuando se acercan las elecciones de ese país y se va conformando un cuestionamiento creciente a ese apoyo desde la misma Cámara de Representantes allí? ¿Podrá la sociedad hondureña continuar consolidando una oposición social y política que debilite el poderío interno del presidente y aproveche el debilitamiento internacional de su imagen para darle el “tiro de gracia” que todos estamos esperando?

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