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Hidroituango: ¿llegó la hora de la transición energética en Colombia?

La matriz eléctrica del país es fundamentalmente hídrica, con cerca de un 80 % de la capacidad total instalada, mientras el resto lo constituyen plantas térmicas a carbón, a gas natural y a líquidos (derivados del petróleo). Aunque esta composición se basa en gran medida en energía renovable (hídrica) también contiene un importante componente de líquidos (diésel) que son altamente contaminantes y de un costo mucho mayor que cualquier otra fuente convencional o no convencional como la eólica o la solar fotovoltaica (que permite convertir la luz en electricidad).

La pregunta es si la matriz eléctrica actual es sostenible y cómo es su relación con el cambio climático y los compromisos colombianos a nivel internacional (COP21) de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Usar líquidos en la generación eléctrica además de ser contaminante es demasiado costoso y no se comprende en un país que cuenta con abundantes recursos más económicos y limpios. 

Las emisiones de CO2 con el uso de hidroeléctricas no son tantas comparadas con las de otros sectores de la economía como el agropecuario o el transporte. Salvo por la producción de etano de los embalses, éstas no emiten GEI. Las térmicas, en cambio, producen emisiones y debido al esquema del sector generan energía solo en épocas de escasez del recurso hídrico (Fenómeno del Niño que ocurre cada 4 o 5 años).

Sin embargo usar líquidos en la generación eléctrica además de ser contaminante es demasiado costoso y no se comprende en un país que cuenta con abundantes recursos más económicos y limpios (pequeñas centrales hidroeléctricas, biomasa, eólica, solar, geotermia).

Por otra parte, uno de los efectos del cambio climático es la afectación del régimen de lluvias que crea incertidumbre en la generación de las plantas hidroeléctricas, lo cual reduce la confiabilidad del sistema y encarece los costos de la energía.

Si a esto se suman los fuertes impactos ambientales y socioeconómicos regionales de los proyectos hidroeléctricos como los de la tragedia de Hidroituango, se puede concluir que la composición del parque generador no es sostenible y, por tanto, se debe cambiar.

Giro hacia fuentes renovables no convencionales 

Hacer este cambio plantea la necesidad de sustituir las plantas que utilizan diésel y gas natural -combustible escaso que se importa para la generación eléctrica-, por otras que utilicen fuentes renovables no convencionales. Este debería ser el primer paso hacia una transición energética en el sector eléctrico.

Pero la posibilidad de que las fuentes renovables penetren efectivamente y constituyan un complemento importante de la generación de energía está sujeta a varias circunstancias. Por un lado, una regulación que permita contratar de largo plazo para que los proyectos eólicos o solares se puedan financiar. El gobierno dio un primer paso con el decreto 570 de 2018, que plantea el desarrollo de subastas para contratación de largo plazo, las cuales deben ser reglamentadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

El cambio de gobierno no es muy favorable al cumplimiento de este decreto que tuvo una fuerte oposición de los gremios que agrupan a las empresas generadoras del país. Parece que existiera un gran temor a la entrada de nuevos jugadores que les quiten algo de la torta que se reparten en la actualidad.

La transición energética del país debe contemplar el cambio del parque automotor que dé paso a su electrificación. Este proceso lleva tiempo y requiere medidas drásticas por parte del gobierno para que se haga lo más rápido posible.

Es deseable que la subasta se hiciera dedicada las tecnologías con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y que, además, fuera obligatoria para una porción de la demanda, así sea pequeña. Es una forma de iniciar un proceso de aprendizaje y posibilitar la entrada de nuevas empresas al sector.

Por otra parte, la transición energética del país debe contemplar el cambio del parque automotor que dé paso a su electrificación. Este proceso lleva tiempo y requiere medidas drásticas por parte del gobierno para que se haga lo más rápido posible. En caso de que ocurra, la demanda de electricidad aumentará y este incremento debería ser atendido con FNCER.

El Gobierno ha planteado algunas metas de penetración de vehículos eléctricos con base en incentivos tributarios que representan un porcentaje muy bajo del parque actual cercano a los 13 millones de vehículos incluyendo las motos. Solo alrededor de 40.000 vehículos tendrían exención de impuestos hasta el 2030.

Hace falta una política de movilidad eléctrica que incremente las metas, defina incentivos y reduzca la entrada de automotores que utilicen combustibles fósiles. También se necesita regular la remuneración y los aspectos técnicos de las electrolineras o suministradoras de electricidad a los vehículos.

Otro elemento fundamental en la transición energética es desarrollar la posibilidad de que los consumidores, mediante esquemas comunitarios o individuales, puedan producir energías limpias para su propio consumo y vender sus excedentes a la red a precios razonables. En este sentido la CREG expidió la resolución 030 de 2018 que define los mecanismos para la venta de excedentes de estos productores y de los productores independientes a pequeña escala. Sin embargo, las condiciones de venta, especialmente para proyectos de tamaño superior a 100 Kw, no son muy favorables.

Los avances logrados hasta ahora son muy tímidos pero apuntan en la dirección correcta. Aún falta mucho por hacer en aspectos de más fondo que los normativos o regulatorios.

La eficiencia energética y los cambios en los hábitos de consumo de la energía, por ejemplo, son temas básicos que requieren un cambio de modelo en el uso de la energía y que requerirán un mayor tiempo para que el país lo logre definitivamente.

Los elementos mencionados plantean retos muy importantes para los futuros gobiernos. Pero sobre todo se requiere cambiar la forma de ver al sector para lograr cambios en la política energética que le permitan al país alcanzar metas sostenibles en el largo plazo y que en realidad contribuyan a disminuir las emisiones y a mitigar los efectos del cambio climático.

No se trata de medidas complementarias o alternativas sino de un cambio cultural de fondo que implica políticas claras y de participación directa de las comunidades.

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