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Hidroeléctricas, generadoras de conflictos ambientales

Las hidroeléctricas, que han represado el agua de los mayores ríos del país –Magdalena, Cauca, Sinú y Sogamoso–, han alterado las dinámicas ecológica y social aguas arriba y abajo de los proyectos.

Según el análisis realizado por el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia (UN), los impactos de estos megaproyectos –asociados con reducción de la pesca, alteración de los vínculos comunitarios y pérdida de ecosistemas– se ven reflejados en toda la cuenca.

“Un conflicto ambiental se identifica por la divergencia de intereses y proyectos de vida entre dos o más actores sociales, la cual transforma el vínculo de las comunidades con sus entornos generando alteraciones que se evidencian en informes tanto de las entidades de control (Procuraduría General de la Nación o Contraloría General de la República) como de otros canales (prensa, comunicados y demás)”, explica la estudiante Jenny Santander, de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo del IDEA e investigadora del OCA.

Por ejemplo se ven comprometidos los procesos de reproducción y los ciclos de vida de varias especies –entre las que se cuentan organismos acuáticos, peces, aves y otros–, a lo que habría que sumar el considerable volumen de sedimentos que año tras año se acumulan y permanecen represados haciendo insalubre las aguas para las comunidades vecinas. En el caso de Urrá se afectaron 7.780 hectáreas anegadas, lo que también comprometió a ecosistemas estratégicos que abarcan considerables extensiones de bosque primario y secundario, con los consabidos efectos sobre especies de fauna y flora de las cuales derivan su subsistencia varias poblaciones, entre ellas comunidades étnicas al borde de la extinción.

Para la profesora del IDEA  Rosario Rojas Robles, coordinadora del OCA, esta situación es producto del modelo neoliberal, que privilegia la progresiva privatización de lo público y de las hidroeléctricas, las cuales dejaron de ser un servicio para convertirse en un negocio que promete proveer al país con energías limpias pero que han causado grandes afectaciones a los ecosistemas, estrechamente asociados con las comunidades en aspectos sociales, políticos y económicos, entre otros.

Al respecto, la docente menciona un informe de la Comisión Mundial de Represas, según el cual “las grandes represas han alterado en forma significativa muchas de las cuencas fluviales del mundo, con impactos obstructores, duraderos y de ordinario involuntarios y en las bases socioculturales de decenas de millones de personas que viven en dichas regiones”.

Subienda en bajada

“A raíz de la construcción de las hidroeléctricas, diferentes grupos de pescadores han visto afectados sus medios de vida y subsistencia”.

Como en el país los proyectos hidroeléctricos se desarrollaron en forma escalonada, la afectación de uno tiene repercusiones sobre otro, máxime si se trata de infraestructuras ubicadas sobre el cauce de un mismo río, como ocurre con el Magdalena y las centrales de El Quimbo y Betania (separadas apenas por 12 km), lo cual, junto con un acumulado de otras afectaciones, se refleja en la disminución de la subienda que cada año se registraba en poblaciones como Honda (Tolima).

“La construcción de las hidroeléctricas ha afectado los medios de vida y subsistencia de diferentes grupos de pescadores, de pequeños campesinos y agricultores cuyos cultivos dependían de los ciclos de inundaciones de estas áreas, y de poblaciones de barequeros que solían dedicarse a la minería artesanal sin mercurio, como puede verse en el Bajo Cauca”, precisa la investigadora Santander.

En el proyecto de El Quimbo la inundación de 8.586 hectáreas en seis municipios del Huila trajo consigo el desvertebramiento de varias cadenas productivas de la región, las cuales dependían de territorios en los que el llenado del embalse cambió la vocación en el uso del suelo. Al respecto se destacan los estimativos de la Secretaría Departamental de Agricultura del Huila, según los cuales estas actividades producían 13.248 millones de pesos anuales antes del llenado de la represa.

Bosques, amenazados

En relación con las afectaciones ecológicas, se han identificado deficiencias en los inventarios de los ecosistemas que se inundaron o fragmentaron, como ocurrió con los bosques secos, cuyo nivel de amenaza pareciera no haberse considerado al ejecutar los proyectos de El Quimbo, Hidroituango e Hidrosogamoso. Similar panorama se registró con los bosques húmedos inundados con ocasión del llenado de Urrá, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Paramillo, sin prever esquemas alternativos encaminados a corregir esta situación.

Varios autores afirman que se ha perdido el 90 % del bosque seco tropical, con lo que ello implica: pérdida de especies y de funcionalidad.

La profesora Rojas destaca que varios autores han afirmado que se ha perdido el 90 % del bosque seco tropical, con lo que ello implica: pérdida de especies y de funcionalidad, lo que convierte a este ecosistemas en uno de los más amenazados del país. Estas consideraciones se ignoran en el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos.

Ya que en ninguna de las áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos se tiene en cuenta la magnitud de sus impactos, también se desconocen las implicaciones que tendrían sobre las comunidades afectadas, máxime cuando ha habido denuncias por la escasa o inexistente aplicación de los mecanismos de participación previstos por la Constitución y la ley. Este es el caso de las comunidades Embera Katío, a las que se les desconoció el derecho fundamental a la Consulta Previa durante el proceso de construcción y entrada en operación de Urrá.

Y aunque existen directrices y normas nacionales que deberían ser de obligatorio cumplimiento, las revisiones de caso muestran un patrón sistemático en el que muchas veces los propios gobiernos locales o las autoridades ambientales asumen posiciones ambiguas o contradictorias al negar y después conceder las correspondientes autorizaciones para ejecutar los proyectos, desconociendo los informes que pudieran emitir sobre el particular organismos de control, organizaciones de derechos humanos y otras instancias estatales o sociales.

Resistencia social

Algunos de los denominadores comunes en los cinco proyectos analizados son los problemas en los respectivos procesos de licenciamiento ambiental, asociados con modificaciones en las autorizaciones, y el surgimiento de diversos procesos de resistencia dentro de las comunidades impactadas.

“En muchos casos se realizaron intervenciones del territorio que incluyeron la transformación o eliminación de la cobertura vegetal natural, acompañada de cambios en los diseños de las obras sin un reporte previo”, subraya la investigadora Santander, para quien estas irregularidades propiciaron el incremento de afectaciones ecológicas y sociales, además de poner en evidencia las fallas en los estudios de impacto ambiental, que se han quedado cortos para anticipar los posibles daños.

De hecho, el área de influencia de un proyecto hidroeléctrico tiende a limitarse a la zona en la que se ubica, y la región de influencia indirecta escasamente cubre los municipios y veredas, lo cual conlleva a que las personas afectadas aguas arriba y abajo no sean consideradas, a pesar de las dinámicas de desplazamiento forzado a raíz de estos proyectos, lo que además refleja problemas a la hora de identificar la cantidad real de afectados, pues los censos suelen limitarse a grupos muy limitados.

“Ninguno de los proyectos tuvo un diagnóstico de alternativas, y, lo que es peor, tampoco consideraron los principios básicos de la Comisión Mundial de Grandes Represas para desarrollar estos proyectos”, precisa la investigadora del OCA, quien advierte una gran debilidad en los respectivos censos poblacionales, según la revisión efectuada en el Observatorio.

Ya que las compensaciones para las poblaciones suelen limitarse a un tema monetario, la reubicación de poblaciones enteras se traduce en drásticos cambios de sus modos de vida.

A manera de ejemplo, destaca que el proyecto de El Quimbo estimaba en 1.500 las personas que resultarían afectadas con su implementación, aunque esta cifra se modificaría sustancialmente en un censo posterior y de mayores alcances, a partir de órdenes impartidas por instancias como la Corte Constitucional, tras los reiterados reclamos y denuncias de las comunidades. En efecto, se habla de 33.000 personas afectadas, aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) solo reconoció a una parte mínima; hasta la fecha, dicha posición es motivo de disputa entre dependencias del Estado, la empresa y las comunidades.

Ya que las compensaciones para las poblaciones suelen limitarse a un tema monetario, a través del cual se busca subsanar las pérdidas individuales asociadas con los medios de subsistencia, la reubicación de poblaciones enteras se traduce en drásticos cambios de sus modos de vida, pues, por ejemplo, el hecho de entregar vivienda o dineros no asegura que comunidades que antes se dedicaban a la pesca o al barequeo puedan continuar con sus antiguos modos de vida o emprender nuevos proyectos asociados con el cultivo de la tierra.

La relación entre los diversos actores y las acciones desplegadas con la ejecución y puesta en marcha de estos proyectos energéticos se estableció por medio del seguimiento adelantado a partir de una revisión extensa de información publicada en medios locales, regionales y nacionales, informes y estudios adelantados por entidades como la ANLA y los ministerios de Ambiente, Agricultura, Minas y Energía e Interior.

Para ampliar esta información visite: www.oca.unal.edu.co.

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