Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
UN Periódico Digital

Resultados de Búsqueda:

UN Periódico Digital
    Financiamiento estatal para las universidades públicas en América Latina - Chile

El Estado debe jugar dos roles en educación superior: el de proveedor y el de regulador. La gratuidad en la universidad pública debe ser una política.

Como su título establece, este artículo se propone argumentar a favor de dos obligaciones que, un tiempo atrás, hubieran parecido autoevidentes. Hoy día no solo parecen no serlo, sino que se las cuestiona permanentemente. La primera tiene que ver con la autoridad, responsabilidad y capacidad de maniobra que caben al Estado nacional en el campo de la educación. La segunda, con el rol que cabe a las universidades estatales y, por extensión, con lo que se ha de entender por universidad.

La educación pública se relaciona primariamente con el concepto de bien común, tanto por el derecho que otorga y garantiza a cada ciudadano, como por su preocupación por el progreso económico y cultural del país y la cohesión del tejido social.

Si el derecho a la educación ha de pasar a ser una realidad y no un mero enunciado, el Estado debe implementar políticas, especialmente en sus propias universidades, que garanticen igualitariamente la posibilidad de ingreso a ellas. La medida más básica para consagrar ese derecho es la gratuidad. Debemos tener claro que la gratuidad no basta, pues dadas las diferencias en la calidad de la formación básica y media, deben considerarse medidas remediales adicionales que permitan optimizar el rendimiento académico de los jóvenes provenientes de entornos carenciados.

El acceso efectivo e inclusivo a la educación superior tiene varias consecuencias. En primer lugar, por ser el Estado el que otorga la formación profesional, si el joven tiene alguna deuda es una de carácter moral, y es con su país. Esto difiere con el sistema de universidad pagada avalado por préstamos, en el que la deuda es de carácter pecuniario de un individuo con una institución financiera.

Por ser el Estado el que otorga la formación profesional, si el joven tiene alguna deuda es una de carácter moral, y es con su país.

En el segundo caso, el título profesional se considera una inversión que rendirá frutos por aumento de ingresos a futuro. En muchos países, la expansión de matrícula y el aumento de cobertura para sectores socioeconómicos postergados se ha hecho en instituciones privadas no tradicionales. Sería de interés para juzgar su real impacto constatar indicadores relevantes, tales como las tasa de graduación y la empleabilidad.

Deben distinguirse y reforzarse los dos roles que el Estado ha de cumplir en educación: el de proveedor y el de regulador. En el primero él, a través de las instituciones públicas de enseñanza, se responsabiliza directamente de la calidad de la educación que en ellas se brinda. En el segundo, garantiza que toda institución, publica o privada, se rija por ciertas normas de calidad básicas.

La inclusión socioeconómica es un aspecto que contribuye al pluralismo que caracteriza a las universidades estatales, junto con la heterogeneidad permitida y fomentada en lo religioso, político, étnico o ideológico. Este entorno rico en variedad y matices es esencial para promover la cohesión nacional y para que los futuros líderes del país conozcan vivencialmente la diversidad de este.

El pluralismo no se consigue teniendo muchas universidades privadas distintas entre ellas pero homogéneas en el interior de cada una. El pluralismo se basa en conocer y compartir con los otros.

El pluralismo no se consigue teniendo muchas universidades privadas distintas entre ellas pero homogéneas en el interior de cada una. El pluralismo se basa en conocer y compartir con los otros.

Es una responsabilidad de la universidad estatal asumir la conservación, interpretación, transmisión y expansión del acervo cultural del país, de sus humanidades, arte e historia. Esta tarea de soberanía intelectual debe realizarse independientemente de una eventual rentabilidad, por lo que el apoyo del Estado es imprescindible.

Esta responsabilidad también constituye un aporte crucial al contexto vital de una verdadera universidad. En ella, más que la pragmática obtención de un título, el estudiante tiene una oportunidad de ensanchar su campo de visión intelectual para mirarse a sí mismo y a su entorno. Se repite, con razón, que la universidad no puede ser definida sino como un ambiente.

En busca de la sociedad del conocimiento

El ambiente universitario requiere, también, que esta se sitúe en la frontera del conocimiento. En los ámbitos de las ciencias y la tecnología esto significa investigación e innovación. Estas actividades deben cumplir un rol dual.

Por una parte, asumir la universalidad, pues la frontera del conocimiento es una frontera mundial, y, por otra, asumir la pertinencia, pues las universidades nacionales deben abordar con especial responsabilidad los problemas locales en todo ámbito.

Si los países latinoamericanos quieren vencer la inercia que los condenaría a continuar con su rol de exportadores de materias primas, han de optar por expandir su matriz productiva. Esto requiere constituirse en sociedades del conocimiento. Parece difícil que esto ocurra si no existe una decisión colectiva asumida e implementada responsablemente por el Estado.

Expandir la matriz productiva requiere capacidad científica y tecnológica propia. Los países de la Ocde destinan un 2,5 % de su producto interno bruto a ciencia, tecnología e innovación, mientras que Chile, por ejemplo, destina el 0,4 %. Parecería entonces que nosotros partiéramos de la base de que la innovación está en otra parte, que los avances tecnológicos se generan solo en los países desarrollados.

Uno debería esperar que políticas públicas adecuadas revertieran esta tendencia e incentivaran también al sector privado a financiar la investigación científica y tecnológica.

La inversión que el Estado hace en ciencia y tecnología por medios de sus universidades públicas conlleva beneficios tanto para el sector público como para el privado. Esto lo entienden todas las economías del primer mundo. Los ejemplos son infinitos.

Uno lo constituyen las bases de datos que se generan en el ámbito público y que son de acceso generalizado. Otro es la responsabilidad que tienen las universidades estatales en la formación de especialistas, esenciales para el sistema público de salud y también para el privado.

Históricamente las grandes universidades públicas de América Latina han cumplido un rol de construcción de las nacientes repúblicas. Este rol ha tenido una extensión inimaginable en otras latitudes. Ellas han ejercido un liderazgo también desusado en el diseño de los sistemas educacionales, culturales, sanitarios, jurídicos, tecnológicos y de las diversas áreas vinculadas a la producción y las ciencias en cada país.

Son un factor de identidad para nuestras naciones. Son también un factor clave de democracia, pluralismo, inclusión y cohesión nacional. Restringir su presupuesto desestimando su importancia tendría consecuencias impensables. El Estado no puede desentenderse de su responsabilidad para con ellas.

Relacionados

18,28,33,24,34,25,36

Dada su desigual distribución del ingreso, las instituciones públicas son la principal vía para promover la movilidad social. La tasa bruta de...

Las tres universidades estatales de São Paulo se financian con el 9,57 % del impuesto sobre circulación de mercancías. Pese a la crisis sufrida por...

La Financiación Contingente al Ingreso (FCI) es un modelo creado y desarrollado exitosamente en Australia, en el que los beneficiarios directos...

Una evidencia es el incremento en la matrícula privada y los programas como “Ser Pilo Paga”, que aunque se financian con recursos públicos, la mayoría...

El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, explica la estrategia que ubicó a su país como el de mayor avance en educación superior en América Latina...