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Financiación contingente al ingreso (FCI): un gravoso impuesto al conocimiento

Las políticas de financiación de la educación superior difieren entre las naciones. Un debate hace referencia a si esta es un bien público o privado (desde lo económico), o si es un bien común (desde lo social). Antes que considerar sus inconmensurables beneficios públicos, varios países enfatizan en los beneficios privados de la educación superior. En ese sentido, se han desplazado de la financiación pública hacia la privada, en la que el estudiante cubre los costos de su formación.

El sistema de financiación de la educación superior a través de la FCI consiste en que quienes carecen de recursos para financiar su formación deben contraer una deuda con el Estado, la cual tendrá que ser pagada, a manera de impuesto, una vez egresen y se incorporen al mercado laboral. El modelo de la FCI incluye condiciones y acceso universales y está diseñado para ser autosostenible y operar sin subsidios públicos, liberando así al Estado de la responsabilidad presupuestal.

La paternidad del modelo FCI corresponde a Milton Friedman, Premio Nobel de Economía 1976 y notable ideólogo neoliberal, y ha contado con promotores en varios países en los que se ha implementado. En el caso de Colombia fue propuesta en 2005 desde la Universidad Nacional de Colombia (UN), ratificada en 2017: “Crédito condonable en función del ingreso. Siguiendo un modelo similar al que se aplica en otros países, todos los estudiantes recibirían un crédito para financiar sus estudios. La deuda se condona si el egresado no logra obtener un nivel de ingresos razonable”[1], y materializada en la Ley 1911 del 9 de julio de 2018 (Ley de FCI).

En esta Ley, que recoge la propuesta básica del modelo, el Estado colombiano redefine implícitamente la educación superior como un bien privado financiable. Así mismo intenta borrar los límites entre los impuestos del Estado y las deudas negociadas en el mercado; este se involucra en el mercado de las deudas y asegura su pago usando su poder impositivo de Estado soberano. La Ley beneficiaría en especial a las universidades privadas, cuyas matrículas son casi prohibitivas.

La drasticidad de la aplicación de la FCI difiere en la decena de países que hoy la ha implementado. Cubre desde el 40 hasta el 96 % del costo real de la enseñanza. El perdón de la deuda pendiente va desde después de 30 años (Reino Unido) hasta la muerte (Australia). En Colombia se fijó como base gravable 1 smmlv (781.242 pesos), con un gravamen marginal del 12 % y para una base superior a 2 smmlv, con el 19 %. Y como plazo, hasta el fallecimiento del deudor.

La creatividad criolla

Es insostenible aquel pensamiento criollo que, apoyándose en argumentaciones como que los aportes de la nación a las universidades públicas han disminuido relativamente en un 44 % en los últimos 25 años; que las políticas tributarias favorecen la evasión, la elusión, las exenciones a los propietarios de grandes capitales y al capital transnacional; que existe una incorregible corrupción; y que la inversión pública colombiana por estudiante es cuatro veces menor que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), propone que debemos ser más propositivos y creativos y, en consecuencia, buscar fuentes alternativas y complementarias de financiación para la educación superior, tales como aportes o contribuciones de los egresados, incremento de los contratos de servicio y la FCI, entre otras.

¿La educación superior como inversión o como consumo?

Cuando el Estado en vez de subsidiar la educación superior le pone un impuesto argumentando que los niveles de inversión eficiente en ésta, basados en las tasas marginales de retorno (rendimientos por cada peso adicional invertido), son mayores para ésta comparados con otras inversiones, está desestimulando la inversión. Si dos ciudadanos tienen una base gravable igual, aquel que haya obtenido un título universitario pagará 19 % más de impuesto marginal que aquel que carezca del título. El gasto en educación superior es gravado mucho más, como si se tratara de un consumo o goce personal y no de una inversión.

Efecto redistributivo del gasto público en educación superior

La OCDE ha encontrado que la tasa pública de retorno de la educación superior es mayor que la tasa privada de retorno, lo cual sugiere que los impuestos a los ciudadanos con título universitario exceden los subsidios públicos.

Por otra parte, en 2017 el Banco Mundial mostró que para América Latina y el Caribe el gasto público en educación superior es progresivo, contrario a la idea de que este gasto incrementa las desigualdades en el ingreso porque beneficia a los estratos socioeconómicos más ricos y traslada el ingreso de los menos educados a los más educados.

Si la educación superior se financia con impuestos proporcionales al ingreso, las desigualdades en el ingreso posterior de quienes egresan se disminuyen. El gasto público asociado específicamente con la expansión de la cobertura (incidencia marginal) es cuatro veces más progresivo que el gasto promedio general (incidencia promedio) y casi tan progresivo como el gasto en educación secundaria, sostiene el Banco Mundial.

Aunque los ricos tienen mayor probabilidad de ir a la universidad, los estudiantes de ingreso medio tendrían mayor participación en la población de nuevos alumnos. Los dos quintiles más pobres obtendrían un beneficio de la educación superior pública mayor a sus impuestos, mientras el quintil más rico obtendría menos beneficios pero pagaría más impuestos.

La política socialdemócrata de financiación de la educación superior es posible, más equitativa y más justa. Las iniciativas de la nueva Ley de Financiamiento 2018, dirigidas a la protección de los propietarios del gran capital para que cada vez paguen menos impuestos, vulneran el principio constitucional (artículo 363) de equidad, eficiencia y progresividad en los impuestos. Se continúa gravando mucho más al trabajo que al gran capital. Los sistemas fiscales altamente progresivos permiten financiar con subsidios la educación superior.

EI Estado colombiano se niega a invertir en educación superior y capital humano, factores fundamentales para afrontar los desafíos y las oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial e imprescindibles en la construcción de un ecosistema nacional de innovación, el cual requiere una sólida plataforma de investigación y desarrollo. Esta condición, junto con otros factores, es insustituible para asegurar crecimiento, desarrollo y prosperidad.

La universidad pública es un factor determinante en la reducción de las inequidades sociales; es crucial en el mejoramiento de los estándares de vida de los ciudadanos y en la construcción de un modelo económico sostenible y amable con el ambiente.


[1] Universidad Nacional de Colombia. (2017). Universidad, cultura y Estado. Colección del Sesquicentenario, volumen 1, tomo 2, pp. 274-306.

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