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Fin de la cadena perpetua revisable: apuntes para su archivo definitivo

En ese tránsito de oscuridad a luz, se hizo evidente que los Gobiernos, a través de sus jueces y fuerza de Policía, conservaban un poder ilimitado y capaz de llevarnos a la muerte, destruir nuestras vidas y acabar con nuestros sueños: el poder punitivo, esto es, el derecho penal. Entonces la humanidad descubrió que los poderosos usaban el discurso punitivo para mover las pasiones de la masa, convertir inocentes en culpables, limitar nuestras libertades sin que existiera una justa causa y campear a su antojo por el valle de los caprichos que tuviera el gobernante de turno.
 

A tal instrumento lo llamamos el “debido proceso”, y gracias a su formulación se fueron uniendo y creando reglas, principios y garantías derivadas –como la legalidad, el derecho penal de acto, la prohibición de responsabilidad objetiva, la lesividad, la intervención mínima y la protección de bienes jurídicos– para impedir que ese Leviatán nos atrapara en su red y nos destruyera por completo.
 

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Detrás de la prohibición de “prisión perpetua” y “pena de muerte” que establece nuestra Constitución Política, subyace la médula de los derechos humanos que nosotros como personas logramos conquistar en el pasado y que hoy en día buscamos extender a los animales no racionales. Pero esas “cartas de triunfo” –como las llamó Dworkin– hoy se encuentran en peligro de desaparecer al querer modificar uno de los bastiones esenciales de la parte dogmática de la Carta Magna colombiana de 1991, evidenciándose, no obstante, que a pesar de ello, la comisión primera constitucional del Senado –después de una audiencia pública a la cual invitó a académicos de todo el país– registró dos ponencias en contra de la mencionada propuesta, sobre el fundamento de la dignidad humana.
 

Es importante tener claro que detrás de dicha modificación, aunque existan buenas intenciones –como la de buscar la protección de los niños y de millones de víctimas de nuestro país–, en realidad con la inclusión de dicha pena solo se conseguirá una sanción inútil, ineficaz, y que no resolverá la problemática que se busca combatir.
 

Por lo tanto, quienes la promueven carecen de la suficiente información para descartarla o, aun teniéndola, de forma consciente, inteligente y hábil, a pesar de saber muy bien que la cadena perpetua revisable no sirve para nada, pues permite el aumento del delito y lanza un golpe mortal a los derechos fundamentales, siguen adelante con esta porque resulta ser una propuesta “popular” que le permite a la masa sentirse (falsamente) segura y respaldada por su representante o senador, desconociendo que ha sido manipulado como un niño pequeño, como un ingenuo animal que confía en su amo y este lo arrastra a su propia muerte.
 

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Partiendo de esto, ¿por qué la cadena perpetua revisable constituye un retroceso hacia la irracionalidad punitiva? Por las siguientes razones que surgen desde distintos ángulos:


(i) Inicialmente es necesario tener presente que “condenado” no es igual a “culpable” en sentido material. Por lo tanto, la cadena perpetua constituiría una sanción en contra de la persona que en Colombia fuera considerada “formalmente” responsable, es decir “condenada” por un sistema judicial que solo puede ser calificado de nefasto, imperfecto y falible. En consecuencia, quien desea y pide a gritos que exista esa “cadena perpetua” en contra de violadores y otros delincuentes, como persona inocente y moralmente íntegra, también podría ser su destinatario, habida cuenta de que la natural falibilidad del sistema judicial implica a su vez el hecho probabilístico de que personas inocentes sean condenadas a dicha pena; razón por la cual se terminaría cargando el arma con la que finalmente nos vaya a disparar el Estado (seamos culpables o no). Justamente, en esta posibilidad comprobada del yerro judicial, es que se edifica uno de los objetivos básicos del sistema penal y procesal penal: la distribución del error, como la denomina el filósofo estadounidense Larry Laudan, y acorde con el cual se parte del reconocimiento “de que, sin importar cuánto quieran evitarse, de vez, en cuando, ocurrirán errores” y por ello, ante la posibilidad de condenar a personas inocentes o absolver culpables, en protección de principios de justicia, es preferible la primera opción (las falsas absoluciones), frente a cuya realidad el Derecho Penal y Procesal Penal deben, en el primer caso, evitar condenas destructivas y lacerantes de la dignidad humana (como la cadena perpetua) y, frente a la segunda hipótesis, incluir principios que tiendan siempre y en todo momento a favorecer al procesado.

(ii) La cadena perpetua conlleva asumir como tesis que las personas “no cambian”, “no se resocializan”, e implícitamente que son enfermos incurables. Pero esto trae consigo una contradicción, puesto que, si ellos actúan “sin posibilidad de autodeterminarse” (es decir, como seres inimputables carentes de libertad en su actuar o de la normalidad necesaria para acceder a la prohibición de la norma), no podrían, al mismo tiempo, ser sancionados con una pena pues carecerían de la “capacidad” necesaria para considerarse responsables.
 

En otras palabras, ¿cómo se razona normalmente en la vida diaria? De la siguiente manera: por ejemplo, a una persona con cáncer, con algún trastorno mental o enfermedad incurable no se le culpa o castiga por tener dicha patología o por lo que haga como consecuencia de la misma, solo se le compadece y busca curársele, aunque parezca inútil; es decir, se le “disculpa” porque entendemos que él no pidió ser así, ni tener lo que padece o hacer lo que hace, sino que le resultó “inevitable”, una “desgracia” de la vida que no pudo impedir.

De esta manera, son autocontradictorias las tesis que se apoyan en las premisas de que tales delincuentes “no se resocializan” y “nunca cambian” porque, si esto fuera cierto, al tiempo tendríamos que reconocer que jamás un violador de niños o un delincuente similar podría ser destinatario de la pena que se busca implantar dado que, al igual que los enfermos y trastornados, al no poder evitar su comportamiento, serían personas inimputables.
 

(iii) Por el contrario, si se cree que ciertos delincuentes –como los violadores de niños y demás destinatarios de la reforma que pretende llevarse a cabo– no son en realidad enfermos de ninguna clase y que ellos sí tienen libertad para decidir, surgiría entonces una nueva contradicción (ahora de tipo axiológico), pues ello fuerza a aceptar la posibilidad de resocialización y, en consecuencia, no otorgarla anularía la dignidad humana del condenado, la cual es inalienable, irrenunciable e inajenable, como lo manifestaron los senadores Roy Barreras y Rodrigo Lara Restrepo en su ponencia negativa al proyecto de reforma constitucional el 5 de junio. No se puede olvidar que toda segregación y completa destrucción de grupos humanos, según puede desprenderse de múltiples textos tales como La maldad, editado por Enrique Bonete Perales y Humanidad e inhumanidad de Jonathan Glover, comenzó con el aparentemente inofensivo y bien recibido discurso de que los “malos” no tienen dignidad humana.
 

(iv) Ahora bien, si el argumento a favor de esta pena ilimitada se sustenta en que el mal se debe devolver con mal, estaríamos en presencia del retribucionismo. Sin embargo, tal postura es irracional porque carece de soporte lógico y axiológico, y además encierra una oscura verdad psicológica. Así pues, no se tiene fundamento lógico porque lo que está hecho no puede ser deshecho, entonces, ¿qué sentido tendría la imposición de una pena si con ella no se puede deshacer el mal que se buscó castigar con esta?
 

Además: En Colombia no existe una política pública de atención a los pospenados.


Igualmente, tampoco existiría ningún tipo de soporte axiológico dado que al devolver “mal con mal” se le anularía al sujeto su dignidad humana que constituye un principio y valor fundamental de nuestra Carta Política. Es necesario recordar a Franz Alexander y Hugo Staub quienes en su libro “Los delincuentes y sus jueces desde el punto de vista psicoanalítico” nos enseñaron que el afán punitivista y carcelero solo se podía anidar en una mente degradada y violenta, es decir, justo en el tipo de psiquis que tendrían las personas a quienes se desean ver en la cárcel.
 

(v) Ante esta situación, es claro que aún se podría pensar en el efecto disuasivo que tendría esta reforma constitucional, argumentando que: si existe una pena tan severa como la cadena perpetua seguro los delincuentes se abstendrán, por miedo, de cometer sus atrocidades, y quien ya lo hizo no podrá jamás volverlo a hacer. Lastimosamente este razonamiento parte de prejuicios que nunca han sido demostrados criminológica ni sociológicamente, y ni siquiera en nuestra vida diaria, pues, contrario a ello, la experimentación en grupos sociales y el análisis de comportamientos delictivos ha revelado que la reincidencia, el aumento de la delincuencia y las peores atrocidades se ven disparadas en los países con las penas más altas, donde hay pena de muerte y en los que existe cadena perpetua.
 

No es posible explicar y entender del todo este fenómeno que resulta tan contraintuitivo, pero es una realidad: entre más altas sean las penas, más se cometen delitos; si es mayor la severidad punitiva, se disparan en demasía las mayores atrocidades. Además, se ha revelado que los delincuentes suelen idearse formas más macabras de cometer sus delitos cuando las penas aumentan y que mutan su modus operandi para que sus crímenes se lleven a cabo en mayor clandestinidad, lo que los hace pasar de la simple violación al asesinato para eliminar de la ecuación al único testigo existente: la víctima.
 

Así, la cadena perpetua, en vez de generar miedo en el delincuente, lo que hace es pervertir su psiquis y arrastrarlo a cometer mayores atrocidades para que sus crímenes queden impunes, tal y como quedó plasmado en la sesión del 5 de junio en la Comisión Primera Constitucional, por parte de los ponentes que han solicitado que se archive la propuesta.
 

Entonces, ¿qué hacer con este tipo de delincuentes? Lo mismo que con cualquier persona: idear mecanismos de resocialización acordes con la biografía y el contexto del sujeto, educar a la sociedad de forma temprana para impedir el surgimiento de nuevos delincuentes y utilizar menos al paquidérmico derecho penal y mucho más las políticas públicas y la prevención policiva para evitar con prontitud la comisión de nuevos punibles. Es decir, la solución se encontraría en la elaboración de métodos que auténticamente impidan la comisión de nuevos delitos, para que sus actuaciones lleguen a la sociedad mucho antes de que se realicen los crímenes y no después, cuando ya no se pueda hacer nada.
 

Por el contrario, la cadena perpetua, como sustitución inconstitucional, no va a solucionar ningún problema, sino solo agregar una lesión de alto calado en la médula misma de los derechos fundamentales de la población colombiana, lo que recuerda un escolio del filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila, para quien “reformar la sociedad por medio de leyes es el sueño del ciudadano incauto y el preámbulo discreto de toda tiranía”.

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