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Feminicidio: ¿qué es y cómo protege la ley a las mujeres?

El feminicidio es el nombre que se le dio a un delito contra la vida y la integridad personal de las mujeres. Desde el punto de vista penal, supone matar a una mujer por el solo hecho de serlo, porque para su victimario, agresor o perpetrador, ella desarrolla o se expresa según el género femenino. Con la expedición de la Ley 1761 de 2015 o (Ley Rosa Elvira Cely) está establecido en la política criminal como un delito (tipo penal autónomo).
 

“En 2008, con la Ley 1257, el feminicidio fue producto de la aprobación del convenio firmado en la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Colombia, y consecuencia de un pronunciamiento del presidente colombiano de entonces, Álvaro Uribe Vélez, quien por medio del Decreto 4685 de 2007 tomó la decisión de no reconocerle competencia al comité encargado de vigilar las formas de discriminación contra la mujer”, detalló la docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
 

En Colombia, la pena por homicidio es de 17 años, si es por feminicidio, a esta se le suman 5 años.


Para la experta, existen tantos tipos de feminicidios como tipos de violencias pueden concurrir en la mujer en el país, entre estas:

  • física, relacionada con el maltrato físico o que compromete el cuerpo de las mujeres;
  • sexual, relacionada con actos o lenguaje explícitos en los cuales el agresor mina la voluntad de la mujer para expresarse de forma corporal o verbal;
  • psicológica, relacionada con el trato que incide en la autoestima de la mujer. Esta se da tanto en el ámbito doméstico como en el laboral, académico y cotidiano;
  • patrimonial o económica, se relaciona con la dependencia económica de las mujeres.


La violencia de género parte no solo de la asignación sexual que hace un médico, sino también de una construcción social y cultural, contextual y situada, entendida como los roles femeninos y masculinos.


La teoría feminista ha aportado una categoría importante que se ha querido implementar en la formulación de políticas públicas de protección a la familia y a la mujer: el criterio de interseccionalidad.


“Dicho criterio se basa en la concurrencia de discriminaciones y estigmatizaciones; por ejemplo, si una mujer pertenece a una minoría étnica, una negritud o una comunidad gitana o indígena, es posible que concurran dobles vulnerabilidades”, destaca la académica.


Con el alto número de feminicidios sucedidos en los últimos ocho meses en el país, cabe resaltar que estos se pueden denunciar no solo en sedes administrativas, como en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sino también en las sedes judiciales de la Fiscalía.

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