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Fallo sobre galeón San José es poco esclarecedor

Para los objetivos anunciados oficialmente por el Estado colombiano en diciembre de 2015 sobre el rescate del galeón San José, el problema no es la discusión interna de altas cortes en Colombia, ni los derechos que a todas luces mantiene la Sea Search Armada (SSA), ni la acción popular ya decidida.

La decisión del Consejo de Estado de Colombia sobre el galeón, conocida esta semana, ha generado reacciones diversas, interpretaciones y comentarios dispares y pronunciamientos poco esclarecedores por parte de magistrados del mismo Consejo. Esto se explica, en buena medida, por la complejidad y la novedad de la materia tratada.

Se pretendió que Colombia fijara una posición con alcance jurídico frente a eventuales o ya expresadas aspiraciones de otros Estados sobre este naufragio, que es un patrimonio cultural altamente disputado.

Un factor adicional es la dispersión del texto del fallo, que parece más un concepto de la Sala de Consulta de ese alto tribunal administrativo que una sentencia que desate la controversia judicial planteada. Por último, las luchas o “pulsos” de intereses entre Estados y las controversias judiciales internacionales sobre los naufragios históricos esparcidos por los mares del planeta también dificultan la comprensión del problema.

Pero ¿cuál era el objeto de la demanda presentada en 2002 en defensa de los derechos colectivos de los colombianos y a la cual puso fin el mencionado fallo? El propósito era que la justicia definiera la situación jurídica de ese naufragio yaciente en aguas territoriales colombianas, no lejos de Cartagena de Indias, frente al derecho tanto nacional como internacional.

Más que generar un debate interno sobre la cuestión, se pretendió que Colombia fijara una posición con alcance jurídico frente a eventuales o ya expresadas aspiraciones de otros Estados sobre este naufragio, que es un patrimonio cultural altamente disputado.

La motivación de la demanda no era que el Consejo de Estado declarara que el galeón San José forma parte del patrimonio cultural colombiano, sino cuestionar la legalidad de la resolución 354 y los procedimientos administrativos de la Dirección General Marítima (Dimar), que en 1982 condujeron a reconocer, por cesión a la SSA, derechos como denunciante del hallazgo del naufragio y, en consecuencia, derechos para su rescate. De esa forma, fue impugnada la validez jurídica de los derechos invocados por la SSA sobre el galeón.

Aunque al momento de presentar la acción popular se alegó que el reconocimiento de la Dimar no versaba sobre derechos a favor de la SSA, la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de 2007 –proferida cinco años después de presentada la demanda de acción popular– confirmó de manera inequívoca que la SSA tenía derecho al 50 % de la parte considerada como “tesoro”, en virtud del mencionado reconocimiento. Además aclaró que esa compañía estadounidense de exploraciones submarinas no tendría derechos sobre la parte de la carga que fuera considerada como patrimonio cultural de la nación.

Respecto a esta sentencia de la Corte Suprema se produjeron dos “salvamentos de voto” de los magistrados Edgardo Villamil Portilla y Manuel Isidro Ardila Velásquez, quienes no compartieron la decisión de la mayoría y sustentaron la improcedencia de aplicar la categoría jurídica de “tesoro” al San José. Villamil cuestionó que la Corte hubiera renunciado –después de exaltar de modo generoso la defensa de los bienes culturales al inicio de la sentencia– a “ese propósito de protección tan refinada y exquisitamente explicitado en un comienzo”, resolviendo de manera distinta.

La Corte Suprema de Justicia dejó claro que tomaba su decisión de 2007 con la presunción de legalidad de la resolución de la Dimar de 1982, trasladando tácitamente al Consejo de Estado la competencia de decidir sobre el asunto.

La última decisión

El Consejo de Estado negó la acción popular presentada con el argumento de que la legalidad de los actos administrativos no es impugnable por vía de acción popular, con lo cual se mantuvo la vigencia de la resolución expedida por la Dimar. De ahí la dificultad para explicar la decisión tomada por esa alta Corte, con la cual la justicia colombiana, en esas condiciones, se abstuvo de resolver la controversia planteada.

La cuestión no pasaría de ser un asunto interno de las instituciones colombianas si no fuera porque compromete la seguridad jurídica de Colombia en materia importante frente a la comunidad internacional.

Para el Consejo de Estado la resolución 354 de 1982 expedida por la Dimar efectivamente fue una grave amenaza, o riesgo, de los derechos e intereses colectivos de los colombianos invocados en la acción popular pero “con todo” y eso, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia evitó “en forma eficiente y oportuna” cualquier daño contingente, peligro, o amenaza sobre los derechos e intereses colectivos de los colombianos, 25 años después.

El mayor obstáculo es España, cuyo anuncio oficial de pedir informaciones e incluso de demandar ante una Corte internacional en caso de que Colombia procediera al rescate, no deja dudas sobre una línea diplomática clara para ese país, que ya tuvo resultados exitosos en reclamaciones de galeones de su bandera.

Es claro, entonces, que al declarar que “no tiene competencia para anular actos administrativos que sean la causa de la amenaza o vulneración de derechos e intereses colectivos”, el Consejo de Estado mantuvo la vigencia de los derechos de la SSA sobre el naufragio del San José, frente al derecho tanto colombiano como al internacional, a pesar de que se apresure a aclarar que existen “múltiples alternativas” para “adoptar las medidas materiales que garanticen el derecho colectivo afectado con el acto administrativo que cause la amenaza, la vulneración o el agravio de derechos e intereses colectivos”.

Otro aspecto importante de la sentencia es que el Consejo de Estado ratificó que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural es la única institución en Colombia con competencia para decidir cuáles bienes del naufragio pueden ser considerados como “tesoro” y cuáles como “patrimonio cultural sumergido” de la nación. De esa declaración del Consejo de Estado surge un interrogante: ¿los bienes del naufragio considerados como “tesoro”, sometidos al régimen del Código Civil y del Código de Comercio, pueden ser susceptibles de embargo?

Un último aspecto: para el Consejo de Estado “el patrimonio cultural sumergido que se encuentre en el presunto hallazgo del San José es propiedad de la nación”. Hubiera sido una gran contribución que, en la misma línea de pensamiento, indicara las razones o “alternativas” que legitiman a Colombia para reivindicar derechos sobre ese naufragio, altamente disputado, frente al derecho internacional y a la comunidad internacional.

Para los objetivos anunciados oficialmente por el Estado colombiano en diciembre de 2015 sobre el rescate del galeón San José, el problema no es la discusión interna de altas cortes en Colombia, ni los derechos que a todas luces mantiene la SSA, ni la acción popular ya decidida. Es preciso comprender que el mayor obstáculo es España, cuyo anuncio oficial de pedir informaciones e incluso de demandar ante una Corte internacional en caso de que Colombia procediera al rescate, no deja dudas sobre una línea diplomática clara para ese país, que ya tuvo resultados exitosos en reclamaciones de galeones de su bandera, como las fragatas Nuestra Señora de las Mercedes, Galga y Juno.

Esas constataciones, fácilmente verificables, no implican una abdicación o renuncia a la posibilidad de que Colombia dé “la batalla” diplomática y judicial por el San José para reivindicar sus derechos legítimos sobre ese naufragio y confrontar los argumentos de España, que ha venido sosteniendo la categoría jurídica de “naves de Estado” para los galeones de su bandera, la inmunidad soberana de que gozan y la condición de tumba subacuática de esos naufragios.

Hasta ahora no es claro si ese país modificará una línea diplomática y judicial consolidada por varios años con el sello de la eficacia. Lo que es claro es que la decisión reciente del Consejo de Estado no ha contribuido a darle seguridad jurídica a Colombia para eventuales controversias internacionalesColombia perdió esa oportunidad.

Esas son razones de más para apaciguar los espíritus y continuar serenamente una reflexión sobre el futuro del naufragio histórico del San José, que conduzca a posiciones claras y firmes por parte de Colombia frente a la comunidad internacional en una materia tan compleja que no debería admitir improvisaciones ni salidas en falso.

* Demandante de la acción constitucional que culminó con la sentencia proferida por el Consejo de Estado.

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