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Especial La Macarena: Un precario sistema de salud

El municipio de La Macarena forma parte del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), región de ordenamiento territorial y ambiental que incluye 16 municipios del Meta y 3 del Guaviare, creado mediante el Decreto Ley 1989 de 1989 para regular las actividades humanas que pudieran afectar la estructura ecológica del territorio.
 

Consulta el especial La Macarena: el pulso por la tierra.


Aunque tiene una extensión de alrededor de 1.123.100 hectáreas, para actividades agropecuarias solo pueden ser adjudicadas 758.935 ha, el resto corresponde a zonas de reserva forestal, de las que forman parte parques nacionales y distritos integrados como los de la Serranía de La Macarena, el Parque Nacional Tinigüa y el de la Cordillera de los Picachos.
 

Una parte de la zona afronta la creciente presión interna y externa de la ganadería extensiva, los cultivos de coca, la producción de palma aceitera y la exploración y explotación petrolera y minera, lo cual ha incentivado la deforestación que el Gobierno ha querido frenar mediante la militarización del territorio, a través de la Operación Artemisa.
 

También ha sido objeto de un litigio fronterizo entre Meta, Guaviare y Caquetá, y de la creación de áreas de parques, reserva forestal y distritos integrados, posteriores al asentamiento de la población campesina e indígena.
 

Todo lo anterior, junto a la racionalidad neoliberal del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de otras políticas públicas y sociales, ha dificultado definir y materializar las responsabilidades del Estado con respecto a la organización y el funcionamiento del sistema local de salud, el saneamiento básico, la soberanía y seguridad alimentaria, los servicios públicos, la construcción de obras, la ejecución de proyectos comunitarios y, en general, garantizar medios eficaces para el buen vivir de las comunidades, expresables en el mejoramiento económico, social y cultural del territorio en condiciones de preservación y conservación de la naturaleza.
 

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En ese sentido, el municipio de La Macarena padece hoy uno de los estados de cosas inconstitucional en salud más típico de la ruralidad colombiana.
 

Situación de salud se agrava por condiciones sociales


El estado de salud es percibido como precario, siendo predominantes las enfermedades infecciosas y crónicas, la malnutrición, los problemas de violencia intrafamiliar y de género y los homicidios.


Las personas utilizan muy poco los servicios del sistema de salud occidental, y por el contrario acuden con frecuencia a los remedios caseros o a la automedicación. Ello debido especialmente a las barreras geográficas, de transporte, económicas y administrativas para acceder a la atención médica –a pesar de que la mayoría están afiliadas al SGSSS– y al debilitamiento de la medicina tradicional de las comunidades ancestrales y campesinas.
 

La falla en garantizar el goce efectivo del derecho a la salud en un marco de interculturalidad se debe en especial a la insuficiencia de recursos y a la inadecuada planeación de las actividades por parte tanto de la Gobernación como de la Alcaldía, a la falta de regulación adecuada de los contratos de prestación de servicios entre aseguradores y prestadores por parte de la nación, y en general al modelo de mercado privatizado del sgsss, en el cual las aseguradoras y los prestadores privados y públicos de servicios no encuentran rentable ni sostenible invertir en esos territorios rurales.
 

El estado de salud se agrava porque las condiciones de vida de las comunidades se caracterizan por sus muy bajos niveles de acceso a la educación básica y a la formación técnica y superior; por la escasa cobertura de los servicios de alcantarillado, recolección y eliminación de basuras y, paradójicamente, por el deficiente acceso al agua potable en un territorio con una gran riqueza hídrica.


A pesar de que la actividad productiva de la mayor parte de la población está basada en una economía campesina de subsistencia, el trabajo y el empleo carecen de adecuada protección frente a los riesgos relacionados con accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
 

“Salud sin fronteras”, una propuesta


Para resistir la violencia y el desplazamiento, construir condiciones de vida digna y defender el derecho al territorio, cerca de 10.000 de las 12.000 familias que habitan la región han conformado asociaciones campesinas, 8.000 de las cuales están en territorio de la Asociación Campesina Ambiental Losada–Guayabero (Ascal-g), donde se desarrolla con más intensidad el actual conflicto socioambiental. Junto a ellas, también trabajan organizaciones de mujeres, cabildos y parcialidades indígenas, y excombatientes emplazados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Urías Rendón.


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Como alternativa a la expulsión de los parques, zonas de reserva forestal y distritos integrados, desde 2011 impulsan la construcción de la Zona de Reserva Campesina de Losada Guayabero y otras iniciativas de producción campesina ambientalmente sustentables.
 

Igualmente, con el apoyo de profesores y estudiantes de las universidades Nacional de Colombia (UNAL), Javeriana y de La Salle, le han propuesto al Gobierno incluir el Plan Comunitario de Salud Rural “Salud Sin Fronteras” en el Plan Nacional de Salud Rural y en el Plan de Desarrollo del municipio.
 

La iniciativa tiene como objetivos la construcción de un sistema local y estatal de salud de acceso universal; la territorialización de la salud según las tradiciones organizativas, socioeconómicas y culturales comunitarias; la implementación de un modelo de atención basado en la Atención Primaria en Salud; el rescate, la restauración y la protección de los saberes y prácticas ancestrales y de la naturaleza; y la participación comunitaria basada en la autonomía y la autogestión.
 

Para buscar una salida al escalamiento y la acentuación del conflicto con la reciente arremetida militar, le presentaron al Gobierno una amplia agenda para la solución de los conflictos socioambientales derivados del uso y manejo de las áreas protegidas y otras figuras de protección ambiental derivadas de la Ley 2ª y del Decreto Ley 1989 de 1989. Junto a esta agenda, desarrollaron una amplia actividad de participación en la formulación del Plan de Desarrollo de su municipio y en el diseño del Plan Territorial de Salud que forma parte de este.
 

El establecimiento de reglas de juego y programática entre las organizaciones comunitarias y el Gobierno, para negociar la agenda ambiental, solo se pudo iniciar después de una amplia protesta y movilización campesina que obligó a este a presentarse con un abanico institucional en la inspección de San Juan de Losada –en límites entre Meta y Caquetá–, a mediados de marzo del presente año.
 

Ante el despliegue de medidas oficiales de aislamiento social por el diagnóstico del primer caso de COVID-19, el 6 de marzo en el territorio nacional, el 21 de marzo las organizaciones campesinas, en ausencia de efectiva protección en salud para su población, levantaron la fuerte movilización que había bloqueado vías estratégicas de acceso a la región, logrando que el difícil diálogo con el Gobierno les permitiera alcanzar un acuerdo para la solución del conflicto ambiental, de acceso a la tierra, y por condiciones para la vida digna y en coexistencia armoniosa con la naturaleza en el territorio.


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