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Escrutinio electoral, un proceso de la democracia en crisis

Durante las elecciones de 2014, cuando los colombianos eligieron a quienes serían sus próximos senadores y congresistas, cerca de 6.418 mesas de votación fueron afectadas por irregularidades, lo que llevó a que cuatro años después, en 2018, el Consejo de Estado determinara una falla en las elecciones de ese período y relevara a tres senadores, devolviéndole 3 curules al Partido MIRA, un partido minoritario en Colombia. Este hecho significó un hito que llama la atención sobre las debilidades y amenazas de tipo administrativo que ponen en riesgo la transparencia con que se ejecuta el escrutinio electoral.
 

Este proceso democrático estuvo manchado por eventos relacionados con la falta de control en auditorías, insuficiente formación en temas electorales, accesos ilegítimos a los sistemas y barreras ante el acceso de la información pública para el control ciudadano, entre otras debilidades de la etapa de escrutinio electoral.
 

Dichas falencias fueron identificadas por la abogada Sharita Melissa Rosero Estupiñán, magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien desarrolló una propuesta de gestión tecnológica para el escrutinio electoral en Colombia.
 

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La investigadora partió del registro de las elecciones de 2014 para realizar un análisis diagnóstico, además de buscar prácticas óptimas en otros países y organizaciones, y así generar una propuesta de gestión tecnológica, validada por expertos, que permita brindar mayor transparencia a los escrutinios de las elecciones populares en Colombia.
 

“Como no queríamos tener un proceso ajeno a las dinámicas del país, validamos la propuesta a través de un juicio de expertos que conocieran del tema desde un punto de vista teórico, pero que también hayan formado parte de la organización electoral, como en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil”, señaló la magíster.
 

También se contó con actores interesados en la ejecución del proceso electoral, como expertos en la habitabilidad de partidos, académicos y docentes con experiencia tanto en el campo electoral como en el tecnológico en el ámbito público.

Pese a su importancia, la investigadora relata que fueron muy pocos los artículos que relacionan de forma sistemática la relación entre la gestión tecnológica y los procesos electorales, aclarando a su vez que la progresiva inclusión de la tecnología puede ser un soporte para  brindar mayor transparencia a un proceso esencialmente humano, y  no puede entenderse como la sola automatización de procesos, sino que debe comprender todas las particularidades de ese componente.
 

Debilidades de un proceso democrático


Una de las debilidades identificadas por la magíster en las elecciones de 2014 fue la falta de control de auditoría del proceso de escrutinio, y escaso desarrollo de capacidades de gestión tecnológica en el interior de los organismos electorales.
 

“Encontramos que la infraestructura tecnológica de los organismos también necesitaba un soporte, es decir, faltaba fortalecer las necesidades y los requerimientos de las entidades escrutadoras tanto nacionales como internacionales para dar respuesta”.
 

La magíster identificó que ante las reclamaciones de los partidos y candidatos no hubo respuesta de las comisiones escrutadoras, reflejo de sus decisiones: “normalmente esto se lleva en actas, y según el procedimiento y el reclamo se hace una actuación, pero algunas veces ese cambio no quedaba reflejado, y esas decisiones de cada nivel de comisión terminan afectando los resultados generales”.
 

Otro de los aspectos que salió a relucir es que hace falta formación en el personal frente al proceso crítico de escrutinio electoral, usuales errores humanos en el conteo de los votos (por marcaciones ilegibles), malas prácticas, como los accesos ilegítimos, resultados previamente consultados o deshabilitación de mecanismos de identificación biométrica, entre otros. De igual manera, limitación en el acceso a documentos electorales de consulta en formatos accesibles para los actores interesados, partidos políticos, candidatos, observadores, lo que afecta en últimas la publicidad de este proceso de consolidación de resultados, que tiene como objetivo salvaguardar la verdad electoral.
 

Se identificó que la trazabilidad en los documentos electorales es difícil si no hay una garantía de custodia, por ejemplo, por parte de la academia, pues es como votar y confiar en que haya quedado bien.


A esto se le sumaría el hecho de que no todos los documentos electorales se digitalizaban por completo, y si a una mesa de jurado se le extraviara un documento, sería más complejo comprobarlo.
 

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Agrega que “aunque existe una normatividad robusta, sigue habiendo una brecha muy grande, y a pesar de que no es un problema generalizado ni abierto, la falla más pequeña en un proceso tan crítico como la definición de quiénes nos gobernarán en los próximos 4 años, es poco admisible”.

Propuestas para una mayor transparencia


La propuesta desarrollada por la magíster Rosero se basa en 6 etapas:
 

  1. Relacionada con la participación activa de los actores involucrados, como partidos políticos, organismos de intervención electoral y la ciudadanía en general, quienes pueden participar en la identificación de necesidades tecnológicas para la transparencia del escrutinio, teniendo en cuenta que no se trata de la automatización de procesos, sino de hacer trazable la incorporación de esas tecnologías para garantizar la verdad electoral.
     
  2. Le apuntaría a la selección del rumbo tecnológico del escrutinio, por ejemplo, ver hacia dónde va la tecnología sobre este tema, qué están haciendo otros países u operadores privados en esta materia, o ver cómo procesos similares (no necesariamente el escrutinio) se pueden traer para hacer un proceso más preciso.
     
  3. Tiene que ver con el acceso a la tecnología en el proceso del escrutinio electoral, donde exista la posibilidad de pensar, por ejemplo, cómo se negocian los contratos de transferencia tecnológica, y cuáles son las condiciones para incorporar esa tecnología al contexto nacional.
     
  4. Relacionada con la protección de la tecnología para el escrutinio, desde la gestión de la propiedad intelectual y para evitar incidentes de seguridad digital.
     
  5. Se refiere a la explotación y el uso de tecnologías para el escrutinio de forma inteligente, que dé seguridad digital y neutralidad en aspectos de votación, que le brinde a la ciudadanía la garantía de que la decisión de voto se refleja en los resultados.
     
  6. Tiene que ver con la mejora continua del proceso electoral en el país.
     

“Aunque Colombia ya está implementando estándares internacionales de calidad en los procesos electorales, necesitamos que eso se traduzca en que cada una de las fases tenga una mejora continua y que permita una auditabilidad por parte de los interesados, realizada no solo por equipos internos, sino también por personas externas que puedan contribuir a este proceso que nos interesa a todos”.
 

Según la magíster, esta propuesta se podría implementar aprovechando la reforma al código electoral realizada en 2020, la cual, dentro de sus pilares está centrarse en el procedimiento y no solo en los debates filosóficos y políticos, sino entendiendo que la democracia necesita de una infraestructura que la sostenga.
 

“Con este nuevo código electoral, si la Corte lo declara constitucional, existe una oportunidad de incrementar la propuesta de gestión tecnológica, porque, sí o sí, el sistema electoral colombiano es un sistema reglado que necesita habilitar a los agentes que forman parte del sistema para que puedan ejecutar diferentes decisiones”, puntualiza.
 

Por último, señala que se trata de una herramienta de gestión, que debe partir desde la progresividad y las garantías electorales, y puede brindar más claridad para desplegar todo ese proceso tan complejo. Así mismo, que sería clave tenerla en cuenta para los próximos procesos electorales, por ejemplo en las elecciones que se avecinan para los jóvenes, se ha visto un ejercicio muy interesante de interacción con los aspirantes en distintas plataformas, también en las elecciones que definirán el Congreso y el  nuevo presidente en 2022.

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