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En Colombia el 70 % de la explotación minera está en manos de las multinacionales

El mundo entero experimenta una lucha por el control de las fuentes de materias primas, como hidrocarburos, minerales metálicos y no metálicos, por parte de las grandes potencias, requeridas para el desarrollo de nuevas tecnologías, poniendo a los países dependientes en la mira de los monopolios extranjeros productores de tales bienes.

Por ejemplo, los hidrocarburos han desatado un intenso accionar bélico, obedeciendo a los intereses de sus clases dominantes, poseedoras de las grandes empresas transnacionales, que hoy acumulan el 75 % del comercio mundial, cuyo resultado ha sido hundir a regiones enteras del mundo (el Magreb, Medio Oriente, Asia Central, Europa Oriental) en guerras permanentes con el fin de explotarlas, despojando a sus poblaciones de los recursos necesarios para edificar su propio desarrollo productivo.

En Colombia, desde hace ya más de 30 años, las políticas económicas y sociales han estado direccionadas a facilitar el proceso de vaciamiento de los campos, con la guerra como una estrategia eficiente que cumple el propósito de generar nuevos espacios para el capital trasnacional.

Posibilitar la extracción de los recursos energéticos presentes en el territorio supuso la destrucción de las pequeñas y medianas economías agrícolas, la “liberación” de zonas de alta importancia geoestratégica, la destrucción de culturas y pueblos ancestrales, posados en regiones de grandes riquezas mineras, y la puesta al servicio del gran capital del recurso agua como condición indispensable para la gran minería.

El libro Geopolítica del despojo. Minería y violencia en Colombia* es el resultado de una exhaustiva investigación que abordó desde la teoría y la práctica las implicaciones que ha tenido para el país la imposición del neoliberalismo en su forma más violenta.

El estudio abordó, de manera estructurada, un análisis crítico al llamado extractivismo, que no es más que la explotación por parte de las empresas multinacionales de materias primas energéticas y minerales. Además indagó acerca de las políticas del Estado colombiano, sus impactos sociales, económicos, territoriales y las dramáticas implicaciones que esta desmedida forma de explotación tiene en los países dependientes, como Colombia.

Para la investigación se visitaron regiones emblemáticas de la explotación minero-energética y del conflicto y la violencia en el país. En el sur de Bolívar, los municipios de Arenal, Norosí, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo; en La Guajira, los municipios de Albania, Barrancas y Hatonuevo; y en Tolima, los municipios de Ataco, Cajamarca y Líbano.

En el análisis de los datos se relacionan las variables de expulsión de población por municipio, de presencia de bloques petroleros y títulos mineros y de variación en los tamaños de la propiedad rural en Colombia entre 1997 y 2012. En seguida se ofrecen algunos de los principales hallazgos de este trabajo.

Planes de desarrollo centrados en industria extractiva

El estudio identificó la entrega incondicional de los recursos energéticos a las empresas transnacionales, para que estas, bajo diferentes figuras, incluso la de poseer cédulas reales y territorios a perpetuidad, exploren y exploten dichos recursos. El 46,35 % (1.982.778,77 hectáreas) de los títulos mineros están en manos de grandes multinacionales, abarcando estos el 1,75 % del territorio nacional.

Otro hallazgo es que la centralización y concentración de la explotación minera se manifiestan en que son unos pocos monopolios globales, como la Glencore, Anglo American, AngloGold Ashanti, bhp Billiton, Drummond, Exxon-Mobil, Chevron y otras pocas más las que pueden explotar nuestros minerales en gran escala. Tal aprovechamiento, en más del 70 %, está en manos de compañías trasnacionales.

Entre los aspectos identificados se encuentra que las estrategias implementadas por los últimos Gobiernos nacionales han sido impuestas por los organismos multilaterales, los Estados de los países ricos y los lobbies multinacionales, en medio de las profundas asimetrías que profundizan la dependencia de gran parte de las economías del mundo.

El estudio identificó la entrega incondicional de los recursos energéticos a las empresas transnacionales, para que estas, bajo diferentes figuras, incluso la de poseer cédulas reales y territorios a perpetuidad, exploren y exploten dichos recursos.

Una de esas estrategias tiene que ver con la reprimarización económica a la que ha sido sometida particularmente Colombia; esto se manifiesta en el arrasamiento violento de la actividad agrícola, la renuncia al desarrollo industrial, la priorización en los procesos extractivos, fundamentalmente en la explotación de recursos minero-energéticos, y la dependencia fiscal de dichos recursos. Los planes de desarrollo, definidos durante los últimos gobiernos fueron soportados en los recursos derivados de la industria extractiva; la fuerte reducción de los precios en el mercado mundial abocó al país a una crisis económica y fiscal que, como se indica extensamente en el libro, no está bajo el control del Gobierno nacional sino, que, por el contrario, es la evidencia contundente de las condiciones de dependencia económica y del intercambio desigual existente en el comercio internacional.

Legislación pensada para las multinacionales

Dentro de los resultados de la investigación también se encontró que la legislación nacional ha sido elaborada y modificada en función de los intereses de las transnacionales extractivas, teniendo un papel determinante en todo el proceso de explotación e implantación del modelo minero-energético; el código minero, diseñado y modificado a la medida de las necesidades y exigencias de las empresas multinacionales, es un ejemplo clásico de la existencia de una legislación al servicio del gran capital. Una muestra de ello es que a partir de estudios geológicos que demostraron que el país contaba con reservas importantes de minerales estratégicos –como oro, platino, cobre, fosfatos, potasio, magnesio, carbón metalúrgico, uranio, hierro y coltán– se determinó, mediante la Resolución 18-0241 del 24 de febrero del 2012 del Ministerio de Minas y Energía, delimitar y declarar como áreas estratégicas mineras un área total de 2.900.947 hectáreas.

Con lo anterior, y sumado a las zonas ya tituladas, el Gobierno nacional destinó el 26,7 % de nuestro territorio a la explotación minera. Aunado a esto, el Decreto 2041 de octubre de 2014 modificó los procedimientos de expedición de licencias ambientales para proyectos mineros e infraestructurales disminuyendo los tiempos de trámite de 24 a 3,5 meses. Las principales beneficiadas fueron las 25 empresas multinacionales que ostentan el 46,35 % de los títulos mineros otorgados en el país para explotación de oro, carbón o metales.

Paramilitarismo, impacto ambiental y nueva conciencia ambiental

De igual manera, ha habido una violencia desenfrenada alrededor de la actividad extractiva, que ha sido parte de una estrategia dirigida al vaciamiento y la entrega de territorios al gran capital, originando el desplazamiento forzado y el despojo territorial y cultural de comunidades campesinas, negras e indígenas. Por ejemplo, son conocidos los casos de financiación de grupos paramilitares por parte de carteles de la droga o de multinacionales como Drummond, BP y Occidental.

Se identificó el surgimiento de una nueva percepción en muchos de los pobladores y organizaciones de las regiones visitadas que apuntan a la transformación de un imaginario generalizado, hasta hace poco, de no relacionar la explotación de oro o petróleo con una idea de progreso.

Otro aspecto identificado en la investigación es el brutal impacto ambiental sobre la geografía nacional de la contaminación y el deterioro territorial, producto de los procesos extractivos en los cuales se emplean tecnologías como el fracking, se usan materiales pesados como mercurio y cianuro, y se implementan estrategias de deforestación, desvío de fuentes hídricas, destrucción de la producción agrícola de pan coger, con el argumento de intensificar la extracción de materiales y recursos sin los cuales el “desarrollo” no sería posible.

Y una última conclusión del trabajo es que se identificó el surgimiento de una nueva percepción en muchos de los pobladores y organizaciones de las regiones visitadas que apuntan a la transformación de un imaginario generalizado, hasta hace poco, de no relacionar la explotación de oro o petróleo con una idea de progreso.

Dicha relación se está rompiendo y se manifiesta en el discurso y en las prácticas de resistencia de los campesinos, de los mineros, de los indígenas y afrodescendientes, que participan de las organizaciones de resistencia a la gran minería. Surge una importante conciencia ambiental ligada a la defensa del agua, fruto de la escasez, y, en algunos lugares, de su desaparición como recurso, sin el cual no es posible la vida.

A manera de conclusión se puede afirmar que el despojo y la violencia no han sucedido sin el repudio de los afectados, las luchas de las comunidades y de los obreros mineros, la resistencia de los pueblos indígenas y la organización de los campesinos, que de manera permanente ha constituido acciones de resistencia al despojo, la contaminación y el deterioro de sus territorios. Pasadas más de dos décadas del auge paramilitar, de la masificación del desplazamiento forzado como forma de desposesión, y a su vez de acumulación de las tierras rurales productivas, y de la implementación del Plan Colombia y su colofón, la “locomotora minera”, es posible avanzar en un examen de las transformaciones territoriales y sociales que estos procesos han ocasionado.

Lea un adelanto del libro aquí

 

*Geopolítica del despojo. Minería y violencia en Colombia es una publicación de la Facultad de Ciencias Humanas y una de las novedades de la Editorial UN en la Filbo 2019. Su presentación será este jueves 2 de mayo a las 3 p. m., en el Auditorio José Asunción Silva, en Corferias.

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