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Empobrecimiento y agudización de desigualdades hacen necesaria una renta básica en Colombia

Estos impactos, entre otros, exigen políticas públicas sociales de emergencia que atiendan oportuna y eficazmente las necesidades acuciantes de amplios grupos de la población colombiana que por su grado de vulnerabilidad laboral y de ingresos son susceptibles de sufrir una drástica caída de sus ya precarias condiciones de vida, al punto de que muchos hogares puedan caer rápidamente en la pobreza extrema o al menos a la pobreza en una perspectiva no sólo coyuntural sino más duradera.
 

Por esto, deberían adoptarse medidas de transferencias de rentas de emergencia y por lo menos temporalmente mientras se logren superar los efectos sociales más determinantes y  sobrevinientes de la pandemia. De lo contrario, además de las consecuencias en términos de un proceso masivo de empobrecimiento, de agudización de desigualdades y de exclusión social, tomaría además de considerable tiempo y de ingentes esfuerzos de carácter público no solamente financieros para revertir el proceso.


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Importancia de la población vulnerable para la política pública social de emergencia


Con la crisis y el confinamiento obligatorio se afectan de manera considerable los ingresos ya precarios de, entre otros, los trabajadores por cuenta propia (formales e informales), de los trabajadores de la construcción informal, del comercio al por menor informal y de pequeños negocios e incluso hasta medianos negocios informales, muchos de ellos integrantes de familias vulnerables que hoy se encuentran por fuera de los programas sociales que adelanta el Gobierno nacional central, entre ellos: “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción”, “Adulto Mayor”, y devolución del IVA.
 

Cabe destacar que los trabajadores por cuenta propia llegan a representar el 42.8 % de las personas ocupadas en el  país en el periodo noviembre de 2019 - enero 2020, en tanto que los trabajadores familiares sin remuneración representan otros 3.4 % y parte del grupo de obreros particulares que participan con el 39.5 %, constituyen el conjunto de trabajadores informales. Es decir, estos trabajadores podrían alcanzar a participar con más del 50 a 53 % de las personas ocupadas.
 

Una buena proporción de este conjunto de trabajadores podrían ser consideradas como vulnerables o con condiciones de precariedad laboral, tanto por sus ingresos laborales como por la ausencia de prestaciones sociales.


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A este grupo poblacional habría que agregarle al menos una porción de la población bajo la línea de pobreza, precisamente la que no estaría ocupada, y que buena parte de ella ya vendría siendo beneficiaria de los programas sociales como “Familias en acción”.

Un parámetro de referencia para la transferencia de rentas de emergencia está dado por la pobreza monetaria ya que en situaciones sobrevinientes, no esperadas que implican una caída súbita de ingresos monetarios para hogares que no cuentan con ahorros o activos para convertirlos en liquidez, que contribuya a paliar dicho recorte de ingresos; su consumo de subsistencia no sería garantizado, a menos que recibiera un renta básica de emergencia durante un periodo mínimo en el que se reproducen los impactos depresivos directos del confinamiento obligatorio y cuando se avance en la transición hacia una nueva condición de “semi o cuasi-normalidad”.
 

Dado que en términos de la línea de pobreza monetaria, según información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca de un 27 % de la población estaba ubicada por debajo de dicha línea a finales de 2018, es claro que la población objetivo para la recepción de una transferencia monetaria básica dependería del cubrimiento entre población considerada vulnerables y población pobre. De estos, cerca de 2.5 millones de hogares estarían recibiendo transferencias por concepto de programas sociales existentes.
 

Además, el Gobierno nacional considera que los hogares beneficiarios del recién establecido programa de “Ingreso solidario” que no hace parte de los programas sociales "Familias en Acción", "Colombia Mayor", "Jóvenes en Acción" y "Devolución del IVA", es de unas 3 millones de personas..
 

La población objetivo de un programa de renta mínima de emergencia podría oscilar entre tres (3) y cinco (5) millones de hogares.


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En este contexto, aquellos hogares beneficiados con tales programas tendrían que: renunciar temporalmente –mientras dure el programa de renta mínima básica de emergencia–  y recibir la renta básica de emergencia al mes, o seguir recibiendo los beneficios normales de ellos al mes, adicionándoles la diferencia entre el valor de la renta mínima de emergencia y el valor de las transferencias mensuales de los programas sociales en referencia al mes. 
 

Esto resulta fundamental con el objetivo de evitar duplicidades, altos costos de transacción e inequidades horizontales entre hogares sujetos a la renta básica de emergencia.
 

Renta básica extraordinaria para las familias más vulnerables


Teniendo en cuenta lo anterior, se propone otorgar una transferencia no condicionada a los hogares más vulnerables del país de un salario mínimo legal vigente (SMLV) equivalente a 877.803 pesos al mes por tres meses, en calidad de renta básica extraordinaria de emergencia. Este conjunto de hogares podría llegar a un orden de 3 millones. Así, entonces, el costo fiscal de la propuesta es de 7.9 billones de pesos en 2020 (equivalente a un 0.72 % del PIB).

A su vez, suponiendo que el número de personas bajo pobreza monetaria en la actualidad fuera de unos 13 millones 73 mil (una incidencia del 27 % como el DANE estima para finales de 2018) y si se asume 4 personas por hogar, el número de hogares pobres monetariamente ascendería a 3 millones 268 mil –si se supusiera 3 personas por hogar, entonces serían 4 millones 358 mil hogares–. Si a estos hogares (3.268.000) en pobreza monetaria se le otorgaran durante tres (3) meses, un SMLV, el costo fiscal ascendería a 8.6 billones de pesos en 2020 (0.79 % del PIB).
 

Ahora bien, en el supuesto de que estos dos conglomerados (hogares pobres y hogares vulnerables) fuera estrictamente distintos entre sí –es decir, exhaustivamente excluyentes– el costo fiscal de la renta básica de emergencia ascendería hasta 16.5 billones de pesos en 2020 (1.51 % del PIB). Pero dicho supuesto es totalmente irrealista porque debe haber un amplio cubrimiento entre ambas poblaciones: vulnerable y pobre. Si este fuera del 50 % se tendría un universo de unos 4 millones 768 mil hogares y el costo fiscal de la medida sería de 1.2 % del PIB.
 

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Sin embargo, el costo neto de la renta básica es claramente inferior porque habría que deducirle el costo fiscal durante los tres meses de vigencia de la renta de los programas de sociales ya mencionados, los cuales se encuentran focalizados en las “familias pobres en todas las regiones y municipios del país” (CONPES 3472 de 2007), y ya se encuentran presupuestados para 2020.
 

Por supuesto, la renta básica extraordinaria de emergencia propuesta es ambiciosa en la amplitud de la población objetivo, cubre un periodo de tres meses y es mucho más digna y resolutiva para la población objetivo en el inmediato plazo.
 

En este punto debe señalarse que una política relacionada con transferencias monetarias a la población vulnerable en proceso de implantación en otros países de la región podría exceder en algunos casos al 1.2 % de sus respectivos PIB, como sobresale el caso del Brasil, superando incluso el costo fiscal relativo al del programa de renta básica temporal para familias vulnerables aquí propuesta (0.9-1.0 % del PIB).
 

Renta básica extraordinaria de emergencia para micronegocios


En su encuesta de micronegocios, el DANE reporta que hay una proporción importante de trabajadores que laboran informalmente en unidades productivas que ocupan entre 3 y 9 personas, y que son susceptibles de ser formalizadas. Este conglomerado comprende entre 1.000.000 y 1.500.000 de unidades productivas, a las cuales se les debe garantizar una transferencia directa condicionada de un salario mínimo legal vigente durante tres meses, si y solo si no se despidiera a trabajadores y se formalizara hacia el futuro, con la adopción gubernamental de medidas adicionales para abaratar los costos de formalización existentes. El costo fiscal de esta transferencia oscilaría entre 8 (0.7 % del PIB) y 12.0 billones de pesos (1.0 % del PIB) en 2020, suponiendo que en cada una de estas unidades laboraran tres personas, en promedio.


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La implementación de una renta básica extraordinaria de emergencia superior a la cuantía del umbral de pobreza definido por el DANE1, para los hogares vulnerables y en pobreza, o bien en su totalidad de manera directa a los hogares o a través parcialmente y de manera indirecta a micronegocios informales, contribuiría a paliar de manera importante los impactos económicos y sociales generados por la pandemia en estos hogares y negocios, aunque es cierto que no las resolverá en su totalidad.
 

Esta opción de política pública social es la mejor disponible con un costo fiscal neto sorteable para las finanzas públicas; además, desde el punto de vista administrativo, la renta básica extraordinaria de emergencia goza de una gran simplicidad en su manejo al reducir a uno los tres (3) o cuatro (4) tipos de programas públicos nacionales, lo cual supone un ahorro importante en los costos de gestión, en los costos de transacción para la población beneficiaria y una deseable racionalización de la política pública social de emergencia contribuirá por parte de las Unidades Ejecutoras.
 

Sin duda alguna, la experiencia con la renta básica extraordinaria contribuirá a racionalizar, perfeccionar y replantear una multiplicidad de programas que se vienen aplicando desde hace varios años y que hoy a raíz de la crisis social y económica provocada por la pandemia han evidenciado sus ineficiencias, sobrecostos y fallas administrativas.

 


1 “La línea de pobreza monetaria extrema per cápita nacional en 2018 fue $117.605, en el caso de un hogar de 4 personas fue $470.420” un 60.2% del SMLV de 2018 ($781.242). “La línea de pobreza monetaria per cápita nacional 2018 fue $257.433, en el caso de un hogar de 4 personas fue $1.029.732”, es decir, 1.31807 veces más que el SMLV (un 31.8% más que el SMLV).

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