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El retorno de los venezolanos: una crisis que volverá con más fuerza

Hace más de dos años, cuando se evidenciaba que el flujo migratorio de venezolanos que estaban huyendo de la crisis estructural de Venezuela era una “bomba de tiempo que nos estalló en las manos”3, se planteaba la necesidad de tratarlo bajo la óptica del derecho internacional de los refugiados en los términos de la Declaración de Cartagena de 1984, ya incorporada en nuestra legislación interna.
 

También se mencionaba que en cualquier caso -de darse otro manejo- nunca se debía colocar requisitos que hicieran más atractiva la ruta de la irregularidad migratoria, pues esta propiciaría no solo dificultades para el establecimiento de políticas públicas de atención a dicha población, sino ante todo aumentaría la vulnerabilidad de estos migrantes, en lo que se evidenciaba como una crisis de largo plazo que requería de esfuerzos de coordinación y cooperación internacional que superaban los recursos que existían en ese momento.
 

Puedes escuchar: ¿Qué pasa en la frontera entre Colombia y Venezuela?.
 

Dos años después, pese a que se activaron mecanismos de solidaridad interna tanto públicos como privados para mitigar el efecto de esta crisis relacionada con venezolanos4, el Gobierno colombiano optó por descartar esta situación como una crisis de refugiados, y en cambio, abordarla como un flujo migratorio administrado con procesos de flexibilización temporal dentro del derecho de extranjería interno.
 

Para esto, aprovechó la normatividad Andina y sus mecanismos de coordinación con el Mercosur al que pertenecía Venezuela, reemplazando el requisito de pasaporte de los venezolanos con el ingreso con documentación venezolana y su tránsito con la Tarjeta Andina Migratoria. Igualmente estableció una Tarjeta de Movilidad Fronteriza para los flujos rotativos de frontera y un Permiso Especial de Permanencia -documento temporal que fue emitido en dos fases y dio regularidad migratoria y acceso a derechos a partir de un censo de la población venezolana5- que funcionó inicialmente porque logró la inserción y regularización de esta población.
 

El manejo de la crisis


Muchas razones pesaron para no manejar esta avalancha migratoria como una de refugiados. En diversos países del continente sonaron las alarmas frente a la internacionalización de la crisis, amenazando con ello la pérdida del control soberano sobre esta, en medio de un escenario regional e internacional altamente politizado y polarizado tanto en los Estados involucrados como en diversas organizaciones internacionales. A pesar de esto, las solicitudes de refugio pasaron en Colombia de unas pocas decenas a más de 5.303 con corte a mayo de 2019 y se sospecha que han sobrepasado las 20.000 en menos de un año. En ambos casos se superó la capacidad institucional de respuesta, teniendo en cuenta que dicha cifra, aunque parezca elevada es bastante inferior a la de otros países de la región.

Así las cosas, no considerar el refugio como política pública preponderante no solo no tuvo efecto sino que, por el contrario, la actual incapacidad para gestionar las solicitudes evidenciaría una violación de derechos humanos respecto de poblaciones que requieren de protección internacional y el derecho internacional de los refugiados, perjudicando así innecesariamente, el esfuerzo colectivo hecho por el Gobierno colombiano en el proceso de acogida de nuestros hermanos venezolanos.


Puedes leer: Dosier ante la ONU obedece a presión en bloque hacia Venezuela.
 

Ya en 2018 la migración venezolana aumentó dramáticamente y Colombia vio reducida su capacidad de absorción laboral y productiva, al tiempo que Venezuela enfrentó una precariedad económica nunca antes vista; a la vez que el éxodo se redireccionó del Brasil fronterizo hacia Perú, Ecuador y Chile, esta vez en un interminable paso de caminantes, cada vez más vulnerables, donde Colombia era a la vez país de destino y de tránsito.
 

De una situación relativamente controlada en 2018 se pasó a un éxodo desesperado que hoy acumula según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) -al menos formalmente- 5093087 de venezolanos, muchos de ellos huyendo como caminantes en procura de lograr solamente su supervivencia.
 

Al tiempo varios factores agravaron la condición de regularidad de los venezolanos en Colombia: por ejemplo, la imposibilidad de estos para acceder a documentos y pasaportes, sea por el colapso interno institucional de Venezuela o por los altos costos o mecanismos de corrupción generados dentro del Gobierno venezolano.
 

Sumado a esto, el posterior cierre de fronteras de Chile, Perú y Ecuador y la exigencia formal de estos países de una visa acompañada con una documentación imposible de obtener para esta población6, al tiempo que Colombia prolongó el acceso al Permiso Especial de Permanencia y generó limbos jurídicos que se sumaron al factor de “no abrir ventanas migratorias para aquellos que habían ingresado irregularmente al país”, y encarecieron la opción de la regularidad sobre todo para los que ingresaban en condiciones de mayor vulnerabilidad.
 

Como resultado de esa suma de factores, en menos de un año, en la población venezolana predominaba la irregularidad migratoria.


Con lo anterior queda claro que la política pública de privilegiar el modelo de protección temporal fracasó -al no cubrir en regularidad a la mayoría de la población venezolana- y con ello el Gobierno colombiano perdió una herramienta de control estadístico y de gestión de la crisis, que le hubiera permitido establecer prioridades y focalizar ayudas de emergencia a los más vulnerables.
 

Basta recordar que la normatividad internacional de los derechos humanos y el propio derecho constitucional colombiano exige para los extranjeros un trato en condiciones de igualdad con los nacionales. Colombia además de tener una deuda histórica con los venezolanos que nos ayudaron en su época de “vacas gordas”, tiene una obligación con esta población que debe ser asumida con herramientas de control estadístico y con un estándar de garantía de derechos que nos permita minimizar las impredecibles consecuencias de este flujo que promete continuar.
 

Si Colombia hubiera asumido esta crisis humanitaria como un fenómeno de refugiados, esta migración se hubiera visibilizado más ante la comunidad internacional y quizá se habría generado mayor solidaridad y corresponsabilidad en la comunidad internacional. Basta decir que la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial no ha logrado en momentos previos a la pandemia recolectar siquiera el 3 % de los 1.300 millones de dólares inicialmente solicitados.
 

La pandemia y las nuevas oleadas por venir


Ante la crisis mundial derivada de la pandemia -donde la cooperación internacional es cada vez más difícil de obtener- Colombia como sociedad tiene un reto adicional para enfrentar las consecuencias económicas transversales de esta coyuntura.
 

Es un hecho que la inercia de la crisis estructural venezolana se agravará, independientemente de las acciones que se tomen tanto a corto como a mediano plazo en Venezuela y vendrán en el escenario postpandemia no solo una oleada de retorno, sino también de nuevos venezolanos, cada vez más vulnerables; por ello es fundamental preparar escenarios que permitan aprender de los errores cometidos en estos últimos tres años para mitigar los efectos de una crisis de largo plazo.
 

Las soluciones


La pandemia en Venezuela -en medio de un país ya destruido estructuralmente- plantea para Colombia desafíos que exigen retomar el control migratorio y estadístico de esta población, para así garantizarles el acceso a derechos, mejorando la gestión de la crisis; se requiere igualmente incrementar la capacidad de respuesta de la cancillería colombiana con respecto a las solicitudes de refugio o establecer un mecanismo de reconocimiento automático o prima facie que permita acelerar estas solicitudes, como ya lo hizo recientemente el gobierno brasileño.

En cuanto a  la ayuda de emergencia que requerirá este flujo por venir, se hace  necesario contemplar tanto un mayor control territorial y monopolio de las armas en  las zonas de frontera frente a actores armados organizados, como  posibles escenarios de mega campamentos de refugiados, hasta ahora descartados para una frontera viva como la Colombo-venezolana. El país debe prepararse con respuestas dignas, que mitiguen la vulnerabilidad de la llegada y permitan acelerar el tiempo de inserción social, por tanto no pueden plantearse como centros de detención migratoria. 

La crisis venezolana actual plantea desafíos para los que hay que prepararse, pero también trae promesas de dinamización poblacional y económica que a mediano plazo beneficiarán a Colombia y que dichos factores se conviertan en cargas u oportunidades, dependerá de la buena o mala gestión de la actual crisis. A largo plazo no se debe olvidar que la lenta reconstrucción de la futura Venezuela será sin duda un motor de desarrollo para los dos países.

 


1 https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/265-abril-2020/cerca-de-600-venezolanos-regresaron-a-su-pais

2 http://www.redmas.com.co/colombia/sigue-retorno-venezolanos-pais-medio-canal-humanitario/

3 https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/venezuela-la-bomba-de-tiempo-que-nos-estallo-en-las-manos/

4 El principal de ellos la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, establecida por el Secretario General de la ONU a ACNUR y la OIM el 12 de abril de 2018 con el mandato de dirigir y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela en coordinación con más de 200 organizaciones humanitarias de diverso origen.

5 El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos RAMV https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/186-agosto-2018/migracion-colombia-implementa-sistema-de-turnos-en-linea-para-otorgar-pep-a-venezolanos-registrados-en-el-ramv?highlight=WyJyYW12Il0=

6 https://www.dw.com/es/ecuador-per%C3%BA-y-chile-se-coordinan-ante-migraci%C3%B3n-venezolana/a-50280390

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