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El posacuerdo llegó con violencia a Tumaco

Esto se suma a las condiciones de pobreza y desempleo, convierten a Tumaco en el símbolo de los retos y desafíos para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.
 

En Colombia la situación de guerra y violencia cambió significativamente después de la firma del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre la antigua guerrilla de las FARC y el Estado. A pesar de las acciones armadas tanto del ELN –en sectores reducidos del país– como de grupos armados del narcotráfico (neoparamilitares) y de estructuras de la antigua guerrilla desmovilizada, es innegable que la disputa armada se ha reducido. Lo mismo ocurre con las muertes de combatientes, los desplazamientos y otros hechos de violencia, lo cual refleja un avance positivo nacional.
 

Puedes ver: Las otras caras de Tumaco.


Sin embargo en algunas regiones parece que la situación no ha mejorado; es el caso de Catatumbo, Arauca, Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Guaviare, Cauca y Tumaco, donde se evidencia no solo un incremento en la violencia y en la confrontación armada, sino también la aparición de nuevos grupos insurgentes y un incremento de las economías ilegales como el cultivo de coca y la minería ilegal.
 

Llevar las rentas del Acuerdo de Paz a estas regiones es uno de los principales retos que debería afrontar el actual gobierno; infortunadamente la situación va en letargo.
 

Para entender por qué persisten la violencia y el conflicto armado en Tumaco, una investigación financiada por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz) indaga sobre la memoria geohistórica del conflicto y la violencia en la región entre 1990 y 2018. El estudio combina la geolocalización de varios indicadores de violencia y de la confrontación armada aplicando métodos cualitativos como el trabajo de campo y las entrevistas.
 

El punto de partida es la suposición de que el territorio se debe reconocer como un elemento estratégico en la interacción de los diferentes actores armados, la cual gira alrededor de la extracción de rentas ilegales. A continuación se presentan los principales hallazgos de la primera fase de la investigación, que fueron publicados en la página web del Instituto Capaz y en la revista Conflict, Security & Development, del King’s College de Londres.
 

Ubicación privilegiada, pero para la ilegalidad


Entre las importantes ventajas geoestratégicas que explican la presencia constante de actores armados ilegales en el municipio están su condición de frontera y su vasta selva húmeda; contar con autopistas fluviales como la de los ríos Patía, Telembí, Rosario, Mejicano, Chagüí y Mira, y con un acceso al océano Pacífico; disponer de una vía pavimentada que lo comunica con las regiones Andina y Amazónica de Colombia, y ser un puerto marítimo. Estas características, en vez de facilitar su desarrollo social, económico y político, han atraído las actividades de las guerrillas, los grupos paramilitares y el crimen organizado.
 

Los desplazamientos masivos son más frecuentes que antes y se concentran en la Ensenada de Tumaco afectando a las comunidades aledañas al río Mejicano, en especial al pueblo indígena Eperara Siapidara, el cual se encuentra confinado.


La confrontación armada y la violencia


El narcotráfico hizo presencia en Tumaco desde la década de 1990, inicialmente como corredor de la pasta base traída de otras regiones de Colombia, su procesamiento en cocaína y transporte hacia el exterior por vía fluvial y marítima. Esta operación estaba a cargo del Cartel del Valle del Cauca y su centro de operación era el corregimiento de Llorente (hacienda Vaquería), en zona rural del municipio.
 

Para entonces, los niveles de violencia y confrontación eran muy bajos comparados con los registrados en el resto del país, pues el Cartel de Cali era hegemónico y no tenía competencia en la región.
 

Esta situación cambió a comienzos de la década de 2000. Con el desplazamiento de los cultivos de coca como consecuencia del Plan Colombia, la expansión general de los grupos paramilitares en gran parte del país, el fracaso de la negociación con las FARC (1998-2002) y el inicio de las operaciones del Plan Patriota, se presenta un despliegue territorial tanto de la siembra de cultivo de coca como del conflicto armado hacia esta región. Mientras las fuerzas del Estado persiguen a las guerrillas, los paramilitares se consolidan en áreas estratégicas para comercializar y transportar drogas e insumos.
 

El Bloque Libertadores del Sur de las autodefensas se posiciona en el área urbana de Tumaco y sobre la vía, hasta el corregimiento de Llorente y el corredor fluvial del Bajo Mira y la vía a Barbacoas. Esta estructura entra en disputa con las FARC, que habían consolidado su presencia con la Columna Móvil Daniel Aldana sobre gran parte del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera; la Columna Mariscal Sucre, sobre la vía al mar del corregimiento de Llorente hacia la cordillera, y el Frente 29, sobre el río Patía, el Telembí y la llanura pacífica.
 

Desde entonces y hasta hoy, desde Llorente se organiza el narcotráfico que va por la carretera y por el río Mira hacia la convergencia entre el litoral y la frontera con el Ecuador y la salida al mar.
 

A medida que se incrementa el cultivo de coca, otras estructuras al mando de narcotraficantes entran en escena. Catalizados por la ausencia y el abandono del Estado colombiano, los niveles de disputa y violencia hacia la población civil aumentan, en especial hacia los pueblos afrocolombianos e indígenas.
 

En 2005 se registra la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur que operaba en esta región, e irrumpen las “bandas criminales”, estructuras emergentes como Los Rastrojos y el Clan del Golfo.
 

Al mismo tiempo las FARC buscan consolidar los espacios dejados por las primeras. En este contexto, la violencia se recrudece, con inmensos costos humanitarios e impactos en los pueblos étnicos. En efecto, 2007 fue el año de mayor violencia registrada en Tumaco, incluso mayor que la actual. La tasa de homicidio en el municipio fue de 157 por cada 100.000 habitantes (hpch), cuatro veces por encima del promedio nacional (39,2 hpch). Lo anterior también explica la afectación territorial tan concentrada sobre los entornos del área urbana de Tumaco y las proximidades a la vía de acceso al municipio desde Llorente.
 

Para 2012, las FARC habían logrado una importante consolidación en la región. Se habían establecido como un actor hegemónico, absorbiendo o aniquilando a las estructuras criminales que le competían.
 

Mientras Los Rastrojos, muy debilitados, mantenían cierto control sobre sectores de la vía desde Llorente hasta Tumaco, en Barbacoas, área urbana de Tumaco, lo tenía el Clan del Golfo. En Tumaco los cultivos de coca se dispararon a partir de 2013, al pasar de 6.611 a 16.046 hectáreas en 2019, convirtiéndolo en el municipio con mayor número de plantaciones. Al mismo tiempo, los niveles de violencia decrecieron significativamente, debido a dos aspectos principales: los efectos de las negociaciones de paz en La Habana y el sometimiento de Los Rastrojos por parte de las FARC.
 

Después de la desmovilización de las FARC, se presenta un fenómeno de fragmentación y aparición de nuevas estructuras armadas. La dinámica es muy similar a los efectos de la desmovilización de las autodefensas en 2005.


Corredor estratégico para la economía ilícita


Para explicar la situación actual de violencia y conflicto armado en Tumaco se deben considerar dos factores relevantes: primero, el incremento de los cultivos de coca desde 2013, y segundo las condiciones geohistóricas de algunos territorios estratégicos articulados en la economía de la coca: el corregimiento de Llorente, la región del Alto Mira y Frontera, la vía desde Junín hasta Tumaco y los corredores fluviales de los ríos Mira, Telembí, Patía, Rosario, Mejicano y Chagüí.
 

Después de la desmovilización de las FARC, se presenta un fenómeno de fragmentación y aparición de nuevas estructuras armadas. La dinámica es muy similar a los efectos de la desmovilización de las autodefensas en 2005.
 

Hoy, un foco de presencia de nuevos actores armados se da en el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera y en las cuencas de los ríos Mejicano, El Rosario y Chagüí. Los nuevos grupos están conformados especialmente por exguerrilleros: el Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho hasta su muerte en diciembre de 2018, y las Guerrillas Unidas del Pacífico bajo el mando de alias David, muerto en combate en septiembre del mismo año.

Un segundo núcleo se despliega en espacios donde –entre 2007 y 2011– estuvieron Los Rastrojos o el Bloque Libertadores del Sur, esto es en el entorno de Llorente, en la carretera y aún en el casco urbano de Tumaco. Así las cosas, los mismos escenarios, corredores y territorios que desde la década de los noventa usó el Cartel de Cali, siguen siendo objeto de control.
 

El escenario de fragmentación que se vive en el área rural del municipio también se expresa en el perímetro urbano, el cual ha sido objeto de control por los actores armados ilegales, con enfoque en los barrios estratégicos para la operación del narcotráfico: las zonas de procesamiento de alcaloides y los corredores estratégicos para el embarque de mercancías y la entrada de insumos.
 

Hoy los enfrentamientos toman especial fuerza porque no hay una única estructura con la capacidad de articular ese diverso conjunto de intereses. Tanto la violencia contra la población civil como la confrontación armada son manifestaciones de las luchas por el control de estos espacios que tienen un valor estratégico para las economías ilícitas.
 

Incremento de homicidios y desplazamiento forzado


Con la disputa marcada por el enfrentamiento entre estructuras disidentes de las FARC se ha incrementado la violencia desde hace cuatro años. Si se comparan 2016 y 2019, se evidencia un incremento del 37 % en la tasa de hpch, y un aumento del 100 % en víctimas por minas antipersonales (36 víctimas).

La situación actual en Tumaco es tan compleja, que el desplazamiento forzado registra un aumento del 52 % en 2019 frente a 2016. Los desplazamientos masivos son más frecuentes que antes y se concentran en la Ensenada de Tumaco afectando a las comunidades aledañas al río Mejicano, en especial al pueblo indígena Eperara Siapidara, el cual se encuentra confinado. Así mismo, han afectado a comunidades afrocolombianas del río Chagüí, quienes se trasladaron hasta el área urbana de Tumaco y en este momento han iniciado su retorno.
 

A diferencia del pasado reciente, cuando los desplazamientos masivos se relacionaban con la confrontación armada entre las fuerzas del Estado y los grupos regulares, el enfrentamiento actual en las zonas rurales de Tumaco se presenta entre grupos ilegales, todos residuales de las antiguas FARC y mezcla de narcotraficantes. El centro de gravedad de esta disputa armada sigue siendo Llorente.
 

El Frente Oliver Sinisterra sigue haciendo presencia en la región del Alto Mira y Frontera y se ha expandido hacia el río Telembí, debilitando al grupo Guerrillas Unidas del Pacífico. En dicha zona siguen actuando grupos narcotraficantes, especialmente articulados por alias Contador, quien hasta el momento de su reciente captura financiaba a algunos de estos grupos para obtener el control de la pasta base y por ende del procesamiento del alcaloide y posterior embarque al exterior.
 

La atomización de los grupos residuales después de la muerte de alias Guacho y alias David explica la situación de confrontación. No obstante, en 2019 bajaron los niveles de homicidio frente a 2018, y esto también se ve reflejado en el área urbana de Tumaco, situación que se podría explicar por el posible frágil acuerdo de no agresión entre los grupos ilegales en este territorio, establecido después de la muerte de los jefes de las disidencias.

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