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El ocaso del último barrio popular de Chapinero

Al adentrarse por las estrechas calles del barrio Los Olivos se aprecian las dos caras de una misma moneda. Por un lado están las nuevas construcciones de estrato 6, hasta con 20 pisos de alto, ascensores, piscinas, saunas y canchas de squash. En el otro lado, casas de no más de tres pisos, de estrato 2, construidas sobre calles empinadas, escombros de propiedades demolidas o terrenos encerrados en latas.

“Los ricos quieren coger todo el barrio para ellos y han ido sacando a muchos vecinos de aquí”, afirma don Orlando, uno de los habitantes del barrio, mientras señala las imponentes edificaciones con su desvencijado bastón.

Sin saberlo, el hombre de unos 60 años hace referencia al fenómeno conocido como gentrificación, aburguesamiento o elitización, caracterizado por una transformación urbana en zonas estratégicas de la ciudad, lo cual genera el aumento del valor del suelo. Como consecuencia se produce el desplazamiento de la población de menores recursos económicos y su reemplazo por grupos sociales de mayores ingresos.

En el país los estudios alrededor del fenómeno todavía son escasos; sin embargo en los últimos años el crecimiento de la clase media, la expansión de las inversiones extranjeras –especialmente en el sector inmobiliario– y el auge del turismo han incrementado el interés por la intervención urbanística, siendo esta la principal causa del desplazamiento de la población en las ciudades.

Después de estudiar el fenómeno a través de problemáticas tradicionales como la vivienda, las intervenciones del Estado y los rasgos materiales y simbólicos de la fase actual que caracteriza la llamada gentrificación local, la arquitecta María Cecilia Benavides, magíster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia (UN), constató que en el caso del barrio Los Olivos más de 100 familias viven una historia de asedio por parte de inversionistas inmobiliarios.

De barrio deteriorado a objetivo de renovación urbana 

El interés por este sector empezó en 1990, cuando empresas privadas iniciaron un proceso sistemático de compra de predios. En ese momento se vendieron 40 casas entre 50 y 80 millones de pesos. No obstante “las viviendas adquiridas fueron demolidas, los escombros nunca se recogieron y estas casas empezaron a ser utilizadas para el consumo de drogas, se llenaron de basura y animales dándole un aspecto feo al barrio”, relata Andrea Cortés, habitante del lugar.

Los propietarios de 64 viviendas que no aceptaron negociar denunciaron las presiones a las que fueron sometidos para vender, en medio de lo que consideraron “una estrategia de deterioro del barrio e intimidación psicológica”. Sin embargo no siempre fue así, pues en 2012 una fiduciaria aceptó pagarles a los habitantes hasta 400 millones de pesos por sus viviendas (alrededor de tres millones de pesos por metro cuadrado).

El interés por el barrio Los Olivos empezó en 1990, cuando empresas privadas iniciaron un proceso sistemático de compra de predios.

Como respuesta a las presiones, el Distrito intervino y declaró la “existencia de condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e interés social” y se autorizó a Metrovivienda para expropiar unos predios por vía administrativa, en el marco de un cambio normativo que permitía cambiar el tratamiento de suelo a renovación urbana.

Por dicha vía, y teniendo en cuenta las condiciones de su adquisición, se planteó un proyecto que incluía vivienda de interés social (VIS) para residentes y nuevos habitantes, retomando de la fiduciaria más de 40 predios, y la propuesta a los habitantes que continuaban en el barrio de vender sus casas al Distrito. Esto causó gran debate ya que serían compradas según el avalúo comercial de catastro, es decir a 350 mil pesos el metro cuadrado, aproximadamente.

Dado el inconformismo de la comunidad, cerca de 60 familias todavía se resisten a vender: “yo vivo del arriendo de dos piezas y lo que me daría el Distrito no me alcanza para comprar una casa igual a la mía, pero eso así nos resistamos nos va a tocar vender en algún momento” asegura una habitante del barrio.

Después de conocer con más detalle la situación de Los Olivos, la magíster identificó dos procesos de gentrificación:

  • Simbólico, caracterizado por “su localización en el área central de la ciudad, donde el paisaje, sumado a los servicios ambientales –como mejor calidad de aire, menores niveles de ruido, bosques, cuerpos de agua, flora y fauna– le dan un valor agregado que los nuevos residentes estarían dispuestos a pagar”.
  • Apertura de nuevos mercados inmobiliarios. “Aquí la gentrificación se vuelve un proceso que responde a intereses particulares de intervención y mercantilización de lo urbano, cuyo propósito es maximizar las ganancias, sin que, en la mayoría de los casos, se tenga nada que ver con los desafíos de la ciudad, específicamente con el problema de la provisión de vivienda”.

El papel del Estado 

En Los Olivos, salvo el último periodo de intervención del Distrito (2014-2016), el problema de la provisión de vivienda para los menos favorecidos nunca fue parte de una respuesta del Estado o de una política pública orientada hacia el problema de la ocupación del territorio. Por el contrario, la solución a la vivienda se dio en un contexto de autoproducción, es decir de solución propia, primero por la casa, luego por los servicios y más adelante por su incorporación a la legalidad.

El Gobierno actúa como facilitador para agentes privados, por medio de acciones que desencadenan desplazamientos y la disminución del suelo de calidad para las personas de menores recursos.

Para el profesor John Williams Montoya Garay, del Departamento de Geografía, la gentrificación en Bogotá “es aún muy incipiente y ligada al Estado, pues los intentos de este por transformar ciertas zonas por medio de la renovación urbana es complicada por la criminalidad y porque los nuevos habitantes difícilmente se adaptan a los ambientes nuevos”.

Además en ocasiones el desplazamiento –o despojo– no es identificado porque es un proceso que se da a largo plazo y que se vale de presiones indirectas, como manifestaron algunos habitantes en Los Olivos. No obstante, su invisibilidad ha permitido que “el Estado ya no sea un garante de beneficios, sino que se convierta en facilitador de los negocios para los privados” señala la arquitecta Benavides.

La intervención urbana es una necesidad inminente, así que velar por los derechos sociales de los actores de menores recursos –para quienes el principal problema es el desplazamiento poblacional– y el compromiso del Estado para generar mecanismos de gestión que garanticen la protección del habitante original es la manera posible de prevenir o limitar los nefastos efectos de la gentrificación.

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