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El fracking avanza de manera irregular en Colombia

Desconociendo la recomendación hecha por la Contraloría General de la República en 2012 –de acoger el principio de precaución frente al fracking en Colombia–, y de la masiva movilización de las comunidades en distintos puntos del país en contra de esta técnica, desde 2014 se ofertan bloques de yacimientos no convencionales y se adelantan proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos mediante fracturamiento hidráulico.

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Lo anterior a pesar de la suspensión del marco regulatorio del fracking ordenado en 2018 por el Consejo de Estado y de las afirmaciones del Ministerio de Minas y Energía, que ha negado –en reiteradas ocasiones– que esta técnica se esté implementando en Colombia.

En efecto dicha actividad se está desarrollando de manera irregular, como por ejemplo en el campo Caporo Norte, de la multinacional Drummond, ubicado en La Jagua de Ibirico y Chiriguaná (Cesar), que incluye 57 pozos para la producción de gas metano que emplean fracturamiento hidráulico en mantos de carbón (ver Resolución 1655 de 2015 de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales - ANLA), lo cual corresponde a la definición de “yacimiento no convencional” de la Contraloría y del Decreto 3004 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.

Al respecto, el máximo órgano de control fiscal del Estado estableció que la ANLA otorgó en 2016 una licencia de explotación de yacimientos no convencionales basada, únicamente, en términos de referencia para exploración, a sabiendas de que los impactos ambientales son diferentes en ambas fases.

Aparte del poco tiempo del que dispuso la Comisión de Expertos sobre Fracking para formular sus recomendaciones, preocupan las condiciones sobre las que puntualizaron, entre las que se incluyen los riesgos e impactos ambientales comprobados al ambiente, a la sociedad y a la salud pública; la debilidad de la institucionalidad ambiental; la falta tanto de acceso a la información pública como de garantías en participación ciudadana, además de la ausencia de una línea base ambiental rigurosa y detallada, a la que se suma la carencia de licencia social en los territorios contemplados para la actividad.

Otro ejemplo es el piloto de fracking en el Bloque WMM3 en San Martín y Aguachica (Cesar), cuyo contrato fue adjudicado en 2009 al Consorcio Energía Colombia SA, que lo cedió a Integral de Servicios SA, y este a su vez a Shell, en 2011, que obtuvo licencia para desarrollar yacimientos convencionales. En 2015 el contrato fue cedido a ConocoPhillips y CNE Oil y Gas Ltda., en el marco de la suscripción de un nuevo contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para la exploración y producción de yacimientos no convencionales, o sea fracking. El documento especifica que se harían pruebas de estimulación hidráulica en el pozo Picoplata-1. Sin mayor reparo, la licencia otorgada a Shell en 2014 fue cedida, en marzo de 2016, a ConocoPhillips, que a partir del siguiente mes inició actividades de exploración de hidrocarburos convencionales y no convencionales en el bloque WMM3.

En tales movimientos, la Contraloría detectó en 2016 varios hallazgos de alcance disciplinario en la actuación de la ANLA, pues la licencia de 2014 estaba fundamentada en un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) específico para desarrollar yacimientos convencionales, por lo que no debió haberse cedido a ConocoPhillips, considerando la inclusión de una actividad no contemplada inicialmente.

Por el contrario, tuvo que haberse iniciado un nuevo trámite de evaluación y modificación de dicha licencia para permitir –si fuere el caso– la exploración de yacimientos no convencionales (trámite que exigía la realización de un nuevo EIA), teniendo en cuenta que la exploración de estos se efectuaría en el pozo Picoplata-1 y que la ANH lo había cambiado de estratigráfico a exploratorio en 2015.

Los casos mencionados estarían entre las razones que impulsaron las movilizaciones de septiembre de 2016, en San Martín (Cesar), a las que asistieron organizaciones nacionales e internacionales contrarias al fracking, las cuales fueron reprimidas y criminalizadas por varias instancias estatales.

Al año siguiente la Corporación Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez” y la Corporación Defensora del Agua, Territorios y Ecosistemas interpusieron una acción popular por el desarrollo irregular del piloto de fracking en el bloque WMM3. A pesar de esto, en enero de 2018 la ANLA inició el trámite de evaluación de licencia ambiental para el Área de Perforación Exploratoria (APE Plata), dando continuidad al mencionado piloto sobre una extensión de 17.835 hectáreas que comprenden zonas inundables del río Magdalena e importantes ríos tributarios, humedales y ciénagas (ver mapa).

Aunque la ANLA archivó la solicitud en octubre del año pasado, por considerar que la empresa no allegó información requerida o la presentó de manera incompleta (por ejemplo en lo relacionado con el manejo y la disposición del fluido de retorno; el ajuste del análisis de impactos ambientales; las valoraciones económicas y Plan de Gestión del Riesgo, entre otros), la licencia podría solicitarse de nuevo.

Poca capacidad de respuesta

De otra parte, y sobre un área de gran importancia hídrica –remontando el río Magdalena hasta la confluencia con el río Sogamoso en Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander)–, se encuentra el piloto de fracking APE Guane que se suspendió temporalmente, no por irregularidades en su contratación y licenciamiento, sino a raíz de la contingencia presentada en marzo de 2018 en el pozo Lizama 158, situado a solo 30 km del piloto en zona rural de Barrancabermeja.

Aunque la ANLA inició el trámite de licencia para este piloto a menos de un mes de conocerse la tragedia, la entidad rectifica, efectuando una suspensión preventiva de los trámites administrativos ambientales para “actividades cuya ejecución pudieren generar cambios en la presión de los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en la misma secuencia geológica terciaria del pozo Lizama 158”, incluyendo el APE Guane (ver Resolución 475 de 2018 de la ANLA). No obstante, la medida fue levantada en agosto pasado.

Al respecto, la Contraloría estableció en 2018 que Ecopetrol omitió “actividades específicas para mitigar los riesgos de incidentes operacionales por falla de integridad del pozo Lizama 158”, lo cual se vio agravado por una intervención al pozo en noviembre de 2017, en la que ocurrió un incidente operacional al que no se le hizo el debido seguimiento y control.

Luego de detectarse las irregularidades que fueron determinantes en los sucesos de Lizama 158, las cuales desnudan deficiencias en los planes de contingencia y en los mecanismos de seguimiento y control, la ANLA inició un proceso sancionatorio contra Ecopetrol. Sin embargo el daño quedó configurado, con afectaciones tanto en la quebrada La Lizama y el Caño La Muerte, en un área aproximada de 24 km lineales, como sobre un tramo de 20 km del río Sogamoso, denotando problemas en la capacidad de respuesta no solo de la empresa sino de las entidades encargadas de hacerles seguimiento.

Sorprendente aval a pruebas piloto

Los ejemplos ofrecidos arrojan dudas y acrecientan los temores al momento de considerar darle vía libre a la explotación de yacimientos no convencionales, en un contexto en que los convencionales ya han dejado afectaciones documentadas. Ahora bien; en un intento por conjurar la incertidumbre sobre sus riesgos e impactos comprobados, el Gobierno conformó la Comisión de Expertos sobre Fracking(integrada por diez expertos en diferentes áreas), la cual concluyó (el informe final todavía no se conoce) que era factible darles vía libre a pilotos experimentales exploratorios, considerando una serie de condiciones que debían ser subsanadas para pasar a la implementación plena de la actividad en Colombia.

Aparte del poco tiempo del que dispuso dicha Comisión para formular sus recomendaciones, preocupan las condiciones sobre las que puntualizaron, entre las que se destacan:

  • los riesgos e impactos ambientales comprobados al ambiente, a la sociedad y a la salud pública,
  • la debilidad de la institucionalidad ambiental,
  • la falta de acceso a la información pública y de garantías en participación ciudadana,
  • la ausencia de una línea base ambiental rigurosa y detallada, y
  • La carencia de licencia social en los territorios contemplados para la actividad.

De ahí que sorprenda la decisión de avalar los pilotos experimentales, cuando la conclusión lógica de lo presentado por la Comisión debió ser, por el contrario, la adopción del principio de precaución y la prohibición de esta técnica en el país, como lo advirtió el abogado ambientalista Rodrigo Negrete en el Panel Sombra “El fracking en Colombia: un debate necesario con y desde la sociedad”, realizado a finales de marzo en la Universidad Nacional de Colombia.

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