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El fracaso de la política criminal y la crisis penitenciaria

La última solución de fondo con respecto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se dio en 2011. Ese año se consideró que existían, fallas relacionadas tanto con el hacinamiento carcelario y la violación sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad como con el mantenimiento de los centros de reclusión, todo ello bajo la permanente sombra de la corrupción y la ineficiencia.
 

Puedes leer: Cadena perpetua, ¿una propuesta inconstitucional en Colombia?.
 

En ese momento, sin que existiera un diagnóstico claro sobre cómo proceder, y aprovechando que el gobierno de Juan Manuel Santos fusionó a través de la Ley 1444 los Ministerios del Interior, y de Justicia y del Derecho, se dieron las facultades necesarias para crear entidades públicas. Así nació la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), con autonomía para gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios y la infraestructura, y además brindar el apoyo logístico y administrativo de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Inpec.
 

Ocho años después, el sistema carcelario sigue empeorando, a pesar de que la Corte Constitucional ha declarado en tres ocasiones más –1998, 2013 y 2015– el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario por la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de los reclusos. Vale la pena anotar que la Corte también usó esta figura en 2005, en el caso del desplazamiento forzado en el país, el cual supera los 7 millones de personas.
 

Un hacinamiento en las cárceles del país que supera el 52 % evidencia que la utilización de la prisión como herramienta intimidatoria no funciona. Este enfoque niega la realidad palpable de la limitación del Estado para afrontar el delito dándole la espalda a la urgente necesidad de generar cambios estructurales en el sistema penal colombiano.


Este panorama desalentador evidencia el fracaso de la política criminal y penitenciaria del Estado, absolutamente incapaz de hacerle frente al fenómeno criminal que no es otra cosa que el conjunto de tres realidades: la del delito, la del delincuente y la de la delincuencia. Al respecto, es necesario tener claro que cuando se enfrenta a una situación de conflicto social, el Estado tiene la obligación de escoger la política más adecuada, de entre todas las opciones posibles (educativas, sociales, asistenciales, criminales, etc.), para aplicarla.
 

Puedes escuchar: “El Inpec es una mafia y nadie se atreve a liquidarlo”.
 

Si de dichas políticas opta por la criminal, debe sustentarla mediante los principios de necesidad de la intervención y de proporcionalidad en su uso, con el fin de establecer mecanismos eficaces, pero sobre todo eficientes, para evitar tanto el delito como su reiteración. Además, debe generar instrumentos para su tratamiento efectivo y para el desarrollo del sistema penal en términos de respuesta al delito, calidad y desarrollo de la administración de justicia, todo ello amparado en el respeto de los derechos humanos.
 

Prisión no funciona como herramienta intimidatoria
 

En Colombia la política criminal y penitenciaria está muy lejos hoy de cumplir con el proceso antes mencionado, y, por el contrario, es utilizada para aumentar los índices de popularidad del gobierno de turno.
 

Prueba de ello son los proyectos de acto legislativo para introducir la cadena perpetua, aun en contra de las recomendaciones de estudiosos del tema. Buscando aceptación popular, y con la idea de invocar los sentimientos de una sociedad temerosa, se presentan políticas criminales cada vez más represivas, con el propósito de recuperar la confianza pública a través de un mensaje de “mano dura”, con la que se pretende demostrar el poder soberano del Estado que implementa acciones inmediatas; lastimosamente se trata de anuncios que se realizan sin ningún tipo de estudio sobre su factibilidad, y sin negociación alguna.

Resultado de las medidas populistas son los problemas crónicos de hacinamiento carcelario y la intensificación en la imposición de penas de privación de la libertad que han supuesto que la población carcelaria haya pasado de 45.064 internos en 1999, a 75.992 en 2009 y a 191.540 en la actualidad. Se valora así, más que las investigaciones sobre el fenómeno delincuencial, la reacción de la opinión pública, y se tiene más en cuenta el clamor popular de necesidad de amparo y de protección a la sociedad victimizada.
 

Lo anterior queda en evidencia cuando se observa que:
 

  • Cinco de los diez académicos miembros de la Comisión Asesora de Política Criminal del Gobierno renunciaron aduciendo que no se dan las condiciones para cumplir con su objetivo, y que a la administración central no le interesa el trabajo de la Comisión. Esta se creó en 2014 para asesorar al Gobierno en la implementación de la política criminal y revisar la situación del sistema penitenciario y carcelario, entre otras funciones.
  • Desde su puesta en marcha en 2014, la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario no ha emitido un solo documento relativo a sus funciones: evaluar la normatividad penitenciaria, examinar el trato que se da en los establecimientos, verificar la prestación del servicio de salud y asesorar al Consejo Superior de Política Criminal y demás autoridades penitenciarias.
  • A pesar de que en enero de 2019 se presentó un plan de transformación y humanización del sistema carcelario en Colombia, cuyo primer frente de trabajo, de los seis propuestos, era la racionalización del ingreso al sistema penitenciario y carcelario –es decir que la privación de la libertad sea una excepción–, durante lo que va corrido del año se presenta un hacinamiento del 52,58 % en las cárceles del país.
  • En materia penal, todas las leyes promulgadas por el legislativo en los últimos años contemplan la creación de nuevos delitos o el aumento de penas privativas de la libertad. Por ejemplo, desde julio de 2018 se han introducido cinco leyes penales: la Ley 1908, sobre grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, que crea delitos y aumenta penas; la Ley 1915, en relación con derechos de autor, que aumenta la pena; la Ley 1928, que aprueba el “Convenio sobre la ciberdelincuencia” y recomienda la creación de nuevos delitos relativos a la ciberdelincuencia; la Ley 1944, que creó como delitos autónomos el abigeato y el abigeato agravado; y la Ley 1959, que aumenta la pena en el delito de violencia intrafamiliar.
     

Puedes ver: Reformas a la Corte Constitucional.
 

A pesar de que se ha constatado que el encarcelamiento es ineficaz, cada vez se percibe más la necesidad apremiante de acudir a la prisión como herramienta intimidatoria que “sí funciona”.
 

No se hace énfasis en la rehabilitación y resocialización, sino en el aislamiento y el castigo; en excluir al infractor de la sociedad, para que las personas se sientan seguras.


Este enfoque niega la realidad palpable de la limitación estatal para hacerle frente al delito dándole la espalda a la necesidad acuciante de generar cambios estructurales en el sistema penal. Mientras el hacinamiento se siga considerando casi exclusivamente como una falta de cupos carcelarios y no como un problema de orientación del funcionamiento del sistema penal, ningún presupuesto va a ser suficiente para descongestionar las cárceles; y mientras la política criminal se desarrolle de manera irreflexiva, orientada a las consecuencias del acto delictivo, dejando de lado sus causas, va a ser imposible solucionar el problema del sistema penitenciario y carcelario en el país.

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