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    El Estado, fundamental en el financiamiento de la educación superior en México

Dada su desigual distribución del ingreso, las instituciones públicas son la principal vía para promover la movilidad social. La tasa bruta de cobertura en educación superior está en 46,5 %, por debajo del promedio latinoamericano.

Las cifras disponibles permiten establecer una clara interrelación entre el nivel educativo de la población de un país y su nivel de desarrollo en todos los órdenes de la vida humana. En este marco, la educación superior juega un papel de especial relevancia, porque en ella se forman los perfiles profesionales que inciden en la política, la economía, las artes, la tecnología y la educación de la población.

Muchos países han decidido impulsar y fortalecer sus sistemas de educación a través de un giro a su proyecto de nación, replanteando prioridades, estrategias y metas para así establecer políticas que hicieran del tema educativo una alta prioridad, desde la perspectiva de una visión de Estado.

Diversos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) lograron dar un salto cualitativo en solo tres décadas al lograr alcanzar una cobertura prácticamente universal en sus sistemas de educación básica, media superior y superior.

Para ello fue necesario aplicar políticas que implicaron esfuerzos sostenidos en el gasto social y educativo. Basta señalar que, como resultado de la aplicación de dichas políticas, la tasa de cobertura de la educación superior creció de manera significativa en países como Corea del Sur, Grecia, Islandia, España, Polonia, Hungría, Colombia y Chile, entre otros.

En el caso de México, se han suscitado cambios en la educación superior. La matrícula ha observado un dinámico crecimiento: entre 1950 y 1970 pasó de 29.892 estudiantes a 252.236, y para 1980 era ya de 811.281 alumnos. En este lapso la cobertura nacional se duplicó al pasar de 6,3 % a 12,9 %.

Este dinamismo se ha mantenido constante y la matrícula de este nivel educativo llegó a 1.250.000 alumnos en 1990, y en 2015 a 3.500.000. Este crecimiento se reflejó en un aumento de la tasa de cobertura, hasta lograr un 34,1 % en el ciclo escolar 2014-2015. Datos oficiales recientes estiman la matrícula de educación superior en 3.763.000 alumnos y la cobertura en 37,3 % para el ciclo escolar 2016-2017.

Datos oficiales recientes estiman la matrícula de educación superior en 3.763.000 alumnos y la cobertura en 37,3 % para el ciclo escolar 2016-2017.

Sin embargo, estos cambios habrán de consolidarse para quedar reflejados en el entorno económico y social. La sociedad necesita y espera contar con técnicos, profesionales y científicos cada vez más competentes.

Así mismo necesita una producción constante de conocimiento innovador para impulsar el desarrollo del país, fortalecer la participación de la ciudadanía, mejorar la competitividad y coadyuvar a lograr mejores niveles de vida en nuestra población.

México carga con rezagos que no corresponden al tamaño de su economía. La tasa bruta de cobertura en educación superior en nuestro país se encuentra por debajo del promedio de América Latina (46,55 %), lo que nos ubica por debajo de países como Chile (88,6 %), Colombia (55,7 %), Uruguay (55.6 %) y Argentina (44,3 %).

La desigual distribución del ingreso en México hace necesaria la intervención del Estado en el proceso de financiamiento de la educación superior, pues de otra forma las familias de escasos recursos, que son la mayoría, quedarían sin acceso a esta redundando en la persistencia de una baja cobertura.

En México, según la tasa de cobertura de la educación superior, las instituciones públicas constituyen la principal vía para promover la movilidad social sobre bases duraderas. El Estado debe fortalecer las que ya existen y crear las que sean necesarias para asegurar el acceso de los jóvenes. Y es por ello que es necesario analizar el financiamiento público a la educación superior.

Medidas insuficientes para resolver el problema presupuestario

Al inicio de cada periodo de gobierno, el poder ejecutivo elabora el Plan Nacional de Desarrollo que tiene vigencia durante la administración que asume el poder después de las elecciones, que se celebran cada seis años.

De manera paralela, la Secretaría de Educación Pública elabora el programa sectorial asociado (Programa Sectorial de Educación). En este programa se establecen los objetivos estratégicos, políticas, objetivos particulares, líneas de acción y metas para el periodo correspondiente. Por su parte, los gobiernos estatales establecen los planes y políticas en el ámbito de sus competencias.

La tasa bruta de cobertura en educación superior en nuestro país se encuentra por debajo del promedio de América Latina (46,5 %); así mismo estamos en clara desventaja frente a naciones con nivel de desarrollo comparable al nuestro, como Chile (88,6 %), Colombia (55,7 %), Uruguay (55,6 %) y Argentina (44,3 %). Tal situación resulta incompatible con el tamaño de nuestra economía, decimoprimera del mundo, y no corresponde con la aspiración de los mexicanos de forjar un destino más promisorio, con posibilidades reales de ascenso social.

Muchos países han decidido impulsar y fortalecer sus sistemas de educación por medio de un giro a su proyecto de nación, replanteando prioridades, estrategias y metas para así establecer políticas que hicieran del tema educativo una alta prioridad, desde una perspectiva de Estado, México no ha logrado remontar la situación de rezago educativo que frena las posibilidades de brindar mejores expectativas de bienestar social para el grueso de la población: solo 21 % de la población entre 25 y 34 años y el 12 % entre 55 y 64 años cuenta con estudios de nivel superior.

Solo el 21 % de la población entre 25 y 34 años y el 12 % entre 55 y 64 años cuenta con estudios de nivel superior.

Esto influye negativamente no solo en las posibilidades presentes y futuras de desarrollo económico y social, sino en la fortaleza de la vida política mexicana y en la solidez del sistema democrático. Los rezagos del país en educación superior, ciencia, tecnología y cultura, ponen en evidencia una visión restringida y equívoca del papel estratégico que estas actividades pueden y deben desempeñar para orientar el rumbo del país, fortalecer la cohesión social y estimular el crecimiento económico sobre bases sólidas.

En la última década, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión ha intervenido para reasignar recursos presupuestarios adicionales a los propuestos por el Ejecutivo Federal, y de este modo se impidió un mayor deterioro del financiamiento de las instituciones de educación superior (Ipes).

Sin embargo, su actuación ha sido reactiva e insuficiente por cuanto no resuelve el problema de fondo: la inexistencia de una política para el desarrollo de la educación superior, ciencia, tecnología y cultura con visión de largo plazo.

El gasto federal en educación superior ha aumentado en términos monetarios de manera constante, sin embargo es posible observar que la velocidad de su crecimiento ha disminuido considerablemente desde 2014.

Es notable el contraste de una tasa de crecimiento del 14 % en 2014 respecto a 2013, con una tasa de crecimiento de solamente 4,9 % para 2015 y de 5,1 % para 2016, con respecto al año anterior en cada caso.

El marco jurídico vigente que regula la asignación del financiamiento público que compete a cada uno de los órdenes de gobierno y a las propias instituciones, resulta obsoleto e impreciso ya que el financiamiento público a la educación superior mantiene, en el mejor de los casos, una tendencia inercial sujeta a las coyunturas políticas y económicas, por lo que las instituciones educativas se ven obligadas a establecer planes de desarrollo limitados tanto para sus funciones de docencia, investigación científica y humanística, como para el desarrollo tecnológico y la difusión de la cultura.

Las metas de financiamiento público para la investigación y la educación superior son sistemáticamente incumplidas por los poderes ejecutivo y legislativo federales. El gasto en investigación científica y desarrollo experimental está lejos de alcanzar el porcentaje del producto interno bruto (PIB) que debería ser destinado al rubro; la meta de este indicador, tal como fue determinada en la Ley General de Educación, es llegar al 1 % del PIB. Hasta 2016, la inversión solamente alcanza el 0,51 % del PIB, sin mostrar una tendencia a aumentar.

Desde otra arista, la mayoría de las Ipes y los centros de investigación continúan enfrentando presiones financieras asociadas con la maduración de la planta académica y con la rigidez de los esquemas de pensiones y jubilaciones, razón por la cual es necesario establecer mecanismos de financiamiento que permitan, simultáneamente, ampliar y renovar la planta docente y de investigación.

Finalmente, es importante mencionar que las crisis económicas recurrentes que se traducen tanto en incertidumbre presupuestaria como en insuficiencia de los marcos jurídicos federal y estatal han limitado los esfuerzos de las Ipes para contribuir a resolver la insuficiente cobertura en México.

Pero dados los problemas de financiamiento, ha sido necesario establecer mecanismos para la admisión, ya que la demanda es mayor que la oferta de lugares disponibles y esto con frecuencia afecta a las poblaciones más vulnerables.

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