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El derecho que contradice la libertad de conciencia

La sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional de Colombia libera a las mujeres del flagelo de la criminalidad penal de aborto por tres razones: grave riesgo para la vida o salud de la gestante, malformaciones del feto que sean incompatibles con la vida, y que el embarazo sea producto de abuso sexual. Aunque esta decisión se ha celebrado abiertamente, a lo largo de sus trece años de vigencia se han puesto en evidencia las alarmantes cifras de quejas por parte de mujeres ante la no garantía y efectividad de este servicio.

Además, en los seguimientos efectuados por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres –entre otras organizaciones prodecisión de la mujer– se ha identificado claramente la mala práctica del derecho a la objeción de conciencia como barrera de acceso frecuente a IVE.

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En 2018, mediante decisión contenida en la sentencia SU 096/18, la Corte Constitucional le solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social –como máximo ente formulador de política pública en salud– expedir un acto administrativo que creara medidas para facilitar el acceso oportuno e integral de las gestantes, no solo a la práctica del procedimiento de IVE, sino también a la fase de diagnóstico de esta, que comporta acceso a información suficiente e idónea que permita tomar la decisión. Para esto, el MinSalud debía recoger los distintos pronunciamientos del alto tribunal, compilados en la citada sentencia de unificación.

Dentro de la fundamentación de la decisión resulta novedoso que haya recuperado y reivindicado los pronunciamientos de la Corte sobre estereotipos de género con preconcepciones de superioridad masculina, por ejemplo, no confiar en que una mujer puede decidir o no ser madre. Uno de los aspectos es, sin duda, el ejercicio inadecuado de los médicos, a veces, inducido, presionado por doctrinas confesionales disfrazadas de políticas institucionales de la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en las que ejercen su profesión, para diligenciar y suscribir formatos o proformas en las que “de manera libre y espontánea” manifiestan negarse a practicar la IVE, aduciendo determinadas convicciones.

Sobre este punto, se destaca que la libertad de conciencia comporta el ejercicio de toma de decisiones justificado por convicciones personalísimas (derechos de personalidad), pero, de manera alguna comporta la obligación de revelarlas. Pues bien, gracias a la figura jurídica que la Corte adoptó y adaptó en las citadas sentencias denominada “derecho a objetar de conciencia”, impuso sendas limitaciones al ejercicio de esta libertad por parte de los médicos, que consisten en tener que justificar su decisión, lo que es absolutamente inadmisible en un Estado que se precia de aconfesional (que no se adhiere y no reconoce como oficial ninguna religión en concreto) y que tiene aspiraciones pluralistas.

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Si bien esto fue un mal comienzo, pues representó una tergiversación de la libertad de conciencia, una judicialización de la autonomía como obligación de revelar lo no revelable y una restricción a la libertad de ejercicio de profesión, se le suman diversas patologías, entre ellas la práctica colectiva de la objeción –en grupos, así se firme por persona, la objeción institucional– que no se predica de personas jurídicas, y la obligación en cabeza del médico objetor de remitir la gestante a un médico no objetor.

Si el Estado es consciente de los estereotipos de género y de la discriminación de la que es víctima la mujer, por qué razón, en vez de dejar la carga de prestar servicios de IVE a los médicos que pueden ejercer no solo libremente su profesión, sino que se les debe reconocer su libertad de conciencia, la asumiera como su carga, como política de salud pública tendiente a administrar los riesgos de abortos inseguros o clandestinos, controlar y bajar cifras de morbilidad y mortalidad asociada con la maternidad.

Con esto se podría asegurar una red de oferta disponible de servicios de IPS que practicaran el procedimiento de IVE y hoy no se estaría atribuyendo a los galenos el fracaso del servicio de ginecoobstetricia encargado del procedimiento de IVE.

Una lectura a la sentencia

Como se ha señalado en distintos espacios públicos y académicos: la sentencia C-355 de 2006 no es novedosa, por cuanto se limita a retomar la motivación del salvamento de voto de tres magistrados a la decisión contenida en la sentencia C-133 de 1994, que en su momento halló por una mínima mayoría el tipo penal de Aborto acorde con la Constitución, la C-355 es muy problemática en la adopción de posturas cuestionables frente a la cosa juzgada y queda en deuda no solo en cómo se hace, sino también en el contenido confesional soterrado de la dignidad humana.

Al lado de ello, les impuso a los médicos una carga que es del Estado, así sean instituciones privadas y públicas las que ofrezcan servicios de salud en este leonino sistema de no salud, adoptado desde 1994.

Hay que darle la oportunidad al MinSalud de asumir lo que le corresponde, de saldar esta deuda histórica, pese a que sean conminados por la Corte, a que formulen, diseñen, piensen en clave de política pública y de desarrollo de los lineamientos contenidos en la SU 096/18 sobre medidas que permitan que sea efectivo el acceso a los servicios de IVE.

No es conveniente alentar la reacción populista trasnochada, oportunista, desinformada y explosivamente emocional de algunos sectores conservadores que han pretendido reavivar un debate ya zanjado. No se puede permitir que afecte, incluso la iniciativa legislativa que cursa en el Congreso de la República para regular la objeción de conciencia en la IVE, que revive una fallida iniciativa del otrora procurador, no haga mella.

Hasta tanto la Corte Constitucional en otro acceso de cosa juzgada irracional o el propio legislador democrático y pluralista no asuman una postura acorde, ajustada a la Constitución y despenalicen el aborto en cualquier caso, seguirá en discusiones ilegítimas sobre la posibilidad de que el Ejecutivo haga lo que le debe a la sociedad, desde hace tanto tiempo, por la salud de las gestantes que ya no desean estarlo, lo que incluye una oferta disponible de no objetores de conciencia, que si no es privada (como ya fue demostrado por IPS confesionales), sea pública, oportuna y libre de estereotipos de género.

El MinSalud le solicitó a la Corte la ampliación del plazo otorgado en la sentencia precitada para expedir el acto administrativo pertinente, a lo que la Corte accedió, en 60 días, razón por la cual se amplía el término para formular observaciones al proyecto de resolución.

A modo de conclusión, la sociedad queda a la espera de que no solo cumpla con los lineamientos de la Corte, sino que, una vez expedido y en firme –pese a las demandas de nulidad con solicitud de medida de suspensión provisional ya anunciadas por sectores conservadores– suceda lo que pasó con la resolución de eutanasia, que aunque había sido demandada y solicitada la suspensión fue negada por el Consejo de Estado al considerar que como no había regulación infraconstitucional que hiciera efectivo el derecho, temporalmente el ejecutivo debía asumirla.

En todo caso, la Corte seguirá propiciando y promoviendo la práctica del derecho reproductivo a la IVE, aunque falten años para que lo despenalice completamente o para que la Iglesia no lo considere un pecado, ¿qué sucederá primero?.

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