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El derecho a la protesta y las resistencias del Gobierno nacional

Dicha vehemencia fue aún más notoria al tratarse del rechazo al pronunciamiento del órgano de cierre de la justicia ordinaria, quien ostenta una autoridad equivalente a la del  Gobierno nacional.
 

En una sentencia que por sus características podemos identificar de estructural, el alto tribunal resolvió en segunda instancia la acción interpuesta por una larga lista de “ciudadanos de a pie” como estudiantes, artistas, activistas, periodistas cansados de toda suerte de abusos policiales, estigmatizaciones, persecuciones y hasta desapariciones forzadas padecidas antes, durante y después del ejercicio de uno de los derechos fundamentales centrales de la democracia: el derecho a protestar.  A lo que se sumó una extensa lista de jóvenes heridos, mutilados y fallecidos por armas de largo alcance utilizadas por la Policía Nacional y en particular por el ESMAD durante las marchas, como sucedió con el fatídico hecho que le arrebató la vida al joven Dilan Mauricio Cruz en Bogotá.


En este sentido, la decisión contiene un profundo análisis sobre los hechos ocurridos durante los últimos cinco años y más recientemente durante las protestas del 21 de noviembre de 2019, en los cuales las medidas represivas se recrudecieron en Bogotá por cuenta del exalcalde de Bogotá -Enrique Peñalosa- e incluso en otras ciudades como Medellín y Cali.  
 

Puedes leer: Reforma policial: urgente y estructural, pero poco probable.
 

En el edificio teórico del fallo puede encontrarse una alta comprensión de lo que se juega un país cuando desestimula, reprime, sanciona y criminaliza el disentimiento expresado en el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. En efecto, el derecho a la protesta reúne un conjunto de derechos que pivotan sobre la libertad para expresar libremente el descontento frente a las decisiones gubernamentales, así como de cualquiera de los órganos del Estado, e incluso de otros actores políticos.  Con esta dirección de análisis, la sentencia le recordó al Gobierno que las fuerzas de seguridad y de policía no son una guardia pretoriana, sino que por el contrario son organismos que deben profesar neutralidad en una clara vocación de servicio a la comunidad, dispuestos tanto para proteger a los manifestantes como a los que no lo son, en el que incluso su despliegue debe ser excepcional.
 

Aspectos del fallo


Lo primero que se deriva de este es la claridad para establecer los criterios de una política pública que redunde en una mejor cualificación de la Policía Nacional como fuerza debidamente entrenada en el uso de las armas, educada en los derechos humanos como gestores de paz, con una mayor capacidad de planeación y ejecución. Además, el uso de la fuerza que se precisa debe orientarse bajo los principios de finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad. Directrices que no solo benefician a los manifestantes sino también a los agentes de policía en la legitimidad y eficacia de su labor.


Puedes escuchar: “El crimen de Javier Ordóñez no es un hecho desafortunado”.
 

Como segunda medida, la decisión reposa en una idea poderosa consistente en que de la buena salud de la protesta o de la baja calidad de la fiesta ciudadana en las calles, se puede determinar el grado de autoritarismo y represión real de un Estado que pretende exhibir credenciales democráticas.
 

En este sentido, la desatinada tendencia del Gobierno a identificar a la oposición como el gestor de las movilizaciones que expresan desacuerdo con su gestión, pareciera actuar como detonante para imprimir a las fuerzas policiales la necesidad de derrotar al enemigo mediante la represión, aspecto que de una parte estigmatiza al ciudadano que desde cualquier orilla ideológica desea expresar su desacuerdo con una política o gestión estatal, y de otra, promueve el uso desproporcionado y permanente de la fuerza. 
 

Un tercer aspecto no menos importante tiene que ver con la parte resolutiva del fallo, en la cual se establece un conjunto de macro-órdenes de gran complejidad que aglutina mandatos normativos, con medidas de reparación simbólica -como las disculpas- o la superación de la estigmatización a los manifestantes, así como la promoción de la deliberación entre los Gobiernos distrital y nacional con las organizaciones sociales.
 

Las órdenes del fallo


Mediante términos perentorios se ordena amparar la protesta mediante una regulación de su ejercicio que en aras de proteger a los manifestantes, propenda por un uso proporcionado de la fuerza, distinguiendo las armas letales y no letales; así como el uso químicos, estableciendo protocolos de actuación policial y la suspensión en el uso de las mortales “escopetas calibre 12”, hasta tanto el a quo (el juez que emita la sentencia) constate la existencia de garantías para su reutilización. Así como el impulso en la aprobación de un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección de la protesta pacífica ciudadana.”

Adicionalmente se impartieron órdenes como medidas de satisfacción cuya principal motivación era resarcir éticamente a las víctimas mediante unas disculpas a cargo del Ministro de Defensa en forma inmediata al fallo.


No obstante, el hecho de que el ministro pretendiera endosar una excusa previa al fallo, dada en forma atemporal, genérica y sin arrepentimiento, llegando incluso a no hacerlo en nombre de la Institución que representa sino de unos supuestos agentes descarriados, hicieron perder toda potencialidad reparadora a dicha orden.
 

Más esperanzas puede haber con la instalación de una mesa de trabajo abierta, y por ende con vocación deliberativa en la cual podrán tener asiento los movimientos para cuya ejecución se cuentan con tiempos más extensos de cumplimiento.
 

Puedes ver: “Una sociedad desigual y excluyente como la colombiana no puede funcionar sin protesta”.
 

Por último, algo significativamente valioso es el hecho de que la Corte Suprema retuviera la competencia para hacerle seguimiento al cumplimiento de las órdenes en el momento que lo considere oportuno, aunque este quedará principalmente en manos de la primera instancia, a la cual el Gobierno deberá presentar informes quincenales sobre los avances realizados.
 

Incorporar estrategias de seguimiento al cumplimiento de las órdenes hace que al Gobierno nacional le resulte mucho más difícil eludirlas y en caso de hacerlo, abiertamente se expone a la imposición de desacatos y las consecuentes multas y penas de arresto que conlleva el incumplimiento de la tutela. Esto anticipa que, dada la virulencia del Gobierno, la decisión tendrá múltiples obstáculos para alcanzar su efectividad.
 

Lo que sí está claro es que cuando un Gobierno se resiste a cumplir las órdenes judiciales  no sólo fomenta un conflicto entre las ramas del poder público, sino que en últimas arrasa con la credibilidad del Estado como un todo, incluyendo la suya. Pero además con su desobediencia le hace un flaco favor a la criminalidad creciente del país, la percepción de impunidad y sobre todo envía un desafortunado mensaje de desafecto con las preocupaciones y dolores de la sociedad, es decir, lo alejan del pueblo que dice representar.

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