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El derecho a estar protegido contra el hambre, la paradoja de la seguridad alimentaria y nutricional

Además, los cambios sociales disruptivos en los países –especialmente aquellos en vías de desarrollo– generaron fenómenos emergentes en salud como la malnutrición que incrementaron la desnutrición y actualmente, junto a la obesidad, coexisten en lo que se denomina “doble carga”, un fenómeno que se ve agravado por el cambio climático, creando una sindemia, definida como la “suma de dos o más epidemias concurrentes en una población con interacciones biológicas que exacerban el pronóstico y carga de la enfermedad” (The Lancet, 2019).
 

Por tal razón, la mala salud nutricional es la principal causa de enfermedad, de generar individuos pluripatológicos y muerte prematura, generando un alto costo sanitario a los Gobiernos.
 

Sumado a lo anterior, la emergencia sanitaria por Covid-19 visibilizó otra pandemia: el hambre, la cual se agrega a la sindemia, sin referir que no existiera previamente como una aguda problemática mundial.
 

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El hambre es una sensación física incómoda o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria (calorías) que pone en riesgo la vida. Se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de alimentos de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable. La inseguridad alimentaria se padece cuando no se cuenta con acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para las actividades metabólicas diarias; esta es especialmente severa cuando se identifica que alguien se encuentra sin alimentos y ha pasado un día o más sin comer, y lo más probable es que haya pasado hambre (FAO, 2021).
 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), diariamente en el mundo mueren 24.000 personas de hambre o por sus causas relacionadas, siendo la pobreza la mayor de estas; la desnutrición y la inseguridad alimentaria son indicadores de pobreza y el estado nutricional es un indicador directo de bienestar del individuo, su medición es más sensible en la infancia pues la desnutrición incrementa la morbimortalidad, disminuye la productividad futura y la capacidad cognitiva.

Desde tiempos bíblicos las hambrunas de los pueblos se relacionan tanto con guerras y conflictos –que provocan desplazamiento forzado– como con los eventos catastróficos y climáticos, así como la escasez alimentaria y el desperdicio, todos ellos con unas trágicas repercusiones sociales y nutricionales.
 

Precisamente estos desenlaces llevaron en 1948 a la formulación del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reza: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación […]”. Al materializar este derecho a la alimentación, implícitamente se reconoce que un ser humano no debería padecer hambre, es decir, es un derecho indivisible.
 

Normativamente en Colombia el abordaje del hambre como problema de agenda pública viene desde 1968, con la Ley 74, aprobatoria de tratado de derecho internacional. En ella se aprobaron los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y asimismo se reconoció el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. Por último, determina algunas medidas y programas para afrontarla por diferentes mecanismos, como los métodos de producción de alimentos, una reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.
 

Puedes escuchar: Crisis mundial por falta de insumos y materias primas, de mal en peor.


Actualmente en el Senado de la República cursa un proyecto de acto legislativo por el cual se modifica el artículo 65 de la Constitución Política, el cual señala que “el Estado garantizará el derecho a la alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre y la desnutrición. Así mismo, promoverá condiciones de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en el territorio nacional”.
 

Esta modificación implica grandes desafíos de política pública para el Gobierno nacional, pues no es un asunto meramente técnico sino político, pues se requiere dar soluciones tempranas a las causas del hambre, elaborar mapas del hambre, facilitar el acceso universal a los alimentos y eliminar los obstáculos de la desigualdad y discriminación.
 

Estas garantías deben ir acompañadas mínimo a unas dignas condiciones de saneamiento, acceso a la salud y a la educación.


Desde el 2000, nuestro país está comprometido a desarrollar estrategias para erradicar el hambre, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con metas a 2015; la implementación del objetivo 1: “erradicar la pobreza extrema y el hambre”, logró una pequeña reducción de la pobreza en los grupos más vulnerables, más en zonas urbanas que rurales. Luego, con la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con metas trazadas a 2030, el objetivo 2: “hambre cero”, tiene como meta ambiciosa poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Cabe destacar que estos objetivos son el producto de un consenso en torno a un marco medible para alcanzar niveles mínimos que garanticen la prosperidad, el bienestar de las personas y la conservación del ambiente, con una armonización entre ellos pues son interdependientes.
 

Difícilmente se puede creer que un país como Colombia, segundo en biodiversidad mundial y con más de 40 millones de hectáreas disponibles para producir alimentos, se sumerja en el hambre y la pobreza.
 

En definitiva, el hambre se debe puntualizar y tener resolución desde formulaciones políticas responsables, así como un ordenamiento jurídico razonable que facilite el monitoreo permanente y la veeduría ciudadana, y no simplemente mirarse con una obra de misericordia: “dar de comer al hambriento” o “dar de beber al sediento”, que por mucho tiempo se ha asumido, sin perder su mérito, como un acto moral, religioso y hasta filantrópico, como donar a organizaciones de ayuda.

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