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El debate del decreto 558 de 2020

Recientemente en una nota de UN Periódico Digital, los investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), Santiago Castaño y Juan Pablo Sandoval, desarrollaron esa serie de señalamientos. Teniendo en cuenta esto, y en aras de fomentar la discusión técnica y académica, con todo el respeto y altura que merece el asunto, consideramos fundamental responder las afirmaciones realizadas por los académicos y aclarar todas las dudas alrededor del decreto del Gobierno.
 

El Ddecreto 558 definió la disminución de aportes al sistema general de pensiones, como una medida voluntaria de alivio a las empresas y a los trabajadores independientes ante la disminución de ingresos generados por la parálisis económica. Además, este decreto estableció el traslado obligatorio de los pensionados de las Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP) de un salario mínimo legal vigente (SMLV) a Colpensiones, específicamente los que se encontraran bajo la modalidad de retiro programado y que cuyas cuentas de ahorro pudieran verse afectadas dada la volatilidad de los mercados por la crisis.
 

En primer lugar, los autores afirman que dicho decreto establece que Colpensiones deberá asumir los recursos faltantes para poder pagar las pensiones de los afiliados que sean trasladados en esta coyuntura. Sin embargo, en el artículo 9 se define claramente que una vez Colpensiones reciba los recursos de todos los afiliados, esta entidad debe realizar un cálculo actuarial y en caso de encontrar algún faltante, este deberá ser cubierto por las AFP.
 

Por supuesto, esta diferencia saldría del patrimonio de las AFP y no de los ahorros de los afiliados a las mismas, dado que esas cuentas de ahorro son individuales. En otras palabras, los recursos que se van a transferir a Colpensiones son suficientes para pagar de forma vitalicia un salario mínimo para todos los pensionados que se transferirán obligatoriamente. Así, el pasivo pensional de Colpensiones estaría totalmente cubierto con la transferencia realizada más el faltante (en caso de existir). Además, el capital que reciba Colpensiones incluirá la comisión de administración para esta entidad.
 

En segundo lugar, se afirma que la comisión que cobran las AFP corresponde al 1,6 % y que el costo del seguro de invalidez equivale al 1,4 % de los aportes que realizan los afiliados. Debemos decir que la información de los fondos de pensiones es totalmente pública y fácil de verificar en la página de la Superintendencia Financiera. Con esto tenemos que el promedio ponderado (unas AFP tienen más afiliados que otros) de gastos administrativos de las AFP corresponden al 1,03 %, mientras que el pago del seguro previsional equivale al 1,97 %.  
 

De forma complementaria, los autores argumentan que el pago del seguro de invalidez es innecesario para la gran mayoría de afiliados cotizantes. Esta afirmación es debatible debido a que los trabajadores más vulnerables en el país transitan constantemente entre sector formal e informal. De hecho, se estima que solo 2,5 millones de colombianos cotizan 12 meses al año. Además, el acceso al seguro previsional es de carácter móvil y no acumulativo, por lo cual es razonable que este se continúe pagando estos dos meses.
 

Más adelante los investigadores mencionan que el número de semanas cotizadas solo sirven para el Régimen de Prima Media (RPM) y no para el RAIS. Esto deja de manifiesto que se omite la existencia del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), administrado por las AFP y que les permite a las personas en edad de pensión, que cotizaron por lo menos por 1.150 semanas y que no cuentan con el capital suficiente para jubilarse, tener una pensión de un salario mínimo de forma vitalicia, para estas semanas si contarán los aportes de estos dos meses. Este fondo cuenta con más 24 billones de pesos y ha beneficiado a más de 44 mil afiliados, que de otra forma no se hubiesen podido pensionar en dicho régimen.
 

Los investigadores señalan que la expedición del Decreto 558 refleja la incapacidad de las AFP para garantizar pensiones, lo curioso es que el sistema de ahorro es tan viable y sostenible en el largo plazo que es capaz de pasarle el monto completo a Colpensiones para asegurar las pensiones de forma vitalicia. Esto se da únicamente porque el RAIS sí tiene el ahorro para pagar sus obligaciones, distinto al RPM que depende de los impuestos que pagamos todos los colombianos año tras año.
 

Adicionalmente, es curioso que se utilice información de un derecho de petición de 2018 para mostrar cifras de pensionados y del valor del fondo cuando esta información está con corte febrero 2019 en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Ahí se puede ver que son realmente 109 mil pensionados por Retiro Programado, que el valor del fondo suma un total de 28 billones de pesos, y que en los últimos dos años han tenido rendimientos por un total de 4,1 billones de pesos, propiedad de los afiliados.
 

Es importante aclarar que, en repetidas ocasiones el mismo Gobierno nacional ha manifestado que el traslado de los pensionados de la AFP tiene como fin proveer recursos a Colpensiones ante la disminución de los ingresos que se espera este año como consecuencia del COVID-19.
 

Así, este decreto deja expuestas las debilidades del RPM en términos de sostenibilidad fiscal y financiera pues este régimen le cuesta al país una buena parte del presupuesto anual, el cual también depende de la actividad económica. La dinámica del RAIS, por supuesto está afectada por los movimientos de los mercados de capital en el corto plazo, pero la perspectiva de largo plazo es la dominante, y en este periodo temporal se esperaría una recuperación de la economía mundial.
 

Llama la atención que además se repita la idea de que las AFP no asumen ningún riesgo y que solo reparten las pérdidas entre sus afiliados. Incluso citan una cifra de 9,9 billones de pesos de utilidades de las AFP en un periodo de 19 años.


En ese mismo periodo los rendimientos de los afiliados han sido superiores a los 180 billones de pesos, por lo cual queda sin sustento alguno que las ganancias son de las AFP y las pérdidas de los afiliados. Si se conoce realmente el sistema sabe que hay una alineación de incentivos importante pues la regulación en el país le exige a las AFP invertir un porcentaje de su propio patrimonio en los mismos activos en los que tienen los ahorros de los afiliados. En promedio el 70 % del patrimonio de las AFP está invertido en los mismos activos que el ahorro pensional de sus afiliados.


El sistema pensional es de lejos perfectible, y el mercado laboral aún más. Sin embargo, el debate sobre el mismo hay que darlo bajo una simetría de información hacia la ciudadanía para que el ejercicio de discusión académica y técnica sea más fructífero en materia de consensos, y no se radicalice en posiciones ideológicas que no dan lugar a síntesis de política económica.

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