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El de Leticia, otro pacto condenado a la intrascendencia

La quema de grandes extensiones del bosque amazónico con el propósito de sembrar pasto para introducir ganado o cultivos agroindustriales como la soya o, en su versión más cruda, para despojar a los pobladores indígenas de sus territorios, es una acción presente en las últimas décadas en la Amazonia brasilera como acompañante necesaria de la política que pretende involucrar a la región en los circuitos nacionales y globales de extracción y producción, impulsada por la euforia desarrollista compartida por los distintos gobiernos militares.


Todo esto a pesar de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 o de las subsiguientes declaraciones y pactos globales, tan notorios como poco efectivos a la hora de detener el desmadre ambiental que amenaza a todo el planeta, y en especial a la Amazonia.

 

Lo novedoso aquí, en el Brasil de cambio de siglo, es que las quemas y sus gravosas consecuencias están justificadas y legitimadas por una política ambiental abiertamente regresiva y negacionista, similar a la de Donald Trump, su aliado estadounidense, con la que el actual presidente brasilero aspira a sustentar una política económica abiertamente extractivista y depredadora.

Como se está evidenciando, el actual paquete de políticas del mandatario brasilero cancela no solo los escasos logros en materia ambiental y social logrados después de la dictadura que sufrió Brasil entre 1964 y 1985, sino los de todos los ámbitos de implementación de las políticas públicas que inciden en la vida y afectan los derechos de la población de ese país, que habita la Región Amazónica.


Bolsonaro está empeñado en desmontar algunas de las más importantes reformas establecidas en la Constitución de 1988, para retrotraerse a tiempos oscuros ya superados. En el lenguaje coloquial de la política colombiana, el mandatario está logrando “hacer trizas” los intentos democratizadores de la sociedad de su país. Esto confirma el temor de algunos académicos y periodistas brasileros cuando advirtieron –poco antes del ascenso al poder de este militar– que “el golpe de Estado de 1964 aún acecha y amenaza a la sociedad brasilera”.


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Los efectos perversos de esta situación ya se han hecho sentir en la Amazonia brasilera – especialmente en las fronteras de este país con Colombia y Perú–, a juzgar por la ausencia y la falta de acción del Estado en materias tan dispares y sensibles como la seguridad, los derechos civiles, las tierras indígenas o la educación. Solo para poner un ejemplo de los dos primeros asuntos, en la población fronteriza de Tabatinga contigua a Leticia, fuertemente custodiada por el Ejército brasilero, bandas armadas han asesinado a decenas de personas con el pretexto de que están luchando contra el narcotráfico y haciendo “limpieza social”.


Así mismo, pocos días antes de la Cumbre de Leticia fue asesinado –también en Tabatinga– un colaborador de la Fundación Nacional del Indio (Funai), entidad oficial que adelanta labores en defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas del río Javarí, fronterizo con Perú. La pregunta es cómo y porqué suceden estos hechos en una frontera desproporcionadamente militarizada como la de Brasil.

 

Detrás del discurso de la soberanía

 

Un somero análisis del Pacto de Leticia firmado hace apenas unas semanas en predios de la Sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia, da una idea de la respuesta dada por el Gobierno brasilero al malestar global generado por su falta de reacción y explicación a las alarmantes cifras de deforestación en la Amazonia en el último año, no solo por los incendios forestales.


Además: “Tenemos buena legislación indígena, pero poca aplicación”.

 

Entrelíneas este pacto, más que una cruzada en defensa de la región fue un espaldarazo mediático de apoyo al principal autor intelectual del retroceso ambiental de la Amazonia, quien para colmo faltó a la cita. Es indicativa la manera en que dos de sus principales convocantes, los presidentes Iván Duque y Jair Bolsonaro, expresaron sus coincidencias en materia ambiental y política.


El mandatario colombiano dijo que ese pacto se convocó con el ánimo de “no politizar los riesgos de la Amazonia” lo cual ya sabemos que refrendó, aunque en sentido contrario, excluyendo a Venezuela de su participación en la reunión. El gobernante brasilero, además de asentir, no ahorró esfuerzos en hacer gala de una radical postura nacionalista para blindar su invocación a la defensa de la soberanía brasilera sobre su territorio amazónico.

 

No es difícil entrever que esta beligerancia nacionalista no tiene otro fin que emular a los Estados Unidos en evadir los compromisos internacionales que Brasil, en este caso, ha firmado en materia de conservación de la Amazonia. Es un paso necesario para superar los obstáculos que le pueden impedir subastar en el mercado mundial los apreciables activos naturales que aún quedan en la selva amazónica. De ahí su silencio en torno al papel de las transnacionales que trafican con los recursos naturales de todo el planeta, incluidos los de la Amazonia.

 

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Para este mandatario, tanto los incendios forestales y la deforestación consecuente como el desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios son asuntos menores en comparación con los grandes beneficios económicos del desarrollo y el progreso. Bolsonaro sueña con que –como durante la dictadura– su gobierno se mantenga “gracias al apoyo de la sociedad civil anestesiada por el ‘milagro’ económico”, solo que aquí, en el Brasil de hoy, tampoco existe tal milagro.

 

Diferencias en la forma, identidad en el fondo

 

Con algunos matices y cambios de forma, la postura del autoritario presidente brasilero es congruente con la de su vecino colombiano, el presidente Duque, quien en su discurso en Leticia señaló las graves consecuencias ambientales de la deforestación de la Amazonia colombiana causada por la “minería ilegal”, por el narcotráfico o por los procesos de ocupación informal, pero guardó silencio absoluto acerca de los monumentales estragos –incluida la misma deforestación– generados por la aprobación y ejecución de grandes proyectos extractivos de las trasnacionales mineras y petroleras en la alta Amazonia colombiana y su piedemonte, o en las fronteras con el Brasil.

 

Lo anterior para no mencionar el manejo de los recursos de cooperación para la conservación ejercido por parte de los agiotistas globales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y algunas poderosas ONG conservacionistas que, en asocio con los Gobiernos, han implementado una diversidad de programas –Reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de bosque (REDD), Reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD +), cambio de deuda por naturaleza, servicios ambientales, etc.– que han sido cuestionados por su concepción neodesarrollista, por los oscuros métodos de instrumentación y “participación” con que manejan las relaciones con las poblaciones, por el destino incierto de esos recursos, y finalmente por sus pobres resultados.
 

Por último, en cuanto al significado del “Pacto de Leticia por la Amazonia”, poco hay que agregar a lo dicho por Manuel Rodríguez, el primer ministro de Medio Ambiente de Colombia, cuando menciona que este es simplemente otro acto simbólico, político y mediático sin ninguna acción concreta, exceptuando tal vez “la creación de una red de cooperación ante desastres naturales” pero sin ningún poder vinculante, que, al igual que el lánguido Tratado de Cooperación Amazónica, está destinado a la intrascendencia.

 

No es difícil entrever que esta beligerancia nacionalista de Bolsonaro no tiene otro fin que emular a los Estados Unidos en evadir los compromisos internacionales que Brasil, en este caso, ha firmado en materia de conservación de la Amazonia.

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