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El COVID-19 y el sector salud: desprotección, precarización laboral y exceso de carga mental

En el estudio participaron trabajadores de 10 profesiones de dicho sector1: enfermería, fisioterapia, instrumentación quirúrgica, fonoaudiología, terapia ocupacional, bacteriología, odontología, terapia respiratoria, medicina y nutrición, además de trabajadores auxiliares, técnicos y tecnólogos de labores administrativas y de apoyo en la prestación de servicios de salud.
 

Las asociaciones, los colegios y los sindicatos diseñaron una encuesta electrónica de 45 preguntas que fue respondida entre el 29 de marzo y 21 de julio de 2020 por 1.562 trabajadores de un porcentaje importante de los departamentos del país. Esta indaga sobre información individual y laboral de las instituciones en las que se labora, las condiciones de bioseguridad y los impactos en condiciones de salud y precarización laboral.
 

Dentro de los resultados se destaca que, en relación con el conjunto de condiciones de bioseguridad –que incluye, además de la entrega de equipos de protección personal, la incorporación de protocolos, la reorganización de procesos y los espacios y mejoras estructurales–, solo el 65 % de los trabajadores con contrato directo y estabilidad cuenta con el cumplimiento de dichas condiciones, un porcentaje que disminuye a 54 % en el caso de los trabajadores por orden de prestación de servicios u otras modalidades de contratación.
 

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Debido a que en el sector salud más de 6 de cada 10 trabajadores tienen formas precarizadas de contratación, se puede afirmar que gran parte de la fuerza de trabajo está laborando en condiciones críticas.
 

La desprotección


Una muestra desgarradora de esta situación se refiere al cumplimiento en la entrega con suficiencia, oportunidad y pertinencia de 10 implementos de protección clave en tiempos de pandemia: guantes; mascarillas y uniformes quirúrgicos; delantal o peto protector; batas; polainas; gorros; gafas; visor protector; tapabocas; y mascarillas N95. Según el estudio, en ninguno de los casos se garantiza el 100 % de los implementos, siendo la entrega de guantes, delantales y uniformes quirúrgicos una de las situaciones más críticas, con un reporte del 5,4, 23 y 36 % respectivamente.
 

El 84,4 % de los participantes en este estudio están afiliados a las ARL Positiva, Suratep, Colmena, Colpatria y Bolívar, las cuales deben responder por las acciones generadas para superar esta situación. Al respecto, el informe presentado el 15 de julio por la Contraloría General de la República2, indica que la cobertura de entrega de elementos de protección personal (EPP) por parte de ARL como Sura y Positiva es insuficiente, alcanzando solo entre el 15 y 20 % de sus obligaciones.
 

Esta situación abre el interrogante sobre los recursos adicionales que el Gobierno nacional (mediante los decretos 488 y 500 de 2020 y las circulares 017 y 029 de 2020 del Ministerio de Trabajo) destinó específicamente para la entrega de equipos de protección personal por parte de las ARL, los cuales ascienden al 5 % del total de las cotizaciones más otros recursos adicionales.
 

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Mal manejo de casos positivos


En relación con el manejo de los casos positivos por COVID-19, las organizaciones diseñaron un segundo instrumento orientado a caracterizar el impacto en las condiciones de salud y su manejo durante la atención de la pandemia. Este instrumento fue respondido por 1.869 trabajadores, dentro de los cuales se identificaron 264 casos con sintomatología o diagnóstico confirmado de COVID-19 positivo.


Los hallazgos destacan que se ha presentado un manejo inadecuado de estos casos, destacando situaciones como ausencia de reporte a las ARL (42 %), continuación de las actividades laborales a pesar de la presencia de síntomas (21 %) y cuarentenas sin garantía de salarios (16 %). Dentro de las condiciones que incrementan el riesgo de infección por COVID-19 se identifica que trabajar en la alta complejidad es una condición que incrementa el riesgo en un 40 %.
 

Alta carga laboral que afecta la salud mental


En este punto se identifica que un alto porcentaje de los encuestados refiere estrés y sufrimiento mental, y se establece que tener contacto con pacientes con COVID-19 incrementa el riesgo de tener problemas de salud mental en un 47 %; trabajar sin protección individual, en un 25 % y sin protocolos en un 29 %. Estos aspectos, sumados al hecho de que durante la pandemia los participantes refirieron que se ha presentado incremento de la carga de trabajo (31 %), de la jornada laboral (21 %) y disminución del salario (20 %), configuran una condición de trabajo muy crítica para los trabajadores, nuevamente con peores indicadores para los trabajadores con contrato indirecto y sin estabilidad.
 

Otro grupo que presenta una condición de mayor exposición se refiere a los trabajadores que realizan actividades domiciliarias. Esta es una situación que requiere atención especial por parte de las empresas y empleadores responsables de estos servicios, pues se asume que la exposición en servicios domiciliarios y comunitarios es menor que en áreas clínicas, lo que termina por subvalorar el riesgo.
 

Además se encontró que en un alto porcentaje estos trabajadores tienen contrataciones precarias, por lo cual –como ya se expuso– se incrementa la exposición.
 

El COVID-19 se ensaya con los grupos de trabajadores precarizados tanto en sector de la salud como en la economía en general.


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Con base en esta información, las organizaciones de trabajadores vienen realizando acciones de denuncia legal y social y harán un seguimiento estricto al manejo de los recursos destinados a garantizar condiciones de trabajo dignas. Además exigen que los órganos de control hagan un proceso similar, particularmente en lo relacionado con las acciones realizadas por las ARL, que en palabras del procurador general de la nación, Fernando Carrillo, “han sido negligentes, lo que ha provocado el contagio y la muerte del personal de salud”3. Así mismo, estas organizaciones promueven la conformación de un pacto nacional dentro del cual se incluye la generación de garantías plenas para el trabajo en el sector salud.

 


1 Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva; Asociación Colombiana de Fisioterapia; Colegio Colombiano de Fisioterapeutas; Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia; Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia; Consejo Técnico Nacional de Enfermería; Organización Colegial de Enfermería; Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería; Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería; Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios; Asociación Colombiana de Estudiantes de Terapia Respiratoria; Asociación Colombiana de Facultades de Terapia Respiratoria; Colegio Colombiano De Instrumentación Quirúrgica; Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos; Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional; Colegio Nacional De Bacteriología; Asociación Colombiana de Facultades de Odontología; Asociación Nacional de Entidades de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano; Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social; Federación Odontológica Colombiana; Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria- ACOTAPH; Nutricionistas Unidos y Actualizados (NUYA).

2 Contraloría General de la República. Comunicado 090. ¿Cómo trabaja el personal con exposición directa al COVID-19? Contraloría recibe y tramita múltiples denuncias ciudadanas por deficiente o nula entrega de elementos de protección personal.

3 Gossain, J. Esta es la verdadera situación que vive el médico en Colombia. El Tiempo, 12 de agosto de 2020.

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