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Educación superior: la crisis de la financiación oculta la crisis del sistema

En las últimas semanas la opinión pública ha tenido gran cantidad de información y debates sobre la histórica desfinanciación de la educación superior pública, originada en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, y en la exigua participación del gasto en este sector en relación con el PIB nacional (las cifras varían entre 0,5 % y 0,8 %, en comparación con otros países de la región que invierten 1,5 o 2% de su riqueza nacional).

También se ha puesto de manifiesto el acumulado histórico de muchos billones de pesos (15 o 18 según cuentas diversas) y sus profundos efectos negativos sobre la infraestructura, la dotación y la calidad de la educación ofrecida.

Nadie puede dudar de la magnitud de esta crisis de financiación sobre las 61 instituciones públicas: 32 universidades y otras 29 instituciones no-universitarias. Pero esta crisis no se limita a la problemática de esas instituciones y por lo tanto no puede ocultar, minimizar o distraer otras grandes carencias en el sistema de educación superior pública en este país.

Algunos columnistas se han aventurado tímidamente a señalar diversos problemas internos de universidades públicas, como ineficiencia administrativa; altos costos de funcionamiento; prácticas de corrupción en algunas instituciones; problemas de calidad y pertinencia en otras; alto costo de investigaciones de baja calidad y utilidad a la sociedad; y aun problemas de gobernabilidad en algunas.

Estas críticas señalan la necesidad establecer de mayores controles y evaluaciones del costo/beneficio de los recursos públicos invertidos en estas instituciones, lo que no debe ser confundido con violación de la autonomía universitaria. Además cuestionan la asignación de mayores recursos presupuestales a una “olla sin fondo”, sin autocrítica y sin la debida acountability de estos recursos. Se trata de una posición contraria a algunas exigencias del movimiento estudiantil relacionadas con menores poderes de inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional. En suma, un concepto radical de “autonomía” como derecho a utilizar los recursos públicos sin evaluación externa y sin rendición de cuentas.

Pero, más allá de estos señalamientos a problemas internos de las instituciones, han sido muy pocas las reflexiones sobre las grandes carencias y los problemas del sistema en su conjunto; estos son al menos tres (que analizaremos en seguida), y no se solucionan con más recursos económicos a las mismas instituciones existentes sino que requieren de una nueva política de educación superior en su conjunto (la estatal y la privada).

1.Las instituciones funcionan sin rumbo, norte, ni visión de futuro

La razón para que esto ocurra es que no existe un proyecto de país ni grandes prioridades nacionales de desarrollar áreas de formación y de temas de investigación, con la excepción de la formación en TIC, por iniciativa del respectivo Ministerio.

Por eso es que casi todas las instituciones ofrecen los mismos programas tradicionales en áreas en las que se espera matrícula y rentabilidad (lógica de mercado), lo que genera alta concentración de estudiantes en Derecho, Administración, Contaduría y afines, y en algunas Ingenierías, con la consecuente sobresaturación de egresados en las mismas pocas áreas, lo que genera problemas de bajos ingresos y subempleo.

Resultado de este cuadro también es una fuerza laboral universitaria de muy baja calificación y con escasos aportes a la productividad y modernización de las empresas, sometidas a rápidos cambios tecnológicos y a una intensa competencia de innovación basada en conocimientos de alto nivel de cualificación (investigación, experimentación y desarrollo).

Aparte de lo anterior, es muy baja la matrícula en matemáticas y ciencias naturales, lo que implica una mínima capacidad de investigación científica y tecnológica.

En la economía moderna, basada en ciencia y tecnología, no es posible lograr crecimiento, modernización ni competitividad sin un alto porcentaje de la fuerza laboral con educación superior. Colombia necesita aumentar rápidamente la ratio de científicos, ingenieros y técnicos de alto nivel en la fuerza laboral, para poder modernizar su economía y generar empleos de alta cualificación y remuneración.

Colombia es de los países con el más alto porcentaje de matrícula en Administración y Derecho, 45 % en 2016, según la OCDE (Colombia: Education at a Glance, 2017). Nuestro país tiene además el 2 % de matrícula en Matemáticas y Ciencias Naturales, y un muy bajo porcentaje de personal con capacidad de investigación y desarrollo (I+D) por millón de habitantes. México tiene más del doble, Chile 3,9 veces, Brasil 6,1, Japón 45, Singapur 58, e Israel 72, según puede verse en la base de datos del Banco Mundial.

2.Colombia carece de capacidad institucional e intelectual para investigación y experimentación en tecnologías modernas

Esto limita seriamente la capacidad de innovación y productividad y genera una alta dependencia tecnológica y económica de importaciones de alto costo.

Desde la Ley 30 de 1992 se definió la “educación tecnológica” como la formación para un nivel ocupacional intermedio entre el técnico y el ingeniero, equivalente al “técnico superior” en la experiencia internacional. En esta concepción de nivel ocupacional intermedio la formación tecnológica perdió su relación natural con la tecnología moderna, con sus bases científico-tecnológicas, y quedó reducida al segundo ciclo de la formación técnica.

La educación tecnológica moderna, expresada en institutos y universidades tecnológicas y altamente valorada en los rankings internacionales de educación superior, está basada en actividades de investigación y experimentación de objetos tecnológicos, con propósitos de innovación, solución de problemas y avance de la ciencia misma por medio de instrumentos tecnológicos.

Estrictamente hablando, el saber tecnológico no se “enseña” de manera tradicional, se descubre y renueva continuamente pues nunca es estático, está en continua evolución. Requiere “formación por proyectos”, en vez de la estructura tradicional de currículo y docentes, y depende de una relación estrecha y proactiva con el sector productivo público y privado.

La tecnología moderna es un cuerpo cada vez más sistemático y complejo de conocimientos basados en la ciencia. Mientras más moderna o avanzada sea la tecnología (informática, robótica, biotecnologías, nuevos materiales...), más evidente aparece la estrecha relación simbiótica entre los conocimientos científicos y los tecnológicos.

La revisión de los rankings internacionales de educación superior muestra un rápido posicionamiento de institutos y universidades “tecnológicas” en los niveles más altos. Ejemplos sobresalientes: MIT, Caltech, University of Science and Technology (China); Delft University of Technology (Holanda), Tokyo Institute of Technology, Instituto Federal Suizo de Tecnología, Universidad Tecnológica de Munich, Royal Institute of Technology (Suecia), Instituto Tecnológico de Sinpapur, entre otras muchas instituciones similares.

Sin embargo son muy pocas las instituciones colombianas con identidad y capacidad de investigación y experimentación en tecnologías modernas.

3. No existe una amplia oferta pública de educación técnica postsecundaria

Más del 50 % de los egresados del nivel medio ingresa al mercado laboral sin ninguna cualificación, dada la escasez de oportunidades de formación técnica postsecundaria, de calidad reconocida. Esto explica su bajo estatus social y baja matrícula: 4,1 % en 2015.

En este panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) aparece como la única oportunidad de formación laboral, claramente insuficiente frente a la alta demanda. A esto se suma la existencia de programas de calificación laboral de nivel bajo y medio, mientas la economía moderna requiere un alto número de científicos e ingenieros de alto nivel, con capacidad de investigación, desarrollo e innovación.

Los ejemplos internacionales de formación técnica postsecundaria abundan: los community colleges de USA, Corea, Japón…, los hogescholen en Holanda, los Institutos Universitarios de Tecnología (IUT) de Francia, las escuelas técnicas superiores en Brasil, etc., con coberturas que fluctúan entre el 50 y el 70 % de egresados del nivel secundario. En ninguna sociedad la cobertura masiva en la educación superior se logra en las universidades académicas tradicionales, sino en sistemas altamente diversificados de formación, con ofertas equivalentes en calidad según su objetivo y campo de acción.

La demanda potencial en Colombia por educación técnica moderna de calidad puede ser muy alta. En los próximos cuatro años entre 2.5 y 2.7 millones de jóvenes terminarán su formación media. Bajo un supuesto optimista de que el 50 % tendrá acceso a alguna modalidad de educación postsecundaria, todavía quedarán entre 1.2 y 1.3 millones de jóvenes sin oportunidades de educación a este nivel. Ante esta tremenda escasez de oportunidades de formación laboral, que deja a cientos de miles de jóvenes a las puertas de la delincuencia y el narcotráfico, la única respuesta de este Gobierno es una versión disfrazada de “Ser Pilo Paga”, que revela la falacia de esta nueva versión Generación E (de equidad) de SPP.

Con los 3,6 billones de pesos anunciados, para apenas 320.000 jóvenes en cuatro años, se podría solucionar a corto plazo el déficit de funcionamiento de las diversas instituciones de educación superior (IES) públicas, mientras se efectúa una reforma sustantiva a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, referidos a la financiación de las universidades públicas. Además se podría financiar la principal carencia de la educación postsecundaria en Colombia: la ausencia de un sistema público de educación técnica moderna, según estándares internacionales, que demanda un alto porcentaje de egresados que busca formación laboral de calidad.

Además de estos 3,6 billones de pesos, un porcentaje importante de los 3,5 billones de pesos del actual presupuesto del SENA debería asignarse a la organización del mencionado sistema de educación técnica moderna.

Lo que estas cifras revelan es algo decepcionante: no se carece de recursos sino de voluntad política para ampliar y diversificar la oferta de oportunidades de educación superior para un alto porcentaje de los jóvenes egresados del nivel medio.

Ninguna de las tres grandes faltas del sistema de educación superior colombiano ha sido analizada ni debatida en el actual contexto de la crisis económica de 61 instituciones públicas. Por eso, aunque eventualmente se supere esta crisis, las tres grandes carencias continuarán afectando negativamente la calidad, pertinencia y equidad de nuestro sistema de educación superior, en especial porque este Gobierno no muestra una política integral para este nivel educativo.

También en este especial

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