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Dosis personal, ¿un decreto que puede ser un retroceso?

Hace pocos días el presidente de la República Iván Duque dio a conocer el borrador del decreto con el que pretende regular la dosis mínima de droga. Según la norma propuesta, la Policía puede decomisar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte o consuma en escuelas o espacios públicos, y proceder luego a su destrucción.

Con esta medida, el Gobierno nacional pretende negar la sentencia de la Corte Constitucional que reconoce el derecho del consumidor a portar su dosis personal. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, explicó en rueda de prensa que si el afectado es un adicto y lo demuestra, con certificación médica o testimonio de alguien cercano, se le devuelve la droga.

Tal excepción no está incluida en el texto del decreto divulgado, pues según la ministra el Ministerio de Defensa debe reglamentar su procedimiento. Peor aún: significa que la persona que quiera conservar su droga se debe calificar como adicta frente a la justicia, lo cual no es algo deseable en una sociedad muy propensa a la estigmatización.

Así mismo quiere decir que el Estado solo ve dos alternativas frente a quienes poseen droga: o son narcotraficantes o son adictos, lo cual desconoce que la mayoría son consumidores recreativos, es decir que ocasionalmente utilizan una droga sin que ello los afecte de manera negativa.

El prohibicionismo toma aire de nuevo

Según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), de la Universidad de los Andes, un 24 % de los habitantes de Bogotá encuestados en su estudio consumió marihuana en 2017. Esto quiere decir que un número importante de bogotanos tendría que declararse adicta o aceptar la destrucción de su droga en caso de ser requisada por la Policía.

El decreto propuesto por el presidente es un paso más en el camino hacia la prohibición del consumo de drogas que algunos sectores políticos tienen como objetivo. El problema se remonta a mayo de 1994, cuando la Corte Constitucional estableció en una sentencia que el porte y consumo de una dosis mínima de droga (20 gramos de marihuana y uno de cocaína) no era punible, porque hacerlo “vulnera la dignidad humana, la autonomía de la persona y el libre desarrollo de la personalidad”.

El gobierno de César Gaviria reaccionó mal frente a la sentencia y quiso aprobar una reforma a la Constitución que volviera a penalizar la dosis mínima.

Pero fue en los gobiernos de Álvaro Uribe cuando se dio una batalla más prolongada con ese fin. Finalmente en 2009 consiguió la aprobación de una reforma constitucional que prohibió el consumo de drogas, a menos que fuese por prescripción médica, pero no incluyó, como era la pretensión inicial, sanciones o medidas terapéuticas obligatorias a los consumidores.

La jurisprudencia sobre el tema

A pesar de esas normas, en sentencia de 2011 la Corte Constitucional reafirmó la vigencia de la dosis personal, y en 2016 la Corte Suprema de Justicia creó en sentencia una nueva figura: la “dosis de aprovisionamiento”, que es más flexible y admite que un consumidor tenga una cantidad mayor que la establecida en la dosis mínima, siempre que pueda probar que es para su uso personal.

La contraparte es que la Corte permite que las autoridades judicialicen a un individuo si prueban que la droga que porta es para comercializarla, aunque su cantidad sea inferior a la dosis personal. La Corte dejó a criterio del juez determinar si la droga que posee una persona corresponde a la dosis de aprovisionamiento o no.

Para algunos entes –la Fiscalía en particular– la autonomía del juez al respecto es una fuente de problemas porque los traficantes se escudan en la dosis de aprovisionamiento para delinquir, mientras para otros es bienvenida porque es necesario conocer los detalles particulares de cada caso para establecer si se cumplen los criterios de la dosis de aprovisionamiento.

Finalmente, el Código de Policía que entró en vigencia en enero de este año prohibió portar y consumir drogas en espacios públicos y establecimientos educativos, sin reconocer los límites impuestos por las sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.

El presidente Duque ha dicho que la sentencia de la Corte de 1994 es “terriblemente dañina” y su decreto elimina en la práctica los efectos de esa y otras las sentencias de las cortes. Aunque es cierto que respeta la dosis personal al proponer que solo pueden ser judicializados los individuos con cantidades de drogas mayores a esa dosis, elimina las protecciones de la Corte por cuanto le permite a la Policía decomisar las drogas que cumplan con las condiciones de la dosis personal, a menos que el portador se someta al engorroso y humillante proceso de declararse adicto.

Existen dudas sobre si un decreto puede dejar sin vigencia las sentencias de la Corte Constitucional sobre la dosis personal; les corresponde a los tribunales dilucidar estas cuestiones jurídicas. En todo caso, el Código de Policía ya daba sustento a la intervención de la Policía contra los consumidores.

Las razones del decreto

Por el momento podemos hacer algunas interpretaciones sobre las razones y consecuencias del decreto. Un argumento repetido por quienes quieren eliminar la dosis personal es que esta ha impulsado el consumo de drogas, pero los datos existentes no permiten afirmar que en Colombia el consumo haya crecido en mayor proporción que en países similares.

Otro argumento es que el consumo promueve la producción y el tráfico de drogas. Sin embargo el mercado interno es relativamente reducido, por lo que su eliminación no va a afectar el papel de Colombia como centro del narcotráfico.

Además es necesario tener en cuenta que el poder de las bandas en las ciudades no depende del control del mercado de las drogas sino que deriva de su prestación de servicios de protección, dentro de los cuales el asunto de las drogas es un rubro más. Aunque las evidencias no estén de su parte, existe un reclamo de ciertos sectores por controlar el uso de drogas con medidas más restrictivas.

Lo importante es considerar que en muchos casos el control de las drogas es –especialmente– el control de los grupos percibidos como consumidores, los cuales suelen estar conformados por jóvenes marginales. La Policía ya los requisaba y les quitaba de manera arbitraria la droga que portaran, sin considerar si eran adictos o consumidores recreativos.

El nuevo decreto amplía la discrecionalidad de la Policía para acosar a estos jóvenes en la calle. Después de todo, es poco probable que la esta se dedique a hacer redadas de los lugares frecuentados por los hijos de quienes solicitan y expiden estos decretos.

Es muy claro que el Gobierno busca el aplauso de los votantes que están sorprendidos por algunos de los nombramientos en altos cargos y por la prudencia con que se está manejando el Acuerdo con las FARC. Con seguridad el decreto propuesto le proporcionará esos aplausos, pero impide que el consumo sea abordado con medidas más efectivas y mejor informadas.

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