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Doscientos años de ciudadanía

A finales del siglo XVIII la voz “ciudadano” había ganado prestigio y empezó a desplazar a otros vocablos entre los jóvenes ilustrados. Francisco Antonio Zea publicó en el Papel Periódico de Santafé (1791) un artículo en el que sacrificaba su “reputación de literato” por el título de ciudadano, refiriéndose con este término a quien se comprometía a procurar el bien del reino cultivando y administrando un saber que producía el bien común. El patriota y el ciudadano convivían en el mismo espacio.

Las palabras más comunes para referirse a los habitantes del virreinato eran vecino y vasallo. Como “vecino” se designaba a quienes vivían en los pueblos y ciudades, en particular a aquellos con solar, que residían allí y tenían representación en el Cabildo. Aunque en el siglo xvi el término distingue a lo más granado del reino, para la segunda mitad del XVIII se generalizó entre los sectores populares, en particular en lugares donde el mestizaje tuvo un impacto importante. Cuando en la actualidad se llama “vecino” al tendero del barrio, se está evocando esa larga historia de arraigo en la localidad.

En cambio la palabra “vasallo” nombraba a los súbditos de un soberano al que se le rendía obediencia, y expresaba la vinculación a una comunidad mayor y gloriosa: la monarquía católica.

Los dos términos se referían a una sociedad jerarquizada que se sustentaba sobre las virtudes idealizadas de los hombres, los nobles y los más blancos. En este orden, el padre, a la manera del rey con sus súbditos, “protegía” a las mujeres, los niños, los sirvientes y los esclavos que formaban parte de su casa.

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Palabra transformadora

Durante la crisis política de 1808 la voz “ciudadano” recogió buena parte de la energía transformadora del periodo. Antonio Nariño y Juan del Corral la impusieron en sus administraciones; a Bolívar le gustaba decir que prefería “el sublime título de buen ciudadano […] al de Libertador” (1819); curas de pueblos la ensayaron frente a sus feligresías y sargentos la invocaron para inspirar valor entre sus soldados. Las mujeres también se imaginaron ciudadanas, como aquella cartagenera que en una angustiosa tarde de agosto de 1815 increpó a las mujeres para que merecieran el “nombre de colombianas, título que equivale al de patriotas”.

El fundamento ciudadano que se instauró hace doscientos años abolió de tajo los estatutos sociorraciales que organizaban la población de manera jerárquica y nos puso a todos, en principio, en una relación de igualdad ante la ley.

El fervor neogranadino por el ciudadano desencadenó la furia de las autoridades monárquicas. En 1816, el presbítero realista José Antonio de Torres y Peña ordenó furioso que se borrara de las partidas notariales “el odioso título de ciudadanos, que adoptado como un distintivo de los demócratas, anarquistas y jacobinos (defensores del centralismo de Estado), lo introdujeron como signo del desorden y la rebelión”.

Aunque el impulso inicial de la ciudadanía americana fue el reclamo por la igualdad entre los pueblos americanos y los españoles, la construcción de la igualdad entre los colombianos fue lenta; los privilegios y las distinciones se han ido minando poco a poco. En 1808 Francisco José de Caldas señaló que en la escuela no debía existir ninguna distinción que hiciera que un niño se sintiera superior a otro; por el contrario, allí todo debía ser “igualdad y fraternidad”, y los niños debían estar unidos por lazos de amistad sin importar su condición económica y social.

Las Constituciones políticas que se adoptaron en el territorio neogranadino a partir de 1810 proclamaban el principio de igualdad ante la ley para todos sus ciudadanos. Para 1819 dicho principio había sido apropiado por diversos grupos sociales que entendían la igualdad como un derecho fundamental. Abundan los testimonios de oficiales republicanos que arengaban a sus tropas señalando que la legislación española les negaba a los negros y a las castas el derecho de la ciudadanía. Incluso quienes se oponían a la República señalaron con frecuencia la falta de voluntad de los criollos para realizar ese principio ciudadano. Su opción por el rey también era una forma de ciudadanía.

Los escenarios en los que se construyó la ciudadanía en este periodo fueron tres: las elecciones, fundamento del sistema representativo; el ejército bolivariano, masivo y disciplinado; y la escuela, ambicioso proyecto cívico que dominó la primera década de vida republicana.

A finales de 1818 aparece en el periódico revolucionario El Correo del Orinoco la convocatoria a elecciones para diputados en las provincias republicanas de Venezuela y Casanare, la cual es sorprendentemente amplia: contrario a las modalidades censitarias –que imponían un monto de propiedad o renta para permitir el voto–, el reglamento de 1818 concede el voto directo sin limitarlo por renta, propiedades o calidad étnica.

Escenarios de la ciudadanía

En los cuarteles y parroquias el proceso electoral se demoró ocho meses y tuvo que enfrentar enormes dificultades, como el estado de guerra, la destrucción de la economía y la infraestructura, las enormes distancias, los obstáculos geográficos y la ausencia de un censo civil. Aun así, las elecciones dislocaron las antiguas formas de legitimidad e iniciaron un lento pero efectivo cambio en la forma de hacer política, lo mismo que sucedería más adelante con los debates en el Congreso.

El reglamento dice: de nada vale emanciparse si terminamos sometidos “a una ley que no [es] la obra del consentimiento general del pueblo”, consentimiento que conduce a disfrutar la “libertad civil bien constituida”. Los colombianos (ya desde Angostura se denominaban así) encontraban en este régimen democrático razones para el orgullo ante lo que veían como la tiranía y el despotismo prevalentes en Europa.

Las palabras más comunes para referirse a los habitantes del virreinato eran vecino y vasallo. Como “vecino” se designaba a quienes vivían en los pueblos y ciudades, en particular a aquellos con solar, que residían allí y tenían representación en el Cabildo.

La convocatoria de 1818 les permitió el voto a los militares que tuvieran el grado de cabo en adelante, una medida que abrió efectivamente el sistema representativo a nuevos sectores sociales. Aunque futuras elecciones prohibirían el voto militar, lo cierto es que la construcción de la primera ciudadanía colombiana pasó por la incorporación masiva de gentes de todas las procedencias sociales a la institución militar. El ciudadano soldado se convirtió en uno de los modelos más influyentes de la ciudadanía republicana.

La escuela se convirtió en el proyecto institucional más ambicioso de la primera década republicana. El consenso entre quienes se enfrentaban al reto mayúsculo de erigir una república era que, como señaló el presidente de la Sociedad Patriótica del Cantón de Caloto (Cauca), “sin luces ni educación moral […] no hay libertad, no hay prosperidad, no hay sistema representativo”. Para 1827 se mantienen casi 500 escuelas en las que se educan cerca de 20.000 estudiantes, un esfuerzo inmenso cuyo propósito es ofrecer educación a todos los ciudadanos en forma gratuita, igualitaria y unificada.

Aunque es cierto que han existido restricciones al ejercicio de la ciudadanía a lo largo de toda nuestra historia, también lo es que el fundamento ciudadano que se instauró hace doscientos años abolió de tajo los estatutos sociorraciales que organizaban la población de manera jerárquica y nos puso a todos, en principio, en una relación de igualdad ante la ley.

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