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Dos años de esfuerzos por la paz colombiana

Terminar un conflicto armado interno tiene tres grandes momentos:

  • la fase exploratoria, o la prenegociación,
  • la negociación y su refrendación, y
  • la implementación de lo acordado, que hace referencia propiamente a la construcción de paz.

En la implementación de lo acordado entre las partes para terminar un conflicto armado es útil diferenciar:

  • La dimensión normativa: convertir en normas constitucionales, legales o reglamentarias de lo acordado, que es competencia del legislativo y de las Cortes.
  • La ejecución a nivel territorial de lo acordado.
  • La reincorporación de los miembros del grupo insurgente en las actividades legales, a cargo del ejecutivo y de la organización alzada en armas.

Sin duda lo anterior pone a prueba la voluntad política de las partes, la capacidad administrativa del Estado –en lo nacional y lo territorial– y el apoyo de la sociedad. En el caso colombiano, Gobierno y FARC acordaron en el Plan Marco de Implementación (PMI) un término de 15 años para la implementación del Acuerdo, lo cual se debe tener en cuenta cuando se hacen afirmaciones conclusivas sobre el avance de la implementación.

Merece la pena destacar que el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz –de la Universidad de Notre Dame, con sede en Indiana, Estados Unido–, que tiene la responsabilidad formal del seguimiento, está produciendo informes de manera periódica. Igualmente lo hacen la Secretaría Técnica de la Verificación Internacional, a cargo del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), junto con las universidades del Sistema Universitario Estatal (SUE), el Senado de la República, la Fundación Paz y Reconciliación y el Foro por Colombia, junto con Viva la Ciudadanía.

Estatuto de oposición y más seguridad, entre lo positivo

En nuestra democracia existen poderes con autonomía relativa (ejecutivo, legislativo y judicial), y aunque los acuerdos se lograron con delegados del ejecutivo, lo que no necesariamente comprometía la autonomía de las otras dos ramas, sí se pone a prueba la capacidad de colaboración armoniosa de las diferentes ramas del poder público para cumplir un compromiso de Estado.

El primer resultado positivo del Acuerdo es que ya no existen las FARC como grupo armado ilegal, lo cual ha tenido un impacto positivo en la seguridad de muchos territorios y de los miembros de la fuerza pública, ¿pero qué pasa con los grupos de disidentes? Era previsible que esto sucediera –se presentan en casi todos los procesos de fin de conflictos armados–, pero no tienen futuro como grupos armados delincuenciales, y de combatirlos se ocupará la fuerza pública.

Un segundo aspecto para mencionar es que las FARC ahora son una fuerza política, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Un tercer factor positivo es que el Acuerdo estableció la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el cual se conformó mediante el Decreto Ley 895 de 2017, con el propósito de garantizar la implementación de medidas efectivas de protección y seguridad de líderes tanto sociales como de la oposición, en el desarrollo de sus actividades comunitaria y política. Para garantizar que estas medidas sean efectivas, es imprescindible enfatizar sobre el enfoque territorial de la implementación, lo cual se debe reflejar en que no haya más asesinatos de líderes sociales y excombatientes.

Cuarto, los antiguos miembros de esa guerrilla están en proceso de ser juzgados por la Justicia Especial para la Paz (JEP), que recién comienza a despegar, igual que a los militares o policiales involucrados en delitos no amnistiables asociados con el conflicto armado –crímenes de guerra y graves infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Igualmente ya se pusieron en marcha los demás componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que son la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, y la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas por razones del conflicto, así como el inicio de medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

Un quinto aspecto es que el país cuenta con un Estatuto de Oposición que mejora tanto las garantías políticas para los perdedores como la calidad de la democracia, así el mismo no fuera el que algunos hubieran deseado como garantías para la oposición. 

Sexto, aunque con muchas dificultades administrativas, se viene dando el proceso de reincorporación de excombatientes, previa dejación de las armas y su entrega a la Misión de Naciones Unidas, y de la realización del Censo Socioeconómico adelantado por la Universidad Nacional de Colombia. Entre las dificultades está la llamada “lista Clinton”, impuesta por Estados Unidos y que dificulta aspectos como abrir cuentas en entidades bancarias para las cooperativas o empresas creadas por los excombatientes. Sin embargo se tiene gran apoyo de la comunidad internacional, en especial de la Unión Europea y de Naciones Unidas, y un respaldo importante de varias universidades y del SENA en cuanto a capacitación y asesoría.

Un séptimo factor a destacar es que está funcionando el programa de televisión Mimbre –que fue parte del Acuerdo y que está orientado por las dos partes–, en el que semanalmente por Señal Institucional se hace pedagogía de paz. También se comenzaron a adjudicar las primeras emisoras comunitarias contempladas en el Acuerdo.

Las tareas pendientes

Entre los aspectos negativos está el hecho de que no se han dado ni la Reforma Política elaborada por la Misión Electoral Especial, establecida en el Acuerdo, ni las 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes para que estuvieran representados los territorios más afectados por el conflicto, temas sobre los cuales habrá que presionar.

En lo agrario es verdad que las cosas apenas intentan despegar, pero vale la pena decir que el gobierno del Presidente Iván Duque –que viene de los sectores que se opusieron al Acuerdo y ganaron el plebiscito– ha tenido una actitud realista y responsable, y en documento de octubre pasado, titulado “La paz, la estabilización y la consolidación son de todos”, de la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, expresamente señala: “El Presidente Duque cumplirá con lo pactado... la implementación del Acuerdo se hará respetando y reconociendo las políticas inclusivas de género y étnico, con amplio énfasis en las políticas orientadas a la mujer rural”.

Así mismo se plantea como compromiso presentar en 2019 los proyectos de ley de Catastro Rural Multipropósito y ampliación de la cobertura de la Jurisdicción Agraria. Sin duda este documento clarifica el compromiso de este Gobierno con la implementación, aunque por razones obvias el tema no tendrá la centralidad que le dio el Gobierno anterior.

¿Qué pasó con el ELN?

Con respecto al ELN es importante darle un poco de tiempo al Gobierno, el cual tiene congelada la Mesa porque puso dos condiciones: la liberación de todos los secuestrados por este grupo, y la terminación de esta práctica, además de la suspensión de las actividades violentas, exigencia que comparten la mayoría de los colombianos.

Pese a lo anterior, el nuevo clima político del país permitió realizar este año elecciones en un ambiente de seguridad distinto. Se eligió el Congreso de la República, donde no hay fuerzas políticas hegemónicas, como en la época de la hegemonía liberal-conservadora, lo que obliga a construir acuerdos de forma permanente.

Así mismo la posibilidad de expresarse de la protesta social ha mejorado y esto ha permitido que el gran movimiento por la defensa de la universidad pública, liderado por estudiantes y profesores, se haya adelantado sin las estigmatizaciones del pasado, con un comportamiento de la Policía más respetuoso (no faltan casos de comportamientos excesivos, también en minúsculos grupos de encapuchados) y en general con mayor respeto por la protesta social, una de las conquistas del Acuerdo.

Vea en este capítulo de La Paz en Foco el balance de la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC y las perspectivas de paz con el ELN frente a las decisiones que tome el presidente Iván Duque en esta materia.

 

 

No hay duda de que la implementación del Acuerdo logrado con las FARC puede tener un impacto significativo en relación con un eventual proceso de diálogos con el ELN; pondría en evidencia la voluntad y capacidad del Estado para cumplir con los acuerdos que eventualmente pudieran generarse con esta organización.

Es verdad que la implementación podría ir a un ritmo diferente, pero con realismo es importante expresar que las cosas han venido avanzando de manera positiva, y para que dicha evolución se dé es importante reconocer el aporte de los antiguos miembros de la guerrilla de las FARC comprometidos con la implementación. Se debe estimular a los antiguos guerrilleros que dudan y plantean legítimas preocupaciones para que se sumen, y decirles que no existen procesos perfectos, y que lo que hay se puede mejorar.

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