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Disposición de residuos, bomba de tiempo que se puede desactivar

Una investigación adelantada por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la UN encontró que a pesar de las normativas y la implementación de sistemas de recolección y transporte, a los rellenos sanitarios de gran parte del país sigue llegando todo tipo de residuos sin ninguna selección previa. Una de las principales razones de esta situación tiene que ver con el hecho de que no se están separando los residuos en origen o desde la fuente.

Aunque en Colombia existen algunas industrias que jalonan la demanda de residuos como papel, cartón, PET, vidrio y aluminio, todavía se pueden recuperar mayores cantidades de estos materiales si se mejora la separación en la fuente.

De hecho, según el Departamento Nacional de Planeación el país genera un promedio de 11,6 millones de toneladas/año de residuos sólidos urbanos (RSU), lo cual implica una producción por persona de 0,57 kg/día, con variaciones entre 0,3 a 0,9 kg/día.

Para los residuos de construcción y demolición la propuesta contempla que el constructor pague una “fianza” reembolsable al final de la obra, siempre y cuando se garantice que un porcentaje de los residuos se reutilizó.

El estudio del IDEA evidenció que el 97,2 % de los residuos sólidos son dispuestos en vertederos y el 2,8 % en sistemas inadecuados como botaderos a cielo abierto y cuerpos de agua (ríos, lagos y mares). Paulo César Rodríguez Moreno, investigador del Instituto, señala que las afectaciones más significativas encontradas son:

  • Los tratamientos médicos de personas expuestas a residuos.
  • El deterioro de fuentes hídricas.
  • Los costos de oportunidad asociados con el uso de suelos productivos para la construcción de rellenos sanitarios.
  • El deterioro en la calidad del aire por emisiones de gases y olores.

La investigación del IDEA se adelantó mediante un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, para responder a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) frente al manejo de residuos. Entre los principales requerimientos del organismo multilateral se encuentran:

  • Orientación de la política de control hacia la prevención.
  • Mejora en la recopilación de información y su tratamiento acerca de residuos peligrosos.
  • Desarrollo de infraestructura para aumentar la capacidad de tratamiento en residuos sólidos y cumplimiento de normativa.
  • Necesidad de incrementar los índices de reciclaje.

Dicho estudio contempló siete líneas de trabajo según los tipos de residuos. Un primer diagnóstico centrado en la experiencia nacional con respecto a los requerimientos técnicos, normativos e institucionales, encontró múltiples oportunidades para aumentar el bienestar de la población si se aplican instrumentos que contribuyan a promover y crear mercados para el tratamiento y aprovechamiento de residuos, junto con el compromiso de los ciudadanos en la transformación de hábitos de consumo y en mejores prácticas de separación, además de enfatizar en la participación de las organizaciones de recicladores.

Estimaciones no acertadas

La investigación estableció que mercados emergentes de residuos como los de construcción o demolición, o los de gránulo de caucho de llantas usadas, cuentan con gran potencial para desarrollarse, aunque necesitan mayor apoyo gubernamental con respecto al ajuste de normatividades, mayores incentivos y el fomento del consumo de materiales por parte del sector industrial.

Según el DNP el país genera un promedio de 11,6 millones de toneladas/año de residuos sólidos urbanos (RSU), lo cual implica una producción por persona de 0,57 kg/día, con variaciones entre 0,3 a 0,9 kg/día.

Mónica Clavijo, del equipo de expertos, indica que en la primera fase se concentraron en envases y empaques PET (tereftalato de polietileno, un tipo de plástico), recipientes para plaguicidas y llantas con diámetros superiores a 17 pulgadas. En la siguiente etapa se hizo énfasis en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, desechos orgánicos superiores a 1 m3/mes, pilas y baterías, y sobrantes de construcción y demolición.

“Los agentes que disponen de residuos de construcción no son ciudadanos comunes y corrientes sino empresas constructoras que ejecutan grandes proyectos asociados con obras civiles o de infraestructura”, precisa. Además compara este caso con el de los residuos de envases y empaques PET, en el que el ciudadano es el consumidor principal.

Por eso, mientras para ciertas categorías las regulaciones vigentes –relacionadas con el cobro de las tarifas de aseo– tienen una incidencia directa, en otras no están contempladas, como los residuos eléctricos y electrónicos. La investigación concluyó que se trata de una estrategia ineficaz.

Al respecto, los expertos señalan que aunque la Comisión Ambiental de Agua Potable y Saneamiento Básico se ocupa de calcular lo que se debe pagar por concepto de aseo sobre la disposición de buena parte de los residuos, su aplicación real se limita a hacer una distinción entre hogares y establecimientos comerciales que va hasta o desde 1 m3/mes, respectivamente, y deja a un lado otras posibles alternativas como generación de biogás o tratamiento de residuos.

No es solo asunto de recicladores

Según cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los residuos recuperados para su aprovechamiento en el territorio nacional corresponden apenas al 16,5 % de los cerca de 10 millones de toneladas que se generan al año, es decir, 1.650.000. 

Aunque la empresa privada ha tenido algunas iniciativas –como fabricar botellas más delgadas con PET–, y materiales como vidrio y aluminio se reciclan de manera constante, gran parte de la responsabilidad de separar los residuos terminó siendo asumida por los recicladores, quienes a su vez solo recuperan aquellos que tienen mayor demanda.

Y si bien las grandes ciudades cuentan con la infraestructura adecuada para adelantar procesos de reciclaje a gran escala, en otras regiones la situación es la opuesta por la ausencia de eslabones de mercado para hacer llegar los residuos a los centros de reciclaje, los cuales a su vez son prácticamente inexistentes.

“Aunque en regiones como la Amazonia el aprovechamiento de residuos es inviable, sí deberían existir actores que los almacenen para hacer posible su transporte a un centro urbano cercano”, puntualiza la investigadora Clavijo.

Fianzas para desechos de construcción

Para contrarrestar ese desolador panorama, el IDEA recomienda una serie de criterios que permitan optimizar el proceso de disposición de residuos, entre ellos crear un mecanismo económico que desestimule las dinámicas de libre competencia que privilegian unos actores sobre otros.

El profesor Rodríguez señala que aunque impuestos y tasas serían una opción, estas generarían un cuello de botella debido a aspectos legales, ajustes normativos y problemas logísticos como el diseño inadecuado de acopio, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de los residuos.

Para los residuos de construcción y demolición la propuesta contempla que el constructor pague una “fianza” reembolsable al final de la obra, siempre y cuando se garantice que un porcentaje de los residuos se reutilizó.

Alcanzar niveles adecuados en disposición de residuos dependerá en buena medida de que las autoridades gubernamentales implementen campañas educativas encaminadas a concientizar a la ciudadanía y a los empresarios con respecto a la importancia del reciclaje. Solo así Colombia se podrá equiparar con otros países como Corea o Japón que comprendieron hace tiempo que los desechos no son simple basura.

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