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Discurso de Duque: dos uribismos, un solo negociador

Llegó Iván Duque. Contrario a las expectativas generadas, el eje de su gobierno no estará centrado en la economía sino en su capacidad de negociación y concertación.

Son muchas las interpretaciones que se pueden hacer sobre el discurso de posesión del nuevo presidente –titulado “El pacto por Colombia”– si se compara con el que le precedió, pronunciado por el presidente del Congreso, su copartidario Ernesto Macías. ¿Los dos representan un solo discurso concertado, en el que uno sacó la “ropa sucia” y el otro mostró una cara conciliadora? ¿o más bien son el reflejo de dos complejidades presentes en el partido de gobierno del presidente Duque? Muchas circunstancias se inclinan hacia la segunda opción.

El antecedente está en el largo sendero que tuvo que recorrer Iván Duque para ser el candidato del Centro Democrático en “La gran consulta por Colombia” del 11 de marzo de 2018, en la que se impuso sobre otros cinco precandidatos, algunos de los cuales argumentaron ser mejores opciones que él, por ofrecer una mayor lealtad y cercanía con la línea ideológica uribista.

Aunque el Centro Democrático siempre se percibe como una unidad monolítica, con disciplina de perros, dirigida militarmente por Álvaro Uribe, la realidad es que existen muchos matices internos. Duque, aunque ungido por el gran jefe, provocaba sospechas en algunos sectores tradicionalistas de su partido por sus posturas abiertas respecto a temas como no querer hacer trizas los acuerdos de La Habana o por su aceptación al statu quo impuesto por la Corte Constitucional respecto del aborto. Esto fue suficiente para ser etiquetado por ciertos sectores del Centro Democrático como un potencial traidor que podría repetir la experiencia de “deslealtad” de Juan Manuel Santos. El Duque candidato tuvo que construir puentes de confianza interna con quienes lo atacaron en su precandidatura.

Se enfrenta a un vacío generado por la polarización social y política que se expresó ayer en lo que se llamó la “marcha por la vida”, a la que convocó el líder de la oposición Gustavo Petro

Mientras el discurso de Duque apeló a la unidad y la conciliación, el del senador Ernesto Macías era el fiel reflejo de una cuenta de cobro típicamente uribista y para uribistas: puso el espejo retrovisor a la gestión del gobierno Santos, al que definió como un “socavón” y responsabilizó por su negligencia en el incremento del narcotráfico y el asesinato de 300 líderes sociales; un discurso en el que pidió, de paso, la cabeza de una cúpula de la fuerza pública que debía ser inmediatamente removida.

El nuevo presidente llamó a un nuevo “Pacto por Colombia” y se limitó a dejar constancia de las dos grandes bombas de tiempo que le dejó el gobierno Santos: salud y alimentación escolar, mientras mandaba con terceros el mensaje de estabilidad a la actual cúpula militar.

¿Los dos discursos y las dos posturas reflejan una esquizofrenia política? Ciertamente no. Duque no es Uribe, ni puede dar órdenes de partido. A diferencia de sus dos antecesores, el nuevo presidente no puede reelegirse y ni siquiera tendrá la tentación de hacer tolda aparte, como Santos, pues no está amarrado a garantizar su continuidad.

Duque, aunque ungido por el gran jefe, provocaba sospechas en algunos sectores tradicionalistas de su partido por sus posturas abiertas respecto a temas como no querer hacer trizas los acuerdos de La Habana.

Además se enfrenta a un vacío generado por la polarización social y política que se expresó ayer en lo que se llamó la “marcha por la vida”, a la que convocó el líder de la oposición Gustavo Petro, y a la cual prefirieron asistir los senadores de las FARC en vez de permanecer en la posesión presidencial. Es una oposición que le exige a Duque navegar en aguas difíciles, garantizar lealtades internas en su partido, y a la vez apelar al pragmatismo y a la ayuda de otros actores políticos, muchos de los cuales son mal vistos por sus copartidarios.

El negociador

Duque está obligado a ser negociador neto, no solo con los partidos de su coalición de Gobierno, sino ante todo con los sectores radicales de su propio partido; así, el margen de maniobra para la radicalización ideológica no existe para él. A las decisiones concertadas logradas primero dentro del Centro Democrático, le corresponderán unas posteriores con sectores de su coalición de gobierno. Veremos varios ministros del Interior actuando de fusibles.

Le corresponderá apelar al pragmatismo y garantizarle a su partido –y a los que el próximo 20 de agosto tomen la decisión de formar parte de su coalición– que seguirá siendo opción de poder en las elecciones presidenciales de 2022.

La amenaza pendenciera de Petro de ser líder de una izquierda unida, que apela a radicalizar la protesta social y a la estrategia de judicializar opositores y victimizarse de forma permanente –inspirada en la exitosa estrategia de ascenso a la Presidencia de México de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)–, es paradójicamente la que logra que, al menos por tres años, la unidad de los partidos tradicionales y sus derivaciones apuesten por Duque. Eso le facilita al nuevo mandatario cumplir su promesa de no tener que apelar a la “mermelada” o pago con presupuesto, como lo hizo Santos, para lograr la lealtad legislativa de su coalición.

La apuesta por “El pacto por Colombia” y lo social

“El pacto por Colombia” es propuesto para “darles vida a los consensos” y “rechazar el odio” en una propuesta de distención social. De prosperar, esta iniciativa podría evitar el riesgo de volver a un clima de polarización política e intolerancia como el que el país vivió hace 70 años, después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, y que destruiría todos los logros del Acuerdo de La Habana.

El discurso de polarización aprovechado por los intereses electorales de Petro dentro de su estrategia AMLO puede terminar sacándolo de la política si es percibido –incluso por sus seguidores y socios políticos– como una vuelta a la intolerancia en el ejercicio de la vida cotidiana de los colombianos. El pulso por la opinión pública y por la definición de los temas de la campaña de 2022 está abierto entre Petro y Duque. Será una guerra de legitimidades.

Con su discurso social, el presidente entrante pretende claramente ser un muro de contención a las demandas sociales insatisfechas en lo que llama “cerrar brechas” en temas como educación, pobreza y apoyo a las regiones. Incluso, dentro de su controvertida reforma pensional, propuso reducir las pensiones más altas subsidiadas por el sistema no como mecanismo para lograr estabilidad fiscal –como sería la receta neoliberal– sino para recanalizar recursos al Programa de Adulto Mayor del que sus opositores se declararon enemigos.

El pulso por la opinión pública y por la definición de los temas de la campaña de 2022 está abierto entre Petro y Duque. Será una guerra de legitimidades.

Cuando el nuevo presidente propone en su posesión duplicar el gasto en ciencia y tecnología, además de garantizar una educación pública universitaria gratuita, se aparta de los dogmas de autosostenibilidad presupuestal y se aproxima a un discurso socialdemócrata, lo que necesariamente condicionará la extinción o modificación radical del programa “Ser pilo paga”, que había prometido mantener en campaña.

El regreso a una “Colombia de legalidad” mediante el fortalecimiento de la seguridad y la justicia, y su máxima de que “el que la hace la paga”, fueron quizá dos de los temas más repetidos por Duque y apelan a consolidar la presencia del Estado en la mayor parte del territorio colombiano, un tema que exige un pacto social, incluso con sus más acérrimos contradictores políticos.

La continuidad en el proceso de construcción de la paz

En medio de un país con una violencia multicausal, la declaración de no permitir a futuro conexidad alguna del delito político con el secuestro y narcotráfico, marcarían una línea divisoria en la historia de los futuros procesos de paz. Así, Duque impone condiciones a la negociación, como “cese total de las acciones criminales” y “tiempos definidos” de negociación en el caso del ELN. También cancela cualquier presión armada y de esta manera corrige las fallas estructurales de negociación del gobierno Santos, que facilitaron la indefinición de esa guerrilla esperando tiempos mejores.

El hoy impopular proceso con el ELN tiene una última oportunidad con un mandatario que no cuenta con la libertad de acción que ellos pudieron tener con Santos. Duque depende de su coalición y de su propio partido para tomar cualquier decisión. El balón queda exclusivamente en la cancha del ELN.

En este momento histórico les convendría a las partes una negociación cerrada y reservada, que apele a la figura de un mediador internacional confiable para todas.

El presidente fue parco respecto al proceso de paz con las FARC, eso sí, aclarando que ya no existe la división entre amigos y enemigos de la paz, con la que jugó equivocadamente el anterior Gobierno. En su discurso pide corregir lo que llama “fallas estructurales en las implementaciones” y “medidas correctivas para las víctimas” que a la final, en una negociación pragmática con las FARC, podrán fortalecer la legitimidad del proceso en beneficio recíproco.

La llegada de Duque plantea para las FARC –débiles en una “correlación de fuerzas” políticas– la conveniencia de negociar el cierre con un mandatario que tiene el deber histórico de garantizarle la paz a los colombianos.

Queda fácil esconder las debilidades estructurales de los dos actores de esa negociación y quizás destruir el proceso haciendo público un listado de obligaciones seudojurídicas e ideológicas. Por ello, en este momento histórico les convendría a las partes una negociación cerrada y reservada, que apele a la figura de un mediador internacional confiable para todas –quizá como Juan Pablo Lederach, que ya forma parte del monitoreo del proceso–, con el fin de acercar los intereses recíprocos y lograr unas reglas comunes de afianzamiento de la seguridad jurídica y de imparcialidad recíproca de los jueces en la justicia transicional y en la viabilidad y sostenibilidad de lo acordado.

El gran “regateo” ya ocurrió en La Habana. La legitimidad condicionada que le impuso al proceso, el manejo cuestionado de Santos del resultado del plebiscito puede ser fácilmente superada si las FARC continúan mostrando el pragmatismo político demostrado hasta ahora y se aprovecha la posición de mandatario de Duque frente a una negociación interna suya con el uribismo radical.

El populismo tributario

En lo tributario, el entrante presidente no la tiene fácil. En su discurso promete una reducción de impuestos para fomentar la reactivación de la iniciativa privada y el pago voluntario de los tributos, por medio de una recaudación “eficiente y equitativa” por parte de quienes se benefician de tales políticas y aplicando los principios de la famosa “curva de Laffer”.

Es una apuesta económica que no siempre resulta en una sociedad que no ve como legítimo el cobro de impuestos y que puede obligar a su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a radicalizar una contracción presupuestal que podría desatar las protestas sociales que quieren activar sus opositores políticos.

Así comienza el gobierno de Iván Duque: en una nueva era de concertaciones políticas y sociales en la que el presidente es un actor más y con una opinión pública más activa y un elector más demandante de cambios. Con un buen líder, este escenario podrá generar la convivencia y tolerancia que los colombianos no han logrado o, en su defecto, profundizar la división existente, quizás en una forma que el mismo conflicto armado no había hecho.

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