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Diplomacia humanitaria, ¿una salida a la crisis venezolana?

La cuestión de que organizaciones internacionales o Estados intervengan o no en el territorio de otro cuya población sufre la severidad de una crisis humanitaria derivada de violaciones masivas, sistemáticas y prolongadas a los derechos humanos, es hoy uno de los debates más intensos del derecho y las relaciones internacionales del mundo.

En ese debate intervienen elementos éticos y humanitarios; consideraciones políticas y de soberanía, además de factores de la geopolítica mundial que marcan los pulsos y las tensiones ideológicas o coyunturales entre las grandes potencias. En la realidad, la cuestión es bastante compleja.

Un precedente importante lo constituye la Resolución 688 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 1991, que facilitó la ayuda humanitaria a la población civil bombardeada por Sadam Husein en el Kurdistán iraquí, a la cual el régimen le negó cualquier asistencia médica y de alimentos. En ese caso, excepcionalmente, se logró un consenso entre los cinco miembros permanentes del Consejo, acuerdo que después ha sido esquivo, como lo muestra el caso de Siria. 

Responsabilidad de proteger

Por varias décadas, la asistencia humanitaria ha ocupado un lugar en la agenda internacional. Desde 1990, con ocasión de las crisis de Ruanda y los Balcanes, el desarrollo de un deber u obligación de injerencia por razones estrictamente humanitarias fue promovido especialmente en Francia, con lo cual se cuestionó la soberanía incondicional o absoluta de los Estados sobre los territorios y su población.

La realidad internacional mostró las dificultades para la operatividad de ese concepto que, a pesar de los fines altruistas buscados, no respondía de manera eficaz a las tensiones ni a la configuración del derecho internacional.

A medida que se desvanecía el concepto de “intervención humanitaria” fue emergiendo el de “responsabilidad de proteger”, que apareció por primera vez en 2001 en el Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, suscrito por una comisión informal promovida por Canadá. Puesto que la traba para la asistencia humanitaria en muchos casos es la soberanía, el Informe propone como premisa que la soberanía de los Estados implica no solo el control sobre los asuntos internos sino también la responsabilidad de proteger a la población, y que cuando tal responsabilidad fuese incumplida, la comunidad internacional podría asumirla para hacerla efectiva.

En la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005, todos los Estados miembros aceptaron la responsabilidad de cada país de proteger a su población de crímenes internacionales y acordaron que cuando uno de ellos no cumpla esa responsabilidad, la comunidad internacional tendrá la responsabilidad de ayudar a proteger a la población amenazada.

La “responsabilidad de proteger” es entendida entonces como una nueva norma de seguridad internacional y de derechos humanos, construida sobre tres ejes principales: la responsabilidad primordial del Estado de proteger a la población; la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados en el cumplimiento de esa responsabilidad; y el recurso a medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos para proteger a las poblaciones de crímenes y violaciones masivas a los derechos humanos.

En el caso de Libia, el Consejo de Seguridad adoptó las resoluciones 1970 y 1973 de 2011, en las cuales se hizo referencia explícita a la responsabilidad de proteger en un caso de “violación burda y sistemática de los derechos humanos” y exigió la cesación de los ataques contra la población civil.

Derechos humanos desprotegidos

Venezuela atraviesa por una situación grave de violaciones a los derechos humanos, en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria, como lo ha expresado con preocupación el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que les ha recordado a todos los Estados su “responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos y cumplir sus obligaciones bajo los tratados y acuerdos de los que es Parte”, y que por tanto le obligan jurídicamente.

Un informe de junio de 2018 sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indica que “las violaciones de los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones en las ciudades forman parte de un sistema más amplio de represión contra los disidentes políticos y contra cualquier persona que, a juicio de las autoridades, se oponga al Gobierno o represente una amenaza para este”.

El informe deja claro que el Gobierno venezolano no permitió que la Oficina del Alto Comisionado tuviera acceso a su territorio, por lo cual, aunque la información se recopiló por medio de observaciones realizadas desde fuera del país, documenta obstrucciones al acceso a la justicia en el caso de muertes relacionadas con las protestas; uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en otros tipos de operaciones de seguridad; detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías del debido proceso; torturas, malos tratos y deplorables condiciones de detención; y ataques y restricciones a los derechos políticos y al espacio democrático.

En ese informe merecen mención especial las violaciones del derecho a la salud y a la alimentación. El Gobierno se niega a reconocer la magnitud de la crisis sanitaria y alimentaria, aun sabiendo que tiene a su cargo la obligación internacional de hacer todo lo posible para asegurar el ejercicio de esos derechos.

Como consecuencia de la situación humanitaria y de las graves violaciones a los derechos humanos, alrededor de 2,5 millones de venezolanos han abandonado su país, siendo los principales recipiendarios de ese flujo migratorio continuo y creciente Colombia y otros países vecinos que no disponen de la experiencia, los recursos ni la infraestructura necesarios para acogerlos, pero que los han recibido con fraternidad y respeto, lo cual no disminuye los riesgos para la seguridad en la región. 

Asistencia humanitaria imparcial

La responsabilidad de proteger constituye un desarrollo notable del derecho internacional que permite suplir con cooperación internacional los incumplimientos de los Estados, que son los que tiene la carga principal de esa responsabilidad.

Desde la escena internacional, la asistencia humanitaria se presenta entonces como el mecanismo más idóneo para contribuir a la ayuda a las poblaciones. Sin embargo la asistencia humanitaria puede ser a menudo un instrumento político en poder de algunos Estados que tienden a utilizarla con doble rasero. Pero en situaciones de urgencia puede contribuir eficazmente a aliviar, aunque sea transitoriamente, sufrimientos y privaciones de la gente en sus necesidades más básicas, sobre todo de nutrición y alimentos.

La Cruz Roja Internacional, referente reconocido y obligado en esas materias, ha desarrollado unos principios que establecen que la asistencia humanitaria debe ser apropiada, eficiente, responsable y eficaz, y fundada sobre consideraciones estrictamente humanitarias, imparcialidad, neutralidad e independencia. 

Con la crisis de Venezuela y las consecuencias sobre el Estado colombiano se ha abierto una oportunidad para concitar la implementación de una diplomacia humanitaria que, con apoyo de organizaciones internacionales imparciales, le exija al Estado venezolano la responsabilidad de proteger y las consecuencias internacionales que conlleva su incumplimiento.

Puesto que la grave crisis humanitaria subsiste sin que aparezcan medidas para superarla, una negativa del presidente Nicolás Maduro a recibir asistencia humanitaria imparcial para los venezolanos solo contribuirá a agravar inútilmente la situación de la población; comprometerá aún más la responsabilidad del régimen en las violaciones a los derechos humanos y lo aislaría inexorablemente de la escena internacional.

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