Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
UN Periódico Digital

Resultados de Búsqueda:

UN Periódico Digital
¿Dictadura electoral?

Los líderes chavistas han dicho que en 2017 dieron lecciones de democracia porque ganaron las tres elecciones que organizaron, así:

  • El 30 de julio, para Asamblea Constituyente (AC).
  • El 15 de octubre, de gobernadores.
  • El 10 de diciembre, de alcaldes.

Esas jornadas formaron parte de una gran ofensiva oficial. El Gobierno no quería arriesgar más elecciones, como le ocurrió en 2015, cuando la oposición ganó las legislativas; en 2016, cuando meses de manifestaciones opositoras exigieron referendo revocatorio; o el 16 de julio de 2017, cuando la oposición obtuvo en el plebiscito más de seis millones de votos después de cinco meses de protestas en rechazo a una Asamblea Constituyente impuesta sin consulta popular ni sufragio universal.

La contraofensiva oficialista comenzó cuando en sus últimos días la anterior Asamblea Nacional (AN) garantizó el control oficial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los órganos de vigilancia. El TSJ anuló la mayoría absoluta de la oposición en la nueva AN impugnando la elección de diputados, la declaró en desacato, le quitó inmunidades y distribuyó sus funciones con el ejecutivo.

El CNE bloqueó el referendo revocatorio, postergó y fraccionó elecciones, cerró inscripciones, inhabilitó partidos y candidatos opositores, prohibió que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) actuara como coalición e incluyó en su papeleta candidatos unitarios y eliminados. Por su parte, la AC cogobierna como suprapoder.

La estrategia gubernamental ha incluido represión de manifestaciones, arresto de alcaldes opositores, exilio y migración forzada. Mientras le hace propaganda a los chavistas, la televisión pública presenta a los opositores como traidores de la patria y promotores del terrorismo. Para comprobar que votaron, el Gobierno obliga a los empleados públicos y a quienes reciben subsidios sociales (de comida, vivienda, bonos…) a sacar el “carné de la patria” que deben presentar en los “puntos rojos” que instala el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).

Los observadores electorales de organizaciones supranacionales o gobiernos extranjeros fueron reemplazados por acompañantes invitados por el Gobierno. La empresa que daba soporte técnico al sistema de registro y recuento de votos perdió el contrato por haber demostrado manipulación en los resultados de la AC.

No hay quién procese irregularidades como el cambio de puestos de votación; la intimidación por parte de militares y colectivos armados en los centros de votación; la orden del ministro de Defensa de supervisar el voto de sus subalternos, y las denuncias de fraude en la elección de gobernador del estado Bolívar.

El Gobierno obligó a gobernadores y alcaldes a juramentarse ante la AC. Algunos opositores elegidos aceptaron la medida sin estar de acuerdo con ella, pero aún así el Gobierno les nombró como “protector” al candidato chavista derrotado, con amplias funciones y presupuesto. Al opositor elegido en el Zulia, que no aceptó posesionarse ante la AC, lo destituyó y luego repitió la elección, que fue ganada por el chavismo.

Consolidación de Maduro en el poder

Mediante estos mecanismos arbitrarios y con una abstención de más del 50 %, el chavismo se afincó en el poder y fortaleció el unipartidismo. El Gobierno afirmó que en la elección de la AC había sacado más de 8 millones de votos; se quedó con 19 de las 23 gobernaciones y aumentó de 242 a 308 el número de alcaldías, de las 335 que existen. La oposición bajó de 81 a 23 alcaldes. Nicolás Maduro amenazó con ilegalizar los partidos que no participaron en esas elecciones.

La oposición cosechó el peor resultado en la era chavista, no solo por la pérdida de gobernaciones o alcaldías sino por su incapacidad para lograr unidad en la MUD, con la protesta social y con la disidencia chavista. Se dividió sobre si debía participar o no en las elecciones de gobernadores y alcades y en el diálogo con el Gobierno.

Sin embargo la victoria chavista es frágil. La situación económica, institucional, de inseguridad ciudadana y aislamiento internacional es dramática, con indicadores como estos:

  • 84 % de pobreza
  • Desempleo
  • Derrumbe salarial
  • Desabastecimiento
  • Inseguridad alimentaria
  • Crisis hospitalaria
  • Falta de medicinas
  • Pésimos servicios de agua, recolección de basuras y energía eléctrica
  • Escasez de gasolina y gas

La hiperinflación pasa del 1.600 %. La devaluación y la caída de la producción interna son drásticas y hacen a la población dependiente de las importaciones oficiales hasta para comer, cuando las divisas escasean.

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ha colapsado por mala gestión y corrupción. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) destaca una caída continua de producción de crudo de más 30.000 barriles diarios, la más grande en 30 años. A PDVSA le han cerrado crédito comercial y servicios de proveedores. Las calificadoras de riesgo declararon a Venezuela en cesación de pagos y ni China ni Rusia están dispuestas a rescatarla. En respuesta, el Gobierno lanza su criptomoneda, el “petro”.

La corrupción es alarmante: 180 funcionarios de la Policía e integrantes de los comités locales de abastecimiento y producción (Clap) fueron detenidos por aprovecharse de la distribución de alimentos. La Fiscalía denuncia apropiación de más de 3.500 millones de dólares de PDVSA y detiene a directivos, exviceministros, e implica al exministro Rafael Ramírez, quien dirigió la petrolera por 12 años. Un general de la Guardia Nacional fue nombrado en ese cargo.

Algunos califican esa ofensiva como una purga interna que aprovecha la consolidación de Maduro frente a sus rivales chavistas al punto de que se postula como candidato a la reelección. Para beneficiarse de la maquinaria de control electoral y la desmovilización opositora, podría adelantar las elecciones presidenciales de 2018. La MUD, dividida, tendría muy poco tiempo para reestructurarse y lograr que las mayorías superen la frustración a la que contribuyeron los errores de su dirigencia.

A finales de 2017, el oficialismo convocó un nuevo diálogo con la oposición. Ambas partes necesitan resultados concretos. Al Gobierno le urge el apoyo de la oposición para obtener reconocimiento internacional de las elecciones presidenciales y para reestructurar y refinanciar la deuda externa, que requiere la flexibilización de sanciones de Estados Unidos y Europa. La oposición reclama liberación de presos políticos y condiciones electorales. Maduro podría hacer concesiones que no arriesguen su permanencia en el poder; las negociaciones continuarán el 11 de enero.

Algunos sectores opositores rechazan cualquier negociación con el Gobierno, y así mismo algunos chavistas prefieren no negociar con la oposición ni quieren la reelección de Maduro. Creen que un nuevo gobierno chavista que diera un giro al modelo económico, al sistema de cambios, al control de precios y a la estatización podría obtener recursos financieros y reconocimiento internacional. En todo caso, es claro que las elecciones, por sí solas, han dejado de ser garantía de democracia.

Relacionados

86,290,291,292,20,59,293

El número de votos a la presidencia en sus 11 municipios contradice la idea de un país polarizado. En zonas de posconflicto como ésta, ambos...

La arrasadora victoria de la coalición de Andrés Manuel López Obrador también se reflejó en la Cámara Federal de Diputados y en el Senado de la...

Aunque la decisión del gobierno de Mauricio Macri de acordar un préstamo con el FMI -que generó un paro general esta semana- se hace en nombre de la...

Los recientes resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, que erigen como presidente de la República a Iván Duque, del partido Centro...

Tuvieron que pasar 26 años desde que la Constitución de 1991 estableció el derecho a la oposición, para que el país contara con un estatuto que...

Consejo Editorial