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Día de las víctimas, oportunidad para rechazar discursos que justifican la guerra

Hoy se conmemora en Colombia el “Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado”. Esta fecha se estableció en la Ley 1448 de 2011, como resultado de la presión ejercida por las organizaciones de víctimas y de derechos humanos del país, respaldadas por diversos sectores sociales y por la comunidad internacional.

Desde luego que establecer un día para honrar a las víctimas implicaba reconocer la existencia del conflicto armado interno, lo cual, aunque evidente por las dinámicas vividas en el país, fue negado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que antecedió a la mencionada Ley.

Con la expedición de la Ley se comunicaron por lo menos dos mensajes claros al país:

  • la existencia de un conflicto armado interno capaz de provocar la existencia de –para aquella época– más de siete millones de víctimas, y
  • la obligación del Estado de establecer medidas para garantizar su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, con independencia de quién hubiese sido el responsable de los delitos.

Además de la expedición de la Ley, la movilización de las víctimas y de las organizaciones sociales contribuyó a hacerlas visibles, a que sus testimonios, sus experiencias y sus propuestas se hicieran públicas, y a legitimar sus reclamos. El país urbano, desinformado e indolente, empezó a “enterarse” de los horrores provocados por la violencia en las vidas de millones de personas, y a contemplar la necesidad de parar la guerra.

Víctimas, papel protagónico

Las víctimas exigieron su participación en las distintas instancias y entidades creadas por la Ley, tomaron un lugar en diversos escenarios de la vida política y pública del país y exigieron su participación en los procesos de negociación entre el Gobierno y las FARC, para dejar constancia del dolor y de las pérdidas sufridas, para demandarles a sus victimarios peticiones de perdón, pero sobre todo para exigir el fin de la guerra, exhortar a los negociadores a no levantarse de la mesa hasta no llegar a un acuerdo definitivo que detuviera la confrontación armada.

Ante las historias y los rostros de las víctimas, ante la fuerza interpeladora de sus relatos, algunos de los causantes de las violaciones padecidas no solo admitieron su responsabilidad, sino que pidieron perdón y asumieron compromisos de resarcimiento y de reparación. Las voces de las víctimas, el reconocimiento del daño causado y también de sus luchas, de su capacidad y de su dignidad, contribuyó a poner al país de cara a esta realidad, demostrando que reconocer la guerra y su capacidad destructora es requisito para poder exigir la paz y comprometerse con ella.

Durante los años de la implementación de la Ley, y de la negociación de la paz, la guerra no terminó: el número de víctimas creció; pero una vez decretados ceses al fuego y firmados los acuerdos, se fue haciendo evidente una nueva realidad. Las cifras de muertos, de masacres, de desapariciones forzadas, de incursiones armadas, de atentados terroristas, empezaron a disminuir ostensiblemente. En muchos lugares del país las comunidades retornaron y empezaron de nuevo a recuperar sus territorios. El país asistió a un auge de manifestaciones de memoria: canciones, teatro, museos, lugares, y toda suerte de expresiones artísticas y culturales florecieron en un esfuerzo por rendir tributo a los ausentes, por rescatar los proyectos destruidos y por contarle al país las historias ignoradas, tergiversadas o desmentidas.

Para las víctimas, que el país supiera lo que les sucedió se tornaba no solo en un imperativo ético, sino en la necesidad de que se reconociera la injusticia y el horror, pues sin este reconocimiento la sociedad no vislumbraba la necesidad de buscar cambios y transformaciones, y los promotores y beneficiarios de la guerra tampoco se sentirían obligados a parar sus atrocidades. La voz de las víctimas logró quitarle protagonismo al relato de los violentos, de sus discursos, de sus lógicas. Sus exigencias posicionaron el discurso de la paz, del perdón, de la reconciliación y desnudaron los enormes costos de la guerra y las bondades de la paz.

Anhelo de paz amenazado

Desde la expedición de la Ley –en diciembre de 2011– hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016 y de dos años de su implementación en 2018, transcurrieron ocho años. Durante este tiempo, y a pesar de la permanencia de otros grupos armados y de las resistencias de sectores proclives a la guerra, los cambios para el país fueron evidentes.

Las cifras que ofrece el Observatorio de Memoria y Conflicto, del Centro Nacional de Memoria Histórica, dan cuenta de ello (ver gráfico): entre 2005 y 2011 hubo 19.635 asesinatos selectivos, y entre 2012 y 2018 bajaron a 2.684, lo que representa una reducción del 86 %. Las masacres pasaron de 354 en el primer periodo a 50 en el segundo, disminuyendo también en un 86 %. El número de víctimas se redujo en un 55 %, al pasar de 2.708.994 en el periodo 2005-2011, a 1.217.391 entre 2012 y 2018. El total de hechos victimizantes pasó de un periodo a otro de 52.138 a 14.809, es decir que disminuyeron en un 72 %.

A pesar de la clara evidencia de las bondades de la paz, el discurso de la guerra se vuelve a posicionar: voces gubernamentales retornan a la negación del conflicto, desconocen compromisos del Estado, incumplen los pactos, reducen la explicación de la guerra al narcotráfico y al terrorismo, e intentan ahogar las posibilidades de cambio.

El incumplimiento del Acuerdo Final de Paz, las acciones violentas en el marco de nuevas actividades e intereses ilícitos y las salidas bélicas a los conflictos nos devuelven al país del horror. Los informes de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Colombia y datos de otras entidades muestran un preocupante y desmedido aumento de las masacres, los desplazamientos forzados, las ejecuciones extrajudiciales y el asesinato de líderes sociales, entre otros.

Esta cruda realidad, acompañada de estrategias para impedir ejercicios plurales y rigurosos de memoria, para obstaculizar el esclarecimiento de la verdad, para aprovechar el clima de polarización en aras de posicionar los discursos del odio y de la venganza, amenazan con frustrar este nuevo anhelo de paz y devolvernos al ya histórico nuevo ciclo de violencia, y con ello a la prolongación de la muerte y la destrucción.

El 9 de abril, “Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado”, nos recuerda el saldo trágico de la guerra y nos confronta cada año con los rostros de quienes sufren directamente los rigores del conflicto armado. Es una fecha para hacer eco al clamor de miles de víctimas que nos convocan a defender los caminos de la paz y a rechazar los discursos justificatorios de la guerra y las acciones violentas.

 

* Profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, adscrita al Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Sede Bogotá. Su trabajo se ha enfocado en el estudio tanto de movimientos sociales como de derechos humanos y desplazamiento forzado; también fue investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica.

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