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Derechos humanos en la prisión: más allá del hacinamiento

En Colombia existe una grave crisis en materia de salvaguarda y garantía de los derechos de las personas de diversos sectores sociales, incluyendo a aquellas privadas de la libertad, a quienes no se les ofrecen las condiciones mínimas para llevar a cabo una correcta resocialización.

 

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Hace más de dos décadas la Corte Constitucional se pronunció con respecto a la grave crisis en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia. Esto tuvo lugar en la sentencia t-153-98, proferida a raíz del gran número de acciones de tutela promovidas por personas privadas de la libertad en las cárceles La Modelo de Bogotá y Bellavista de Medellín, quienes denunciaron la violación reiterada de sus derechos fundamentales y exigieron la garantía jurisdiccional.

 

De manera general reclamaron la ausencia de un tratamiento penitenciario orientado hacia la resocialización, y además denunciaron las condiciones infrahumanas de reclusión. Entre los derechos vulnerados se estimaron el de la igualdad, la privacidad y a la salud; al sufrir un trato diferenciado, la existencia de un espacio inadecuado para la visita conyugal y sobre todo la deficiente atención médica en estos centros.

 

Un problema que persiste

 

Al llegar a este punto conviene preguntarse: ¿cuál fue la respuesta de las autoridades del Estado ante los reclamos? Sorprendentemente, ni el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ni los directivos de las cárceles, ni el Ministerio de Justicia y del Derecho negaron la grave crisis que se denunciaba.

 

Por el contrario, a partir de las manifestaciones de dichas autoridades se corroboró la existencia de un hacinamiento generalizado en los centros de reclusión; por citar un ejemplo, en la cárcel Bellavista de Medellín cerca de 180 internos se encontraban en áreas cuya capacidad era para 40 personas, es decir, que había un sobrecupo del 350 %, además de otros graves problemas de infraestructura, situaciones que demandaban una inmediata actuación coordinada entre instituciones y servidores públicos.

 

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En consecuencia, la Corte Constitucional advirtió la existencia del “estado de cosas inconstitucional”, el cual se ha venido reiterando a lo largo de las sentencias t-256/00, t-025/04, t-388-13, t-815-13, t-861/13, t-195/15, t-762-15, t-182/17, t-193/17, t-162/18 y t-267/18, y que al día de hoy implica las siguientes situaciones:

 

  1. La vulneración de varios derechos fundamentales como la salud, la educación y la alimentación, entre otros, que afectan a un amplio número de personas.
  2. La omisión prolongada del cumplimiento de las obligaciones de respeto –conductas de abstención– y garantía –conductas de acción– por parte de las autoridades estatales.
  3. La adopción de prácticas inconstitucionales; es decir, que atenten contra los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
  4. La expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales tendientes a evitar la vulneración de derechos. Así mismo la creación de normas que propendan al adecuado desarrollo del sistema carcelario o penitenciario, la óptima supervisión de  las autoridades administrativas y la rendición de informes periódicos objetivos, y la asignación presupuestal acorde con las necesidades de este sistema.
  5. La existencia de un problema cuya solución implique la intervención de varias entidades, no solo administrativas (Inpec) sino también autoridades legislativas (Congreso) y judiciales (Corte Constitucional).
  6. La congestión judicial en el supuesto de la justiciabilidad de derechos vía acción de tutela, es decir que el propio poder judicial experimente una sobrecarga por el elevado número de acciones de tutela que coinciden en exigir la protección de los mismos derechos.

 

Cabe señalar que pese a todos los esfuerzos dirigidos a la protección de los derechos de la población sujeta a reclusión, aún faltan muchas acciones por emprender. Se han alcanzado importantes logros en el rediseño y la implementación de una política criminal –al realizarse una revisión y promoción de los medios alternativos a la solución de conflictos, los acuerdos reparatorios en el proceso penal, entre otros–, pero el problema persiste y requiere de una mayor participación de todos los sectores sociales, además de una correcta optimización de los recursos materiales y económicos.

 

Estrategias contra la corrupción

 

Desde que se cuestionó la problemática estructural de los centros de reclusión, lamentablemente las condiciones siguen siendo infrahumanas: no hay lugares suficientes para llevar a cabo el tratamiento de resocialización, es decir, la transformación de la propia persona para que pueda desenvolverse socialmente respetando las normas. Tampoco se cuenta con aspectos tan básicos como sanitarios dignos ni áreas adecuadas para actividades tan cotidianas como comer o descansar.

 

No se debe olvidar que en estos centros la corrupción se encuentra anidada, pues se ha denunciado y corroborado la existencia de negocios que se lucran con las necesidades básicas de las personas –como el acceso a medicinas y alimentos, entre otros–, y predominan la violencia, la arbitrariedad y los abusos, absurdamente lejos de la consolidación de un proyecto de resocialización.

 

Valdría la pena que las autoridades encargadas de hacer efectivos los tratamientos penitenciarios se propongan como eje de actuación desterrar –o al menos reducir considerablemente– la corrupción institucionalizada que impera dentro de las cárceles. Así mismo resultaría pertinente concesionar a particulares ciertos servicios básicos de manera fiscalizada, para arrebatarles el negocio a las bandas criminales, por citar tan solo un ejemplo de dicho eje rector.

 

Puedes escuchar: “El Inpec es una mafia y nadie se atreve a liquidarlo”.

 

Sumado a lo anterior, las autoridades penitenciarias deben poner a disposición de los centros de reclusión el personal suficiente de seguridad y custodia, de trabajo social y médico para hacerle frente a las principales exigencias de garantizar las necesidades de los internos, pues su deficiencia facilita el autogobierno por parte de los criminales.

 

En el informe estadístico de septiembre de 2019, el Inpec precisó que en el ámbito nacional existen 191.540 presos. Este informe proporciona un acercamiento cuantitativo de la población que diariamente enfrenta una violación generalizada de sus derechos fundamentales, la mayoría desde hace décadas.

 

Si el país pretende superar el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, es impostergable la participación conjunta y solidaria tanto de las autoridades como de la sociedad civil, para rescatar estos sitios del abandono y la indiferencia. Es imprescindible corregir estas acciones, pues no se puede perder de vista que nadie está exento de vivir un proceso penal privado de la libertad, ya sea justa o injustamente.

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