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Derecho fundamental a vivir, y a morir, dignamente

Las constituciones actuales, fortalecidas en los Estados sociales y democráticos, han incorporado los valores constitucionales de un ser humano libre, autónomo y autorresponsable. Pero, ¿que son esos derechos?, se han considerado como garantías universales de la humanidad que son expresables en forma individual por cada titular, “cada uno”, a partir de instrumentos internacionales que han reconocido el estatus del ser humano y de su dignidad como tal. 

 

Esas libertades de un ser autónomo –que le permiten definir su proyecto de vida, cambiante y modificable– son objeto de su propia interpretación individual y subjetiva, a partir de unas “condiciones inmateriales”, entendidas estas como “los requerimientos éticos, morales, axiológicos, emocionales e inclusive espirituales que identifican a cada persona y que siendo intangibles e inmanentes deben ser amparados por el Estado”.

 

Ahora bien, ¿cómo entender el derecho a vivir dignamente?, al ser humano, en términos de su dignidad humana, se le reconocen tres lineamientos: 

  • vivir como quiera, 

  • vivir bien, y 

  • vivir sin humillaciones. 

Esto implica que pueda diseñar un plan de vida y cómo desea vivirla, definir sus condiciones materiales e inmateriales de existencia, y será una garantía, que la sociedad y los Estados deben prohijar, la de proteger los bienes inmateriales a su integridad física y moral. 

 

Bajo estas premisas, esta disertación pretende abordar algunos elementos que la Corte Constitucional de Colombia ha venido desarrollando en torno al derecho fundamental vivir dignamente y a decidir sobre el final de su vida, además de su relación con el derecho fundamental a la salud.

 

Protección a la vida de una persona

 

Un primer elemento a considerar es la tensión entre “vivir bien”, como derecho fundamental, y “morir dignamente”, en tanto que sea un ejercicio de la libertad del individuo para definir cómo quiere vivir. Ambos elementos forman parte de la dignidad humana que, como ya vimos, prioriza la autodeterminación y las libertades del ser; pero, la primera (vivir bien –dignamente–) hace referencia a un sentido de consolidar su propia vida, su libertad personal a construir o no una familia, a llevar a cabo una vida laboral, escoger una profesión, arte u oficio, o simplemente otras formas de vivir, a contemplar opciones de gustos y diversidades, entre otros.

 

De otra parte, morir dignamente conlleva en sí no una renuncia de vida, sino la potestad del ser de ponerle fin a “un padecimiento, dolor o trato cruel” que por cuenta de una enfermedad (física o psicológica) le impide mantener y disfrutar del goce de su “vivir bien” (C.C, 2021, C-233). Esto significa que los dos componentes forman parte de una misma libertad: la autodeterminación del ser en razón a su dignidad humana.

 

Ahora bien, “vivir sin humillaciones” forma parte de las dimensiones de la dignidad humana, por lo que, como lo expresara la Corte Constitucional al referirse al homicidio por piedad

 

no es válido exigir a una persona que resista sufrimientos o dolores insoportables para defender un modelo de vida, como el del mártir que afronta cualquier padecimiento ante su valor sagrado; todo ello, debido a que el ser humano no puede ser un instrumento para la sublimación de ese modelo, pues ello implica someterla a tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.

 

Esa tensión lleva incluso al plano de la relación entre el derecho a morir dignamente con los derechos a la integridad física y la salud; quizá es aquí en donde un soporte de su análisis encuentre un eco importante. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional se refiere a un “derecho a morir dignamente” que entraña:

una relación intrínseca no solo con la vida y la dignidad, sino también con la integridad y la salud, y las dimensiones de accesibilidad, asequibilidad, adecuación o calidad y adaptabilidad, que son predicables también de este derecho. En ese sentido, las barreras de acceso al derecho se convierten en la fuente de la imposición de soportar las condiciones que considera indignas e incompatibles con su concepto de vida digna.

 

Esta relación ha sido advertida no solo desde nuestro ordenamiento jurídico, sino que también ha sido el objeto de análisis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el cual, al analizar casos en que el paciente rechaza la administración de cuidados paliativos, o en los eventos de interrupciones de alimentación e hidratación en condiciones médicas asistidas a personas (en estado vegetativo crónico), ha dejado en claro que

 

[…] en este ámbito que se refiere al final de la vida como en aquel que se refiere al principio de la vida, procede acordar un margen de apreciación a los Estados, no solo en cuanto a la posibilidad de permitir o no la interrupción de un tratamiento que mantiene la vida artificialmente y sus modalidades de aplicación, sino también en cuanto a la manera de alcanzar un equilibrio entre la protección del derecho a la vida del paciente y la del derecho al respeto de su vida privada y de su autonomía personal. Este margen de apreciación sin embargo, no es ilimitado […]. 

 

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también resulta claro el sentido de proteger la vida de una persona a través de un sistema de salud que garantice sus condiciones de existencia en forma “digna”, cuya obligación recae en cabeza del Estado, para que exista una atención en salud adecuada.

No es lo mismo “inducir” que “ayudar”

 

El siguiente debate surge por las nociones de “dolor” (aflicción física, subjetiva) y de “sufrimiento” (no solo es dolor físico, tiene un componente mental), por lo que la Corte Constitucional, considerando la lex artis (criterio valorativo para calibrar la diligencia exigible en todo acto o tratamiento médico) en la materia, abordó algunas pautas para entender la condición de enfermedad terminal y del padecimiento, cuando esta se convierte en una forma de trato cruel, inhumano o degradante.

 

Todo lo anterior, a consideración de la Corte, no es suficiente, sin comprender otra dimensión del derecho a morir dignamente, la cual resulta de entender la relación médico-paciente, en la que “el consentimiento es el núcleo del derecho al acceso a servicios de muerte digna”

 

De tal manera que el paciente debe ser informado debidamente por el médico tratante, acerca de las condiciones médicas de su salud, de los tratamientos y de las posibilidades médico-científicas en torno a su existencia, y también en torno al final de su vida, cuyo derecho se extiende tanto a aquellos enfermos terminales con un diagnóstico próximo, como a aquellos para quienes su padecimiento se prolongará en forma indeterminada. Todo ello comporta la dimensión del derecho a la salud de un paciente en condiciones de dignidad, y, tan es así, que la misma Corte ha abierto la posibilidad de hablar de consentimiento propio, sustituto y voluntad anticipada, para dar continuidad al derecho de “morir dignamente” en eventos incluso críticos.

 

Recientemente, en la Sentencia 164 de 2022, la Corte Constitucional ha analizado esta relación intrínseca entre los derechos a la vida y a la muerte en condiciones de dignidad, a propósito del estudio al inciso 2º del artículo 107 de la Ley 599 de 2000, en la que, al estudiar la inconstitucionalidad de la norma ante el método de suicidio médicamente asistido (SMA), recordó que no es lo mismo la acción “inducir” que “ayudar”, desde la perspectiva de la intervención médica y su relación con el paciente.

 

De igual manera, consideró que el legislador “desconoció los límites constitucionales al poder punitivo” al vulnerar principios que salvaguardan bienes jurídicos del individuo, ya que, “que el médico que ayuda a quien padece intensos sufrimientos o grave enfermedad y decide libremente disponer de su propia vida, actúa dentro del marco constitucional sin que pueda predicarse una lesividad que justifique la persecución penal”. 

 

Lo anterior significa, retomando el concepto de autonomía y derecho a decidir cómo vivir, la libertad del ser humano de determinar cómo desea vivir incluso el final de su vida, sin sometimientos, sin humillaciones, donde la enfermedad se puede considerar como una de ellas, dado los padecimientos físicos y mentales, y siendo vital en esa fase de la vida del paciente contar con el acompañamiento del médico, por ser este quien tiene las herramientas tecnológicas y científicas frente al caso. 

 

La Corte deja en claro que la norma objeto de estudio en su fallo desconoce “los principios de necesidad y de mínima intervención penal, así como de proporcionalidad”, existiendo una clara violación al principio de mínima intervención de la facultad punitiva del Estado. Y concluye afirmando que 

el legislador desconoció el principio y deber de solidaridad social consagrado en los artículos 1 y 95 constitucionales, al impedir que un médico preste una ayuda que le es pedida por una persona que en ejercicio de su autonomía personal escoge materializar su derecho a morir dignamente a través de un suicidio asistido.

 

No se trata de desconocer los valores éticos que cada ser humano tenga al respecto; si bien implica una decisión subjetiva e individual, no es menos cierto que no puede se le desconocer a un ser humano la posibilidad de no soportar los “ultrajes” de una aflicción diaria y constante que le acarrean incluso hasta la imposibilidad de disfrutar de su familia, de su entorno, de su diario vivir. 

 

Es tan personal y autónoma la decisión de continuar viviendo en un estado médico diagnosticado, como aquel de quien decide que sea informado de sus posibilidades de determinar, en forma voluntaria y libre de presiones de terceros, el final de su vida. En este punto, la Corte recuerda que el suicidio médico asistido es “un medio para llevar a cabo una muerte digna y su persecución penal afecta, por tanto, los derechos a la vida digna y a la autonomía personal”.

 

De esta manera, si retomamos los planteamientos de la Corte, en sus sentencias C-164-2022 y C-233-2021 se instituye aún más el deber del Estado de generar las condiciones médicas legales y asistenciales para que a una persona se le permita tomar decisiones autónomas y libres sobre su existencia misma, en todos los estadios que le son propios (la concepción, la vida misma, la salud ante una enfermedad no grave, la asistencia médica con cuidados paliativos, y la finalización de su vida), con la ayuda profesional médica, acordes con las necesidades propias de su bienestar y realización como individuo, sin injerencias de terceros, aún en los casos más complejos en los que a él mismo no le resulte posible dar su propio consentimiento. 

 

Por esto se debe considerar que el resultado de una atención médica no siempre es mantener una vida, incluso con asistencia artificial y medios médicos; a veces la posibilidad de explorar las formas que ha incorporado la biomedicina para la cesación de una vida resulta menos dolorosa que la enfermedad misma y sus consecuencias.

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