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Deforestación, una deuda ambiental del posconflicto

Titulares como “Incendio en el Parque Nacional Sierra de La Macarena ha consumido más de 2.500 hectáreas”, o “Autoridades buscan controlar incendio en Parque Nacional El Tuparro (Vichada)” colmaron este año las páginas de los principales medios de comunicación colombianos. De manera insistente, entre 2017 y 2018 las llamas consumieron buena parte de estas áreas protegidas. Hoy, sin embargo, las autoridades desconocen quiénes están detrás de la destrucción de estos bosques y cuáles son sus objetivos.

Un parte desalentador dio el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, a principios de diciembre, cuando sentenció que este año la deforestación alcanzaría entre 260.000 y 270.000 hectáreas, un incremento del 22 % con respecto a 2017. De estas, se calcula que 70.000 estarían en el departamento del Guaviare, donde se anidan los parques nacionales naturales de Chiribiquete y Nukak.

Estos sucesos han sido llamados como un “pasivo ecológico del posconflicto”, pues varios de los incendios se presentaron en zonas ocupadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes se consolidaron como agentes de control, porque mientras mantenían combates con la fuerza pública y los grupos armados al margen de la ley, ejercían un poder territorial en algunas regiones, dominio que indirecta o intencionalmente protegió a los bosques de la tala ilegal y de otras amenazas en estos lugares.

La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, a finales de 2016, dio lugar a la disolución de esta guerrilla y al abandono de tales zonas, que por más de 50 años fueron sus campos de batalla.

Para la profesora Dolors Armenteras, del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia (UN), “el vacío de poder y la débil gobernanza que siguió a la desmovilización de la guerrilla se tradujo en un aumento de seis veces los incendios dentro de las áreas protegidas”. Parece evidente que la desmovilización de esta guerrilla abrió nuevamente las puertas a recién llegados que esperan sacar provecho de estas tierras, muchas de las cuales son recientemente accesibles.

Parques en llamas

Al analizar las imágenes recopiladas por los satélites Terra y Aqua, de la NASA, la profesora Armenteras y su equipo –integrado por las investigadoras Laura Schneider, del Departamento de Geografía la Universidad de Rutgers, y Liliana María Dávalos, de la Universidad de Stony Brook, en Estados Unidos– notaron un aumento en la frecuencia de incendios durante las temporadas de sequía de 2017 y 2018.

“Muchas de esas conflagraciones ocurrieron en los Andes amazónicos, en áreas protegidas que solían estar bajo control de las FARC. La señal fue particularmente fuerte en un corredor de tres parques contiguos: Cordillera de los Picachos, Tinigua y Sierra de la Macarena”, comenta la profesora Armenteras.

Dentro de las reservas, las investigadoras también detectaron un aumento del 69 % de la deforestación, que pasó de unas 19.000 hectáreas en 2017 a unas 33.000 en 2018, luego de los incendios.

La docente, quien por más de 15 años ha estudiado la dinámica del fuego en el país, indica que los hallazgos no tienen precedentes: “la señal de incendio que capturamos dentro y alrededor de las áreas protegidas empeoró después de que terminó el conflicto”.

Uno de los incendios que abrió 2018, y que consumió más de 2.000 hectáreas, se originó en el Parque Nacional Natural El Tuparro, en Vichada, declarado en 1982 como Monumento Nacional y Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera El Tuparro. En sus 548.000 hectáreas predominan las sabanas inundables y no inundables, además de los bosques riparios y no riparios.

Henry Pinzón Benavides, jefe de Área Protegida del Parque, comenta que esta zona se caracteriza por ser un ecosistema en el que la vegetación y la cobertura son variadas por la sabana, lo que hace que históricamente la presencia del fuego haya afectado de manera paulatina los bosques de galería, los cuales han permitido conservar el cauce hídrico en las diferentes zonas del área protegida. Este tema se está trabajando conjuntamente con el grupo de investigación liderado por la profesora Armenteras.

Agrega que “el análisis del cambio de cobertura por presencia de incendios en el área nos permitió identificar unos focos muy importantes de incendios reiterados. Estos coinciden con la zona donde se encuentran las comunidades indígenas, en especial un pueblo recientemente contactado, los mapayerris y los sikuanes”.

Los mapayerris están constituidos por una población aproximada de 75 personas que están en un alto nivel de vulnerabilidad, lo que implica que el acceso a ellos debe estar sujeto a una normatividad y a una política de Estado. Los sikuanes, en cambio, son más fáciles de abordar, debido a que algunos de sus integrantes hablan español.

El fuego es fundamental para la supervivencia de los mapayerrys, ya que les permite cazar para alimentarse. También lo utilizan para convocar a reuniones y para los conucos, que es donde se siembran las hortalizas o la yuca.

Este año se vieron comprometidas cerca de 130.000 hectáreas en la zona que habitan dichas comunidades, con dos focos principales y uno más hacia el sector occidental del parque, que posiblemente está relacionado con los ganaderos que viven allí, en la zona de La Primavera.

Frente a la llegada del fenómeno de El Niño, el funcionario Pinzón comenta que según los registros “tenemos dos momentos en los que se presentó un incremento de los incendios: 2010, con 170.000 hectáreas quemadas, y 2014, con cerca de 190.000”, lo que mostraría a qué se enfrentarían con la llegada del fenómeno.

“Sin embargo lo que más nos preocupa no es precisamente el incendio sobre la sabana, sino cómo esta, poco a poco, se ha ido introduciendo en la zona de bosques de galería que protegen los cauces hídricos”, cuenta.

Llegada de colonos

Una situación similar ocurre en el Parque Nacional Natural Tinigua, donde, según información de Parque Nacionales, en los primeros meses de 2018 se alcanzaron a perder cerca de 6.000 hectáreas. Además allí se ha venido presentando una deforestación masiva propiciada por algunos grupos que quieren acumular tierras y que a su vez le abren paso a la colonización con la llegada de personas de diferentes departamentos.

 “Se cree que cerca de 400 familias han ingresado al Parque, causando un incremento de la tala de especies maderables y de incendios que dieron lugar a potreros para la cría de ganado”, comenta una de las profesionales que trabaja para Parques Nacionales. De hecho, agrega, “nos llegó información por parte de la comunidad de que a finales 2016, personas adineradas repartieron de a 100 hectáreas por familia, en figura de testaferros, para que se dedicaran a la cría de ganado en estas zonas baldías”. Hasta el mes de octubre de este año, personal de la entidad tuvo acceso a algunas áreas en las que tenían prohibido transitar por temas de seguridad.

Tinigua, ubicada en el departamento del Meta, es una de las 59 áreas protegidas de Colombia; ocupa 214.362 hectáreas en jurisdicción de los municipios de La Macarena (70 %) y Uribe (30 %). Según la Fundación Paz y Reconciliación, en este lugar la situación de orden público ha dificultado las tareas misionales de los profesionales de Parques Nacionales, debido a que las disidencias de las FARC, en particular el Frente 7, bajo el mando de alias “Gentil Duarte”, controla buena parte de la zona rural del municipio de La Macarena.

En ese sentido, para la profesora Armenteras es claro que la situación se está saliendo de las manos y es hora de que el Estado plantee soluciones. Sabe que, aunque uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional en el Acuerdo de Paz es una nueva zonificación ambiental que renueve el inventario de la biodiversidad colombiana, y que por consiguiente lleve planes de manejo ambiental a los ecosistemas, “esto no ha impedido que la deforestación golpee estas zonas, donde progresivamente aparecen parches de potreros en medio del bosque que, con el paso de las semanas, son ocupados por ganado o cultivos legales e ilegales ‘sin dueño’”.

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