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Decreto 770: una solución temporal para los trabajadores, que excluye a los informales

Partiendo de este Decreto, es claro que no se plantea una reforma laboral de largo plazo, sino que se limita solo al estado de emergencia decretado por el Gobierno, y cualquier reforma que modifique el Código Sustantivo del Trabajo (CST) tendrá que ser adoptada en el Congreso de la República.
 

Se observa además en estas medidas transitorias, un enfoque en el trabajo formal, regulado por contratos de trabajo y donde existe afiliación a la seguridad social. Luego, la cobertura es restrictiva para un país en el que cerca del 50 % de la población que trabaja es informal y este sector sigue sin ser visibilizado. Por ello, los auxilios previstos en el decreto han de verse en la dimensión que tienen: restringidos, ya que van dirigidos al trabajo formal, y en ese escenario se limitan aún más para el sector informal, por los requisitos exigidos.
 

Puedes leer: Reducción de salarios y modificación de primas: estrategia para una reforma laboral que precariza
 

Los principales cambios para los trabajadores


Los efectos del Decreto 770 de 2020 frente a los trabajadores se pueden clasificar en medidas que:

(i) Reducen o tornan frágiles algunos beneficios:

  1. La reducción en el periodo de protección del mecanismo de apoyo al trabajador que queda cesante, pues la cotización a la seguridad social que asume el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo de Protección al Cesante (Fosfec) se reduce de 6 a 3 meses. El Decreto sustenta esta reducción en la escasez de recursos y en la necesidad de ampliar la cobertura de protección (reduciendo su alcance o profundidad).
  2. La posibilidad de que tanto la prima de servicios de junio como el trabajo en tiempo extra y los recargos dominicales o festivos se puedan pagar hasta el 20 de diciembre, en una o varias cuotas.

(ii) Generan alternativas de jornada laboral con el propósito de reducir la posibilidad de contagio de la COVID-19.

(iii) Establecen el pago de auxilios o apoyos específicos como el auxilio a los trabajadores en suspensión contractual y el apoyo pecuniario a las empresas dirigido al pago de la prima de junio.
 

Medidas alternativas con respecto a la jornada de trabajo


En el Decreto se establecen dos medidas alternativas a las legales establecidas –en los literales c y d del artículo 161 del CST– que son excepcionales, durante la emergencia sanitaria y de mutuo acuerdo entre el trabajador y empleador.


La primera está referida a los turnos de trabajo sucesivo, para que la empresa pueda operar de forma permanente durante todos los días de la semana. El turno contemplado en el CST es de máximo 6 horas al día y 36 a la semana, mientras la medida alternativa contempla un máximo de 8 horas al día y 36 horas a la semana.

La segunda medida alternativa es la de establecer jornadas de trabajo durante la emergencia sanitaria: la jornada ordinaria semanal de 48 horas se podrá distribuir en 4 días a la semana, con una jornada máxima de 12 horas al día, y 3 días que no se trabajaría. Entonces, se incrementa el máximo de horas laborales diarias contemplado en el CST: 10-12 horas en la medida alternativa, pero igualmente habría 3 días sin trabajar, entre los cuales está el día de descanso semanal obligatorio. Se debe entender que, en caso de que se trabaje en festivos o después de las 9:00 p. m. se deben pagar los respectivos recargos (los que el Decreto contempla se pueden pagar diferidos).
 

Según el Decreto, estas alternativas buscan prevenir la circulación masiva en los medios de transporte, la aglomeración en los centros de trabajo y contener la propagación del nuevo coronavirus.


Además es necesario considerar que, en la gestión del riesgo, los científicos ofrecen la información objetiva sobre el tratamiento de los factores de riesgo de la enfermedad, en este caso de la COVID-19, y quienes asumen las políticas públicas definen los cursos de acción. En tal sentido, se espera que cualquier medida adoptada por el Gobierno, dirigida a reactivar la actividad productiva, debe estar dentro de los criterios y recomendaciones técnicas y científicas para mitigar de manera óptima el riesgo de contagio, pues la principal obligación es la de preservar la salud de los ciudadanos.
 

Solo en ese supuesto, si estos turnos y jornadas logran una menor concentración de personas en un mismo tiempo, se podría reducir el riesgo de contagio frente a un escenario de turnos y jornadas normales.
 

También se destaca que en la práctica se deben respetar los días en que no se debe trabajar, y habría que considerar a los trabajadores con excepcionales responsabilidades de cuidado de niños, adultos mayores, personas con enfermedades o discapacidad, quienes, dada la necesidad de mutuo acuerdo, podrían preferir la jornada normal. Así mismo, es absolutamente necesaria la garantía, por parte del empleador y de la ARL, de las medidas de salud y seguridad en el trabajo dirigidas a evitar el contagio de la COVID-19.
 

¿Cómo funcionará el pago de horas extras, nocturnas y en festivos?


El artículo 5 del Decreto solo hace referencia a la posibilidad de pagar diferidos –hasta el 20 de diciembre de 2020– los recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo, cuando se asuma la jornada laboral de 48 horas en 4 días. Esto se establece para asegurar que los empleadores tengan un flujo de caja, y siempre que exista mutuo acuerdo entre trabajador y empleador. Por tanto, se considera que en ningún otro caso procederá ese pago diferido, y se deben seguir pagando horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos, normalmente.
 

Esta medida modifica –temporalmente y en virtud de la pandemia– la obligación del empleador de pagar los salarios causados de forma periódica y plazos máximos de 1 mes, como lo señalan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
 

Pagos de la prima de servicios


De común acuerdo con el trabajador, el empleador podrá trasladar el primer pago de la prima de servicios (que se realiza en junio) máximo hasta el 20 de diciembre de 2020 y hasta en 3 pagos concertados.
 

Esta medida busca permitir mayor flujo de caja a las empresas, aunque representa una reducción de la capacidad económica de los trabajadores, de la expectativa de recursos que les permite planificar gastos y adquirir obligaciones, y del derecho a recibir de forma puntual sus acreencias laborales, demora frente a la que el Decreto no prevé ninguna compensación.
 

De otra parte, el Decreto 770/20 establece el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que otorgará a las empresas que cumplan los requisitos allí establecidos, un único aporte estatal para subsidiar el primer pago de la prima de servicios.
 

Auxilio adicional


Con el Decreto se crea el “Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual” que entregará transferencias monetarias en favor de los trabajadores dependientes de los postulantes del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que devenguen hasta 4 smlv, se les haya suspendido su contrato laboral o se encuentren en licencia no remunerada, y no estén cubiertos por los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA), o del Programa de Ingreso Solidario.


Puedes ver: ¿En qué consiste el programa de apoyo al empleo formal?.
 

Estas transferencias se harán con cargo al FOME, para lo cual se podrá utilizar el recaudo del impuesto solidario por COVID-19 establecido en el Decreto Legislativo 568 de 2020.
 

Dicho auxilio tiene una cobertura muy concreta, por cuanto los trabajadores beneficiarios deben pertenecer a una empresa que participe en el PAEF y no estar comprendidos en los programas sociales del Estado referidos. De otra parte, llama la atención que los recursos provistos por los trabajadores del sector público y los pensionados que reciben un salario o mesada pensional igual o superior a 10 smlv son los que financian los auxilios por suspensión contractual, a través del impuesto solidario por COVID-19.
 

Cabe recordar que el impuesto tributario ha generado múltiples cuestionamientos respecto a su constitucionalidad, por lo que dicha norma se encuentra en estudio de la Corte Constitucional. Es decir, el auxilio expresa un apoyo de los trabajadores para los trabajadores, lo cual resulta contradictorio con una supuesta coadyuvancia estatal y mucho menos, de recursos del capital o de sectores que concentran riqueza. En caso de que el impuesto solidario sea declarado inconstitucional (dado que los argumentos jurídicos para esta posible decisión son prominentes), se corre el riesgo de que dichos auxilios terminen siendo asumidos, por ejemplo, vía tributos, lo cual refuerza la posibilidad de que el auxilio resulte una falacia.
 

Esta transferencia, por valor de 160.000 pesos colombianos, se podrá otorgar hasta por tres meses para quienes, en los meses de abril, mayo o junio de 2020 se les haya suspendido su contrato laboral o se encuentren en licencia no remunerada.
 

Puedes ver: Teletrabajo vs. trabajo en casa.
 

Finalmente, en el caso del teletrabajo, las medidas alternativas respecto a turnos y jornadas de trabajo están dirigidas a evitar la concentración de personas en los sitios de trabajo y en el transporte público, por lo cual no serán aplicables a los teletrabajadores o a quienes trabajan en casa, máxime si, por ejemplo, un empleador pretendiera cambiar la jornada a efectos de poder diferir pagos de trabajo nocturno y festivo.
 

En el Decreto, los acuerdos para el pago de la prima de junio hasta el 20 de diciembre, tienen previsto un ámbito de aplicación en el sector privado, y no hace diferenciación entre trabajadores presenciales y teletrabajadores o trabajadores en casa.

 


1 En este decreto “se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa para el primer pago de la prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) y se crea el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020”.

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