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Decomisar drogas para proteger a los niños no es lo que más contribuye a su defensa

Para el Gobierno nacional el decreto presidencial que permite incautar y destruir drogas ilícitas en el espacio público es una medida orientada a disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en niños, y adolescentes (NA), en virtud de actividades de prevención que se pueden incluir dentro del Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención del Consumo de Drogas, 2014 -2021.

Dicho decreto ha generado controversia entre sus impulsores y sus detractores. Los primeros han destacado la prioridad de proteger a NA del consumo de las drogas desde la perspectiva de la salud pública, de combatir el microtráfico por medio del desmonte de la teoría del aprovisionamiento y de la necesidad de mejorar la seguridad.

A su vez, el incremento documentado en las cifras oficiales sobre la producción de hoja de coca, los compromisos transnacionales para combatir la producción de drogas ilícitas, y el argumento de que la medida solo reglamenta lo establecido en el Código de Policía, han sido usados dentro del razonamiento de los promotores.

Por su parte los detractores de la medida han planteado tanto la inconstitucionalidad del decreto como su carencia de efectividad. Además han cuestionado la medida como una regresión en la garantía de los derechos fundamentales como la libertad, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, y la recreación, por la equivalencia que se ha hecho del usador de drogas para diversión, espaciamiento, experimentación o simplemente para socializar, con el drogodependiente o el criminal.

Los medios de comunicación han ilustrado ampliamente el péndulo argumentativo y de los intereses políticos y simbólicos conexos al decreto. Por un lado, esto se ha hecho tangible principalmente en las cifras de decomisos y detenciones realizadas diariamente en las calles, y por el otro, con el entendimiento que se ha hecho de las requisas por parte de algunos ciudadanos como una afrenta a la dignidad humana, en virtud de la aparente selección con base en el estigma de los receptores de la medida.

Los derechos de niños y adolescentes

Existen algunas causas que socialmente generan amplios consensos; unas de las más importantes son las que promueven el bienestar, la protección y la garantía de los derechos de NA. Tanto es así, que 196 Estados han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ello el decomiso de drogas ilícitas en defensa de los niños se ha presentado como una tesis muy sólida en respaldo al decreto. Sin embargo es pertinente reflexionar sobre dicha premisa.

Desde las disciplinas de la pediatría y la medicina del adolescente el uso abusivo y dependiente de sustancias psicoactivas (SPA) por parte de NA se entiende y aborda como un epifenómeno humano y social complejo, condicionado y desencadenado por múltiples dinámicas, más que una psicopatología específica denominada por la salud mental como drogodependencia. En otras palabras, la disponibilidad de drogas ilícitas en los espacios públicos o cercanos a NA es solo uno entre muchos otros factores de riesgo que pueden favorecer el consumo problemático de SPA.

La evidencia científica producida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades(CDC) de Estados Unidos ha probado sistemáticamente que la victimización contra NA, es decir el maltrato infantil, está directamente relacionado con el incremento en la probabilidad de consumo abusivo y dependiente.

Dicha tasa de probabilidad aumenta exponencialmente con el número de victimizaciones a las cuales son sometidos NA. Entre las más relevantes se incluyen: negligencia física y emocional, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, violencia de pareja entre los progenitores, madre sola o separación de los padres, presencia en casa de un cuidador primario (usualmente alguno de los progenitores) con enfermedad mental, consumo problemático de SPA, vinculación a la delincuencia, pobreza extrema y vecindarios peligrosos o matoneo en el colegio.

El multitrauma, principal causa del consumo

La exposición a cuatro o más de las anteriores experiencias traumáticas en la niñez es fuertemente predictiva de alteraciones relevantes en el desarrollo y la salud como el consumo problemático de SPA.

Por el contrario, la presencia de vínculos emocionales seguros, amorosos, predecibles y constantes con sus cuidadores primarios, además de una buena red de soporte emocional y social forman parte de los factores de protección más importantes para muchos riesgos durante la niñez y la adolescencia, incluido el consumo de SPA.

En contraste con la contundente prueba científica de la alteración biológica que produce el multitrauma como una condición claramente asociada con el consumo abusivo y dependiente de SPA, la cuantificación real de la disminución de la disponibilidad de psicoactivos ilícitos –aunque es muy deseable y probablemente sea un factor de protección dentro de la génesis de esta problemática– está por determinarse.

Con la intención de evitar interpretaciones erróneas de lo anterior, se señala que desde, una postura preventiva, está altamente indicado posponer el contacto con cualquier SPA durante la niñez o la adolescencia, por eso toda la sociedad se debería comprometer en garantizar que ningún niño pruebe el alcohol o cualquier otra droga antes de los 18 años.

Dicho sea de paso, según el Reporte de Drogas de Colombia 2016, el 20 % de los estudiantes entre 11 y 12 años ha consumido alcohol en el último año, un 43 % entre los 13 y 15, y un 58 % entre los 16 y 18 años. La cifras de consumo de cualquier sustancia ilícita en población de 12 a 65 años durante el último año se presenta en un rango entre el 2,6 y el 3,6 %.

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