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“Debate por la educación debe incluir la primaria y la secundaria”: Ricardo Mosquera Mesa, exrector de la UN

Según el diagnóstico de quienes elaboraron la Ley 30 de 1992, en los años ochenta e inicio de los noventa el panorama de todos los niveles de educación del país era dramático: la población iletrada mayor de 10 años alcanzaba el 23,4 % en las zonas rurales y el 7,6 % en las urbanas; el incremento anual de la matrícula en primaria y secundaria no sobrepasaba el 1 % y solo 16 de cada 100 niños asistía a la escuela.

Además la pirámide de ascenso educativo evidenciaba el severo filtro que debía sortear una persona para llegar a la educación superior y graduarse; de hecho para ese periodo solo el 8,8 % de los colombianos llegaba al pregrado. El panorama era más desolador en el ámbito del posgrado: en 1989, de los 9.904 alumnos de este nivel, el 56 % correspondía a especializaciones, el 44 % a maestrías y solo había 15 estudiantes de doctorado.

El profesor Ricardo Mosquera Mesa, exrector de la UN y quien fuera ponente de la Ley 30, asegura que aunque en las décadas posteriores los indicadores mejoraron, la pirámide continúa hoy bastante rígida en su cúspide, pues pocos reciben un título profesional, técnico o tecnológico. Ello a pesar de haberse superado el debate sobre la necesidad de esta formación, entre quienes la veían como nueva fuerza de trabajo para incrementar la plusvalía de los patronos y quienes la percibían como el retraso en el desarrollo industrial del país que no la demandaba. Además no han dejado de existir la mala calidad ni la inequidad, por lo que  el académico considera que en la actual coyuntura, en la que se reclama una mayor financiación, es imperativo que a la discusión se agregue la revisión del sistema en su conjunto.

“Es indiscutible que el problema de la educación en el país se debe abordar no solo desde la perspectiva financiera sino también desde una planeación seria y de largo plazo, que tenga en cuenta los nuevos desafíos que plantea la Cuarta Revolución Industrial en materia de nuevas pedagogías, que tengan en cuenta la era digital y la innovación, y un indispensable análisis de la eficiencia del sistema”.

Enfatiza en que “es egoísta reclamar un cambio en la educación superior pública del país sin tener en cuenta lo que está pasando en las etapas previas de formación”, y recuerda que aunque en los años sesenta y setenta la expansión de la cobertura en Colombia fue una de las más altas de América Latina y se contaba con suficientes recursos económicos, no se hizo un debate profundo alrededor de varios aspectos, como por ejemplo en que invertir en educación era pensar en las necesidades estratégicas de la nación y no en un gasto, según se argumentaba en ese tiempo. Tampoco se contempló el incipiente proceso de globalización y que la baja competitividad en el desarrollo económico nos mantenía aislados de los mercados del trabajo, y mucho menos la necesidad de aprender a planear a mediano o largo plazo, algo que apenas se insinuaba.

Por eso agrega que durante la década de los años ochenta todo el sector estaba en crisis, con regiones en las que familias completas eran iletradas por falta de cupos y de escuelas; de hecho, según estudios realizados en la época de la Ley 30, en algunos municipios la tasa de analfabetismo de la población rural era de hasta el 73 %. Además la calidad era una de las peores del mundo.

Lo anterior se reflejaba directamente en el desempeño de la educación superior del país, pues en esa década un considerable número de departamentos no tenía instituciones universitarias (Cesar, Córdoba o Sucre) y en otras apenas se consolidaban las llamadas “universidades”, que solo hacían docencia con una escasa nómina de profesores, lo que evidenciaba la marcada desigualdad de acceso y heterogénea oferta educativa en educación superior.

Problema de la educación no es solo financiero, también es de planeación

El exrector de la UN explica que la Ley 30 abordó de manera detallada esas realidades y propuso cambios estructurales para acabar con la anarquía que imperaba. Uno de sus resultados fue la creación del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) para despolitizar el sector y así poder abordar temas como la autonomía universitaria y la financiación, con expertos de las mismas instituciones.

En su opinión, “en estos momentos hay un ataque frontal a la Ley, pero sin mayor análisis de los debates que esta abrió a inicios de los noventa y que siguen vigentes, acompañado de un cierto nivel de oportunismo de los ‘expertos de última hora’, que pontifican sobre lo divino y lo humano, pero muy ausentes de un proceso autocrítico”.

Así mismo, amplía: “hoy no hay un debate sólido, desde ningún ámbito, sobre la falta de articulación del sistema educativo nacional y su conexión con el desarrollo del país ni una visión clara hacia dónde vamos, desde el preescolar hasta la etapa doctoral. Por eso es indiscutible que el problema se debe abordar no solo desde la perspectiva financiera sino también desde una planeación seria y de largo plazo, que tenga en cuenta los nuevos desafíos que plantea la Cuarta Revolución Industrial en materia de nuevas pedagogías, que tengan en cuenta la era digital y la innovación, y un indispensable análisis de la eficiencia del sistema. Me refiero a la capacidad que tienen las IES de retener y graduar a sus alumnos en los tiempos programados, y cómo utilizan sus recursos de infraestructura y su planta docente. Considero que se arremete contra el régimen financiero de la Ley (artículos 86 y 87) desde una mala interpretación, porque en ninguna parte se ponen techos al aumento de la financiación”.

Por el contrario, enfatiza en que la Ley es precisa en señalar que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.

Al respecto expresa que “el problema es que los gobiernos de turno impusieron una interpretación de la Ley sin que hubiera mayor resistencia del conjunto de las instituciones de educación superior pública; por eso se llegó al problema estructural de hoy. Lo que se debe exigir es una real voluntad y decisión política del Gobierno que, bien es cierto, exige argumentación racional y entender el proceso no con actos de fuerza como los llamados ‘paros de estudiantes’, que van contra los intereses de la población estudiantil y de la sociedad, que asume el costo social y académico”.

En definitiva, el experto concluye que este momento coyuntural debería ser aprovechado para reclamar y proponer una adecuada regulación del sistema, replantear cómo se administra la universidad pública, definir el papel de las instituciones técnicas y tecnológicas, y además concretar estrategias que cierren la inequidad de acceso a una educación de calidad, temas que siguen pendientes desde la puesta en marcha de la Ley 30, hace más de 25 años.

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