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Cuatro claves del PND que dan contenido a la seguridad social en Colombia

Primera clave: Modelo de desarrollo centrado en el extractivismo con un alto costo ambiental y poblacional

El nuevo PND “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” profundiza un enfoque de desarrollo en la línea del extractivismo (incluye lo minero energético y lo agroindustrial) como base del crecimiento económico, en contravía de los acuerdos internacionales suscritos por el país sobre cambio climático. Así, contiene un número importante de artículos relacionados con minas, petróleo y energía eléctrica, que en el fondo son normas que atienden el día a día del sector y no aspectos claves de la política minero-energética, ni refleja la visión de un país en el que la autonomía territorial, la defensa del ambiente sano y los derechos de la ciudadanía son aspectos claves en la agenda nacional.

Segunda clave: mayor tributación para la deuda externa y menos política social, lo que significa postergar las posibilidades de construcción de equidad

En el PND no existe un compromiso de alcanzar equidad, pues esto implicaría plantear políticas redistributivas. Preocupa el objetivo central del PND en materia de finanzas públicas, dirigido a acatar la regla fiscal que consiste, básicamente, en focalizar el gasto público, que no es otra cosa que disminuir los esfuerzos financieros para la política social. La eficacia del gasto público con la modernización del Estado no tuvo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Gasto, la cual mencionaba serios problemas en las carteras de Defensa, Educación y Justicia. Contrario a un enfoque de equidad con perspectiva universal, el Plan se sustenta en la creencia del aumento de la clase media sin tener en cuenta que las cifras del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) muestran un incremento de la población vulnerable del 33 hacia el 40 %.

El PND, que tendría que ser el Plan Cuatrienal de Implementación del Acuerdo Final de Paz, evidencia la inexistencia de recursos en el artículo 4°, dejando clara la desidia y el desconocimiento estructural de este.

Lo anterior se complementará con la reforma tributaria de 2019, que –lejos de permitir mayores recursos para el Estado– abrió un vacío superior al 0,5 % del PIB, por cuanto amplió las exenciones tributarias. Por esta razón, para garantizar la sostenibilidad fiscal de mediano plazo e impulsar el crecimiento económico, el Gobierno impulsará una nueva reforma tributaria para reducir la carga impositiva de las empresas, con el pretexto de incentivar la inversión, el empleo y la competitividad empresarial. Al mismo tiempo, los artículos 106 y 148 del Plan son una “pequeña reforma tributaria” de facto, ya que el primero deduce del ingreso gravable a los inversionistas que hagan uso de energía con fuentes no convencionales al 50 % de la inversión durante 15 años, y el segundo modifica la estructura del impuesto al consumo de licor, que es una renta propia de los departamentos.

Tercera clave: los compromisos con el Acuerdo Final de Paz sin financiamiento adecuado

El PND, que tendría que ser el Plan Cuatrienal de Implementación del Acuerdo Final de Paz, evidencia la inexistencia de recursos en el artículo 4°, dejando clara la desidia y el desconocimiento estructural de este. En el Plan las inversiones para la paz ascienden a 37,08 billones de pesos, apenas el 3,38 % de los 1.096,1 billones de esta hoja de ruta.

De los 37,08 billones existentes en el Plan Plurianual de Inversiones para la paz (PPI-paz), 24,9 billones (67,3 % de los recursos) corresponden a la Reforma Rural, cuando lo estipulado en esta materia del total de inversiones es del 85,4 %.

Por lo menos 13 de los 17,8 billones de pesos para educación, salud y agua potable tienen como fuente de financiación el Sistema General de Participaciones (SGP), por lo que estos ya tendrían destinaciones específicas que no significan nuevas inversiones. Así se deja la implementación del Acuerdo para los próximos cuatro años con apenas 24 billones de pesos, lo que equivale al 46 % del pago por servicio de la deuda pública en un año, o el 72 % de los gastos en seguridad y defensa en 2019.

Además el PND no es claro en diferenciar los recursos que serán necesarios para sacar adelante la reforma a la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno” y la adecuación de toda la política de víctimas según el Acuerdo de Paz. De hecho, en materia de reparación se desconoce por completo el déficit de más de 120 billones de pesos que ha señalado la Comisión de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas.

Cuarta clave: criminalización de la protesta social

El “Pacto por la legalidad” concentra el 11,5 % de las inversiones del PND. En lo que respecta a los territorios, dicho pacto pretende imponer el control territorial según la lógica de las zonas estratégicas de intervención integral (ZEII) –copia de las zonas de consolidación durante el gobierno de Álvaro Uribe–, direccionándose hacia el control social territorial de municipios con altos niveles de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional. El binomio control territorial vía intervenciones cívico-militares y fomento del crecimiento económico parten de una perspectiva según la cual la movilización social se convierte en obstáculo para el desarrollo de economías extractivas relacionadas con la producción minera y de hidrocarburos.

Los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) del Acuerdo Final de Paz –que tenían como propósito fomentar el desarrollo y la superación de la pobreza de los territorios más vulnerables– se encaminan ahora hacia una lógica (en el marco de las ZEII) de consolidación de la seguridad y del control social de los territorios.

Entonces, ¿cómo quedan las protecciones sociales?

El panorama muestra una profundización en la precarización laboral y recorte de derechos de los trabajadores, por cuanto se propone crear 1,6 millones de nuevos empleos mediante la promoción de emprendimientos sin garantía de generación de ingresos suficientes, y mucho menos acceso al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), vulnerando el derecho tanto a la salud como a la seguridad en el trabajo.

El artículo 113 del PND crea el “piso mínimo de protección social” especialmente para trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo, promoviendo de facto la precarización de las condiciones laborales. Al mismo tiempo se desmontan las garantías mínimas del SGSS proponiendo que estos accedan a salud subsidiada y a los beneficios económicos periódicos (BEPS). Al mismo tiempo, el artículo 140 propone que los trabajadores independientes por cuenta propia que ganen más de un salario mínimo coticen sobre la base del 55 % de sus ingresos.

La flexibilidad laboral se maquilla mediante una falsa estrategia de formalidad laboral asociada con el establecimiento de “elementos técnicos para un ajuste del salario mínimo […] y [la] flexibilización de los esquemas de vinculación, afiliación y cotización a los sistemas de seguridad social, teniendo en cuenta las condiciones e ingresos de la población; y el uso de la unidad de valor tributario (UVT) como mecanismo de incremento de los cobros, costos estatales y sanciones, en vez del crecimiento del salario mínimo”, como se lee en el documento.

Lo anterior implica la introducción de un concepto flexible de “formalidad laboral” en la perspectiva de materializar a futuro la idea de salarios mínimos diferenciados según la conveniencia de los empleadores de las diferentes regiones del país, cambiando la fórmula de cálculo del salario mínimo, anclándola a las UVT.

El artículo 113 del PND crea el “piso mínimo de protección social” especialmente para trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo, promoviendo de facto la precarización de las condiciones laborales.

Prevalece la falta de direccionamiento de los recursos existentes (incluyendo los de las regalías) a los problemas prioritarios de infraestructura con impacto nacional y de educación básica de calidad.

Al final el resultado es de un profundo sinsabor frente a lo que se puede esperar en el futuro próximo en términos de la visión de país que se pretende proyectar para el próximo cuatrienio, ya que lo aprobado, lejos de fomentar la equidad, se estructura sobre una lógica en la que la organización de las finanzas públicas privilegian el cumplimiento de la regla fiscal para el pago de rentas al sistema financiero en un contexto de focalización del gasto público, promoción de reformas tributarias regresivas y recorte de derechos sociales y laborales, además de desfinanciación del Acuerdo de Paz.

En términos de producción se pretende incentivar el mercado financiero y de capitales mediante la promoción de la inversión extranjera directa (IED) relacionada con los agronegocios, las actividades minero-energéticas y los servicios turísticos, al tiempo que se desarrolla una lógica de control de los territorios sustentada en el ejercicio de la fuerza bajo un esquema de seguridad ligado a la represión social.

Así, el PND no traza un camino de desarrollo sostenible ni apunta a resolver problemas estructurales como la inequidad, el centralismo, la violencia, la falta de oportunidades, la ilegalidad o la informalidad y la ausencia de protecciones sociales para gran parte de la población. Todo lo anterior nos plantea que la receta de Duque para los próximos cuatro años hará de Colombia un país más desigual e insostenible en el largo plazo.

 

* La profesora Molina es integrante del Comité Organizador del VIII Foro Social Mundial Salud y Seguridad Social que se realizará en la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá del 26 al 28 de junio del presente año.

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