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    Crimen organizado transnacional: la conexión Colombia-México

Sí resulta preocupante por su dinámica creciente y sirve para (re)conocer las dinámicas por las que se mueve el floreciente crimen organizado transnacional. El incremento de los montos del comercio internacional, la proliferación de mecanismos de transacciones financieras a través de medios digitales, y la mejora exponencial de los medios de transporte y comunicación han favorecido la proliferación de vínculos y la presencia de organizaciones internacionales de delincuencia organizada en Colombia. Es el reverso tenebroso del desarrollo nacional y la inserción plena en la economía global.

A comienzos de los años noventa los carteles colombianos controlaban todas las fases del negocio del narcotráfico y eran capaces de poner cocaína en el mercado minorista de las grandes ciudades estadounidenses y europeas, mediante redes de distribución local. Un cuarto de siglo después los grupos delincuenciales que heredaron sus prácticas están muy lejos de alcanzar semejantes objetivos, y su actuación quedó reducida a las primeras fases del comercio de ilícitos. La situación actual revierte la imagen de las décadas anteriores como un negativo: en lugar de tener una ostensible presencia en el exterior, son grupos externos los que se hacen presentes en Colombia.

A comienzos de los años noventa los carteles colombianos controlaban todas las fases del negocio del narcotráfico y eran capaces de poner cocaína en el mercado minorista de las grandes ciudades estadounidenses y europeas.

La presencia de organizaciones criminales transnacionales extranjeras en territorio colombiano fue negada durante mucho tiempo por las autoridades. Las razones eran de peso: no solo había ya suficiente preocupación con las organizaciones autóctonas, sino que los triunfos sobre ellas en los años noventa y dos mil se veían cuestionados si se reconocía que, como paradójico resultado de esos logros, se estaba produciendo un cambio de tendencia en la actividad transnacional de estos grupos.

Cuando a comienzos de 2013 fue apresado en Bogotá Pedro Zamora, alias “Junior”, un elemento destacado del cartel mexicano de Sinaloa, resultaba muy difícil seguir negando las evidencias. De hecho, en febrero de ese año el presidente Juan Manuel Santos pedía la investigación de la presencia de delegados de carteles mexicanos en Colombia.

Para entonces los informes de la DEA señalaban que el Cartel de Sinaloa tenía laboratorios de transformación en Nariño, franquiciaba la exportación de pasta desde los territorios controlados por las Farc y se hacía presente en Antioquia, Catatumbo y Córdoba, inicialmente de la mano del grupo armado ilegal Los Rastojos, y después de forma autónoma.

Estrategia para suplir las cuotas del mercado

Las razones para este cambio de dinámica –lo que tiene como consecuencia directa la reducción de los beneficios de los grupos colombianos en el negocio del narcotráfico– está vinculada no solo a la reducción de capacidad de los carteles colombianos, sino también a las prácticas de estos de multiplicar los aditivos para alcanzar las cuotas de entrega en una coyuntura de reducción de la producción.

En sus mejores tiempos, Joaquín Guzmán, “el Chapo”, llegó a mover más de 1,5 toneladas mensuales de coca, con un valor estimado de 3.000 millones de dólares al año. En su afán por controlar una cuota mayor de mercado frente a otros carteles mexicanos, garantizar un suministro sostenido y custodiar la calidad de la coca (lo que facilitaba el transporte y consolidaba las ganancias de la plusvalía del corte con añadidos), el Chapo comenzó a enviar miembros de su organización para establecer los costos oportunos en territorio colombiano, abriendo un proceso que el tiempo incrementó y que el proceso de paz ha multiplicado exponencialmente.

Las vinculaciones entre el Cartel de Sinaloa y la Oficina de Envigado han sido establecidas y se articulan como una alianza estratégica frente a la que han conformado Los Zetas con el Cartel del Golfo.

No sólo el Cartel de Sinaloa ha estado presente en territorio colombiano sino que, desde su escisión por el enfrentamiento con el Chapo, el clan Beltrán Leyva también llegó a trasladar coca por su propia cuenta desde los Andes hasta Texas. Pero en los últimos años otros grandes grupos de crimen organizado mexicano se han hecho presentes en Colombia extendiendo sus redes delincuenciales.

Las vinculaciones entre el Cartel de Sinaloa y la Oficina de Envigado han sido establecidas y se articulan como una alianza estratégica frente a la que han conformado Los Zetas con el Cartel del Golfo. En menor medida, otras organizaciones, como la Familia Michoacana, han utilizado grupos delincuenciales colombianos para adquirir la droga que trasladaban hacia el mercado norteamericano.

Pero no solo organizaciones delincuenciales mexicanas tienen presencia en Colombia. Procedente de otros países latinoamericanos se destacan los grandes “comandos” brasileños –Comando Vermelho, Primer Comando Capital (PCC), Tercer Comando y Amigos dos Amigos– que tienen una presencia creciente, dado el incremento de su poder en toda Suramérica, aunque en Colombia están más dedicados a la minería ilegal y al tráfico de oro. De igual forma, el Clan de los Soles, venezolano, se ha enriquecido sirviendo de plataforma exportadora de la cocaína producida en las selvas de Nariño o Putumayo hacia Europa. Exógenos a las Américas, grupos chinos (más dedicados al contrabando), rusos e italianos han hecho acto de presencia en las principales ciudades colombianas.

Las actividades de estos grupos se encuentran interrelacionadas entre sí, pero además tienen vínculos con empresas y bancos de la economía legal, además de dominar los sistemas electrónicos de transacciones financieras.

Las actividades de estos grupos se encuentran interrelacionadas entre sí, pero además tienen vínculos con empresas y bancos de la economía legal, además de dominar los sistemas electrónicos de transacciones financieras. La persecución policial y judicial de estas actividades resulta ahora sustancialmente más compleja, dilatada y lábil que la erradicación química de cultivos o incluso la persecución de frentes por las trochas de las sierras; pero también es menos sangrienta, por lo que llama mucho menos la atención. Sin embargo resulta igualmente dañina para la actividad económica formal, la seguridad ciudadana y la legitimidad de las instituciones.

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