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Corrupción en los programas presidenciales: el papel aguanta todo

La lucha contra la corrupción ameritaría ser la prioridad en cualquier programa de gobierno en Colombia. Aunque es cierto que existen otros problemas bastante acuciantes, no existen mayores probabilidades de éxito en resolverlos si no logramos ponerle freno a la corrupción. No hay modo de enfrentar el calentamiento global, de reducir la desigualdad ni frenar la inseguridad, si los actuales niveles de corrupción en el gobierno, en el Congreso, en la justicia, y también la sociedad, continúan.

 

Las propuestas de los candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta reflejan el descontento popular que generan las prácticas corruptas. A pesar de las grandes diferencias en su orientación programática –Rodolfo Hernández más inclinado hacia la generación de riqueza y Gustavo Petro hacia su redistribución–, ambos candidatos han dedicado a este problema buena parte de su atención. 

 

Antes de considerar las diferencias que hay entre los candidatos, conviene resaltar varias coincidencias en sus planteamientos programáticos. 

 

Hernández y Petro le apuestan fuertemente al uso de las tecnologías de la información para que la actividad del Estado torne a ser más transparente y ello facilite la demanda de rendición de cuentas. También están de acuerdo en el rol que deben jugar las veedurías ciudadanas, y otra coincidencia concierne a un mismo silencio acerca de la carrera administrativa. 

 

El candidato del movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción solo se ha referido a la carrera diplomática para quitarle interferencia a los políticos en las embajadas; el candidato del Pacto Histórico se limita a afirmar el principio meritocrático en la administración de justicia. Sin embargo, ninguno toca uno de los temas centrales del clientelismo y la corrupción: el sistema de despojo que todavía persiste entre nosotros.

 

El sistema de despojo (o del botín) fue el nombre que le dieron a comienzos del siglo XIX los políticos estadounidenses a la práctica de llenar los cargos públicos con sus seguidores, independientemente de su capacidad y probidad, luego de ganar las elecciones. Se trata de un fenómeno bastante común en todos los regímenes representativos basados en la competencia electoral, donde no ha surgido una coalición dispuesta a liberar la administración pública de los intercambios clientelistas. 

 

A juzgar por el silencio de sus programas, es mucho lo que Hernández y Petro prometen en la lucha contra la corrupción, y poco en realidad lo que estarían dispuestos a cumplir. Si los cargos públicos van a continuar siendo proveídos por la vía de órdenes de servicio, no mediante concursos, vayámonos preparando para la renovación de las clientelas y la corrupción, no para su superación.

 

Se imponen las generalidades

 

Entre los programas de los candidatos hay una gran diferencia en lo que respecta a la relación que cada uno tendría con las demás ramas del poder público. 

 

Si bien ambos coinciden en la importancia de despolitizar la justicia y los órganos de control, Hernández es bastante explícito en la estrategia populista de ejercer presión sobre la justicia para que rinda resultados en su lucha contra los corruptos. 

 

Su plataforma programática contiene varias propuestas como la de mantener la vigilancia sobre el cumplimiento de los términos judiciales para evitar que los corruptos se beneficien de la inoperancia de la justicia, y la de realizar un ejercicio de “magistratura moral”, un eufemismo que refiere el linchamiento mediático de los funcionarios que se vean involucrados en escándalos de corrupción. 

 

El sistema de despojo (o del botín) fue el nombre que le dieron a comienzos del siglo XIX los políticos estadounidenses a la práctica de llenar los cargos públicos con sus seguidores, independientemente de su capacidad y probidad, luego de ganar las elecciones.

 

También es explícito acerca de varios mecanismos con los cuales procuraría reducir la corrupción en la contratación estatal, área en la que muchísimos recursos públicos terminan desviados para provecho puramente particular. También propone “revisar la vida económica de los servidores y funcionarios del Estado”, lo cual podría dar lugar a muchos procesos de extinción de dominio de bienes habidos sin justa causa.

 

Petro recoge en su programa una propuesta –formulada hace ya tiempo– consistente en una legislación que proteja a los funcionarios que denuncien la corrupción de las entidades donde trabajan. 

 

Dicha protección para los informantes (en el ámbito anglosajón se les llama whistleblowers: los que hacen sonar el silbato de alerta) es sin duda un mecanismo que haría que los funcionarios de alto nivel, tentados por sobornos o negociados, se abstuvieran de violar la ley. Empero, las acciones de Petro y de su equipo de campaña no auguran lo mejor acerca del modo en el cual podría funcionar este mecanismo. 

 

Si el gobierno de Petro se empeñara en desprestigiar a los medios y a los informantes, como lo ha hecho durante la contienda electoral, los informantes carecerían de incentivos para revelar los entuertos de sus superiores. Con o sin una legislación al respecto, el tono beligerante que Hernández asumiría con los medios que lo critiquen hace prever en su caso un resultado similar.

 

La cruda realidad supera el papel

 

Al final del día, las diferencias que ambos candidatos tienen sobre el papel parecen desvanecerse frente a realidades bastante crudas. Hernández, el candidato que ha hecho de la lucha contra la corrupción su propia bandera, está él mismo acusado de corrupción. Una semana después de las elecciones tendrá que comparecer ante un juez por su posible participación en un negociado en el cual también está vinculado uno de sus hijos. 

 

Uno podría tratar este caso como una manifestación de la politización de la justicia, esto es, de instrumentalización de la acción penal para sacar del juego político a un competidor, un fenómeno del cual fue testigo el país en el caso de la persecución de la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación contra Sergio Fajardo. 

 

En el caso de Hernández las cosas son bien distintas: las pruebas que lo incriminan son contundentes. El candidato podría alegar insania y negar todo lo que hizo y dejó de hacer, pero eso lo inhabilitaría también para ser presidente.

 

Si los cargos públicos van a continuar siendo proveídos por la vía de órdenes de servicio, no mediante concursos, vayámonos preparando para la renovación de las clientelas y la corrupción, no para su superación.

 

Por su parte, Petro no se ha visto involucrado en un escándalo de corrupción de iguales proporciones, pero su conducta como candidato no hace sino generar una profunda aprehensión. 

 

Si la experiencia ajena es maestra, en su gobierno podrían tener lugar escándalos como los de Mensalão y Lavajato en Brasil, que pusieron de presente que el partido de gobierno no tuvo escrúpulos para echar mano de recursos públicos con el fin de mantenerse en el poder.

 

Petro, así como su círculo más cercano, pareciera encarnar tres cosas al mismo tiempo: el profundo deseo de cambio y justicia social de un gran número de colombianos; un temple político –no ideológico– radical, digno de jacobinos como Maximilien Robespierre y Louis Saint-Just, y una marcada vocación clientelista. 

 

Tales elementos combinados dan lugar a cambios de cara en el sistema, no a cambios en el sistema, y auguran el surgimiento de una Petro-burguesía, como la boliburguesía (acrónimo de las palabras bolivariano y burguesía) que se enriqueció a costa del Estado en Venezuela.

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