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Control de armas no pasa por flexibilizar el porte sino por el control del mercado ilegal

En diciembre de 2018 el presidente Iván Duque firmó el Decreto 2362 por el cual “se adoptan medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego”; en enero del presente año, mediante la Directiva 06, el Gobierno definió el proceso y los requisitos para solicitar permiso especial de porte de armas de fuego.

En una nueva entrega de Punto Crítico, programa de UN Televisión y el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (UN,) Néstor Rosania, experto en relaciones internacionales y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, explica que “tenencia” y “porte” implican dos conceptos y permisos diferentes.

La tenencia es la posibilidad que tiene cualquier colombiano de tener un arma; en este caso el permiso le permite al titular mantener el arma en el lugar declarado o sitio de trabajo o lugar que pretenda proteger.

El porte es la posibilidad de salir a la calle con el arma, y el permiso en este caso autoriza al titular a llevar un arma.

Para el experto, flexibilizar el porte de armas, tal y como lo permite el Estado desde enero del presente año, “poco influye en el desmantelamiento de organizaciones ilegales, pues estas no buscan armas legales sino que controlan el armamento ilegal, y además se encargan de distribuirlo por todo el territorio nacional”.

Con respecto al Decreto y a la Directiva, el profesor Andrés Nieto, de la Universidad Central, experto en seguridad e investigador del Observatorio de Seguridad de la Gobernación de Cundinamarca, señala que “si un Estado da permiso para flexibilizar el porte de armas está enviando el mensaje de que no está en capacidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

El investigador Nieto recuerda que hasta 2016 se estimaban 900.000 armas legales entre tenencia y porte, pero el problema real en Colombia es el mercado ilegal, el cual se calcula en más de 3 millones de ellas, muchas de las cuales son “hechizas”, es decir modificadas. “La Directiva del Gobierno se refiere a una regulación de armas, pero está dirigida a las personas que hacen el trámite de manera legal”.

Los expertos coinciden en señalar que el Decreto se centra en un aspecto que faltaba en el país: rigor en los requisitos para los permisos del porte. Sin embargo el tema de fondo es el control de las armas ilegales, un ámbito que el Estado no domina pues es débil en unidades operativas, investigación e inteligencia.

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