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Congreso “colgó” proyectos clave para explotación minera

En la legislatura que recién terminó quedaron relegados importantes proyectos de ley que buscaban un principio de concertación minera y de hidrocarburos entre las entidades nacionales y municipales para la autorización de actividades de exploración y explotación en los territorios, y que incluían la aprobación de las comunidades.

Se pretendía que estos proyectos, una vez concertados con los habitantes y entidades administrativas de las zonas, fueran incluidos en los planes de ordenamiento territorial (POT), instrumentos jurídicos que definen la organización del territorio.

Para la profesora Catalina Toro Pérez, de la Universidad Nacional de Colombia (UN), Ph. D. en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París y magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, “archivar estas iniciativas impide un debate verdaderamente democrático, ya que estas incluyen la participación, el control y la vigilancia de las comunidades que se pronuncian sobre los enormes riesgos e incertidumbres asociados con los impactos ambientales que se puedan provocar en sus territorios. Esto significa, ante todo, el fortalecimiento de un escenario autoritario que desconoce que la naturaleza tiene derechos, y arriesga el patrimonio cultural, natural y ambiental de nuestra sociedad con la imposición de megaproyectos extractivos”.

Solo entre 2013 y 2018 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó 1.217 licencias que autorizaban la explotación minera y de hidrocarburos en más de 290 municipios de 27 departamentos del territorio nacional.

Licencias ambientales

En el Congreso tampoco prosperó la creación de licencias ambientales para la exploración minera. Hoy solo se cuenta con una guía minero-ambiental sin obligaciones y deberes específicos para quien va a explorar. Según la Agencia Nacional Minera, “esta es una herramienta de consulta y orientación conceptual y metodológica para mejorar la gestión, el manejo y el desempeño minero-ambiental”.

Colombia es uno de los pocos países del mundo que no exige este tipo de licencias; incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización a la cual acaba de ingresar, le recomienda revisar el licenciamiento ambiental y la exploración minera, entre otros temas.

Esto significa, ante todo, el fortalecimiento de un escenario autoritario que desconoce que la naturaleza tiene derechos, y arriesga el patrimonio cultural, natural y ambiental de nuestra sociedad con la imposición de megaproyectos extractivos”.

El profesor Javier Toro Calderón, investigador del Instituto de Estudios Ambientales de la UN, explica que “el proceso de licenciamiento ambiental es una herramienta básica para tomar decisiones sobre proyectos que pueden generar deterioro ambiental en detrimento del bienestar y la salud de las comunidades. En este sentido, se debe exigir el cumplimiento de una serie requisitos de protección corrección, mitigación y compensación desde la etapa de exploración, teniendo en cuenta que es una actividad que, según la evidencia científica disponible, posee un ‘impacto ambiental potencial’ significativo”.

Estos proyectos de ley archivados buscaban defender el principio de participación de las comunidades y las entidades territoriales que señala el artículo 79 de la Constitución Política de 1991: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.

“No se pretendía negar las licencias ambientales, sino expedir una reglamentación que garantizara la participación de la ciudadanía en la protección de su patrimonio ambiental, representado en el cuidado de las cuencas hídricas” afirma el profesor Toro.

Consultas populares en riesgo

El año pasado seis municipios le dijeron no a la explotación minera y de hidrocarburos vía consulta popular: Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cajamarca (Tolima), Cumaral (Meta), Pijao (Quindío) y Jesús María (Santander), a los que se sumaron los que ya se habían opuesto en 2013: Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare).

Para la profesora Catalina Toro es importante articular el debate sobre el archivo de estos proyectos con la discusión que se viene desarrollando desde el 23 diciembre de 2014 con los polémicos “decretos navideños”, que les quitaban a los municipios la facultad de decidir si querían minería o no. La Corte Constitucional los derogó por considerarlos inconstitucionales, con lo que respaldaba la validez de las consultas populares y el derecho de los municipios de decidir sobre su desarrollo.

Sin embargo el pasado 23 de abril el Consejo de Estado emitió un fallo contra la consulta popular que se pretendía hacer en Une, Cundinamarca, sobre la ampliación de concesiones mineras. El alto tribunal señaló que los municipios no pueden prohibir esa actividad sin concertar previamente con las entidades nacionales.

Incluso los proyectos de ley archivados tienen un carácter conservador, porque lo que se debería plantear –de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible– es un modelo de transición energética hacia el posextractivismo.

Para la profesora de la UN, este fallo marcó un viraje en relación con las sentencias de la Corte Constitucional que habían soportado el principio de participación y de consulta en los años anteriores, “de hecho hay más de 10 consultas suspendidas porque en municipios como San Lorenzo (Nariño) o Córdoba (Quindío) el Ministerio de Hacienda manifestó que no iba a financiarlas más, y este es el encargado de girar los recursos de la nación para que la Registraduría disponga de ellos y los invierta en jornadas electorales”.

La decisión de esta cartera se contrapone al artículo 103 de la Constitución que dispone que la consulta popular es un mecanismo de participación del pueblo para que ejerza su soberanía, y que el Estado debe contribuir a su organización, promoción y capacitación. Hacienda argumenta que los recursos deben provenir de las alcaldías.

¿Alcaldía o Ministerio de Hacienda? Se espera que la Corte Constitucional dirima este conflicto jurisprudencial.

“En materia ambiental, el ordenamiento jurídico colombiano tiene avances pero también muchas falencias estructurales que impiden garantizar la defensa de la salud, el medioambiente, los ecosistemas y las culturas diversas asociadas con prácticas tradicionales de conservación de la naturaleza; tampoco actúa en términos de realizar acciones concretas para mitigar el cambio climático. Las últimas decisiones de las cortes evidencian un escenario en el cual el Estado ‘corporativo’ define y decide a nombre de las empresas los criterios de utilidad pública respecto de lo que se hace en el suelo y en el subsuelo”, concluye la profesora Toro Pérez.

Para los expertos consultados, incluso los proyectos de ley archivados tienen un carácter conservador, porque lo que se debería plantear –de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible– es un modelo de transición energética hacia el posextractivismo, una discusión sobre el modelo energético en un contexto real de cambio climático que ya evidencia la vulnerabilidad de la sociedad en términos de la desaparición de ecosistemas únicos en el mundo, además de las inundaciones, sequías, catástrofes y desplazamientos de poblaciones, muchas veces asociadas con los errores derivados de decisiones humanas.

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